Sur de la Florida

Legisladores de Miami-Dade presentan en Tallahassee propuesta de reformas a ley de condominios

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, sostiene una conferencia de prensa el viernes 3 de marzo de 2017 para anunciar un proyecto de reforma de las leyes estatales de condominios. Atrás, a la derecha, el legislador estatal René García.
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, sostiene una conferencia de prensa el viernes 3 de marzo de 2017 para anunciar un proyecto de reforma de las leyes estatales de condominios. Atrás, a la derecha, el legislador estatal René García. el Nuevo Herald

Tras décadas de lidiar con un sistema de regulaciones que, según expertos legales, “perpetúa la impunidad” y “facilita que se cometan fraudes y abusos”, los miles de propietarios de condominios de la Florida podrían por fin ver cambios sustanciales en las leyes estatales que regulan este tipo de viviendas.

La delegación de legisladores estatales de Miami-Dade presentó el viernes un plan de 21 reformas al llamado capítulo 718 de los estatutos de Florida. Con las reformas, los senadores y representantes buscan corregir vacíos en las leyes y establecer castigos penales por ciertas irregularidades en la administración de condos.

Las nuevas reglas incluirían clasificar como felonías de tercer grado, que conlleva encarcelamiento, ofensas que hoy en dia no tienen ninguna consecuencia judicial. Estas ofensas incluyen fraude electoral, como la falsificación de firmas para los comicios de juntas directivas, y la retención de documentos del condominio a los que los propietarios tienen derecho, con la intención de esconder delitos.

La propuesta de reforma llega a un año de que el Nuevo Herald y Univisión 23 publicaran Condos de Pesadilla, una investigación que reveló casos de fraude electoral, falsificación de firmas, conflictos de interés, presunta malversación de fondos y licitaciones fraudulentas en varios condominios del sur de Florida.


La serie periodística también expuso la falta de acción de las autoridades, desde las fuerzas del orden a nivel local, que se negaban a investigar los presuntos fraudes de las asociaciones de propietarios, hasta la aparente negligencia de la agencia estatal que regula los condominios.

“La importancia de esta reforma está en que todas estas ideas vinieron del pueblo y de todos los residentes que los legisladores hemos entrevistado”, dijo el representante estatal José Félix Díaz, presidente de la delegación de legisladores de Miami-Dade y quien presentó el proyecto de ley en la Cámara de Representantes. “Por primera vez se están incluyendo consecuencias como delitos graves para quienes están cometiendo fraude”.

Díaz agregó que “muchas de las ideas de criminalizar ciertas acciones de las juntas de las asociaciones y empresas administradoras, vinieron de la Policía condal y la Fiscalía estatal de Miami-Dade”.


El mes pasado, un jurado de instrucción de Miami-Dade emitió un reporte en el que criticó duramente a la agencia estatal que regula los condos, el Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales (DBPR) por su negligencia en la investigación de miles de denuncias de irregularidades.

En el informe el jurado hizo varias recomendaciones de cambios que fueron consideradas por los legisladores en la elaboración del proyecto de reforma.

El viernes, la fiscal estatal de Miami-Dade Katherine Fernández Rundle y los senadores René García y José Javier Rodríguez, anunciaron en una rueda de prensa la finalización de la propuesta de ley. En el anuncio también participaron el comisionado de Miami Francis Suárez, en representación de la Liga de Ciudades de Miami-Dade, que este preside, el comisionado condal Esteban Bovo y un grupo de residentes de condos.

Fernández Rundle dijo que su oficina “lidia a diario con quejas de dueños de condominios” que enfrentan problemas que van desde “cosas triviales que dificultan su diario vivir, hasta el uso indebido de millones de dólares”.

Sin embargo, y “sorprendentemente”, dijo la fiscal, “es entonces cuando los propietarios se dan cuenta que el estado de la Florida les ofrece pocas protecciones y garantías bajo la ley”.

Representantes de la fiscalía y de la policía insisten en que debido a la falta de penalidades en la ley, tienen las manos atadas a la hora de investigar y castigar casos de presunto fraude en condos.

De acuerdo con una copia del proyecto de reformas obtenida por el Nuevo Herald y Univisión 23, las nuevas leyes:

▪ Obligarían a las asociaciones a publicar los reportes financieros de los condominios. Si los documentos financieros o de administración no son facilitados a todos los propietarios siguiendo el debido proceso, los responsables de entregar los documentos enfrentarían castigos penales. Estos podrían ser desde un delito menor, hasta una felonía de tercer grado si se comprueba que los documentos fueron retenidos con la intención de ocultar un delito.


▪ Establecerían límites de términos (ocho años) para los miembros de las juntas directivas. “Cuántas veces no hemos oído que son las mismas personas que siguen de presidente, de vicepresidente y se van intercambiando [los puestos]”, explicó el senador García.

Los directivos podrían sobrepasar el límite de sus términos si obtienen una supermayoría de los votos de los dueños.

▪ Establecerían penalidades para contrarrestar el fraude electoral, que incluye la falsificación de firmas, castigos para quienes voten pretendiendo ser un propietario o desaparezcan boletas electorales.

▪ Aclararían la definición de conflictos de interés para prohibir que los miembros de las juntas directivas de las asociaciones obtengan contratos para servicios en sus condominios, u otorguen contratos a sus familiares. En la actualidad, los directivos pueden otorgarse contratos de mantenimiento y servicios, como limpieza, pintura y reparaciones, siempre que lo divulguen a los demás miembros de la junta directiva.

La serie Condos de Pesadilla, expuso el caso del condominio Los Portales III, en Hialeah, donde cuatro de los cinco directivos de una junta se habían adjudicado los contratos y la empresa administradora les había pagado por cheques por más de $100,000 por cinco años. Los pagos eran aprobados por los propios miembros de la junta sin el conocimiento de los demás propietarios.


Tras la investigación periodística, el Departamento de Policía de Miami-Dade designó detectives especializados en crímenes económicos, a investigar los fraudes de condominios. En el último año han realizado cinco arrestos por casos de robo y malversación de fondos.

“Cualquier cambio en la legislación que nos dé más poder para ayudar a las víctimas de estos casos de fraude, es bienvenido”, dijo Juan Pérez, jefe de la policía condal. “Es importante que otros departamentos de policía se unan a los esfuerzos del condado”.

El senador Rodríguez destacó que el proyecto de reformas es el resultado de una labor bipartidista y que la delegación de Miami-Dade espera recibir el apoyo de legisladores del centro y norte de la Florida.

El martes 7 de marzo, el comisionado de Miami-Dade Bruno Barreiro presentará una resolución en apoyo al proyecto de ley. Durante la reunión condal los propietarios de condominios podrán compartir sus testimonios.

Erika Carrillo es reportera de investigación de nuestro socio noticioso Univision 23.

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