Sur de la Florida

Defensores de asesino pasan una cuenta descomunal

La defensora Melodee Smith trabajó en la apelación del caso de Robert Henry.
La defensora Melodee Smith trabajó en la apelación del caso de Robert Henry. Archivo Miami Herald

Cuando el gobernador de la Florida ordenó la ejecución del asesino por partida doble de Broward, Robert Henry, en febrero, sus dos abogados defensores designados por el tribunal presentaron un montón de apelaciones en un intento sin éxito de evitar la pena de muerte.

Su factura inicial a los contribuyentes por poco más de un mes de trabajo: $101,100, incluyendo $390 por casi cuatro horas que necesitaron para revisar una orden judicial de apenas dos oraciones de largo.

La factura ha provocado una inusual batalla en el tribunal, en la que los abogados estatales pidieron a un juez de Broward que pague una cantidad de dinero significativamente menor a los abogados defensores Kevin Kulik y Melodee Smith por su trabajo en defensa de Henry. Los abogados facturaron cientos de horas de trabajo innecesarias, de acuerdo con la procuradoría general de la Florida.

“Estamos preocupados de que estas facturas no están adecuadamente documentadas”, dijo el vice procurador general Jason Vail dijo al juez al solicitar que el total pedido fuera disminuido en 60 por ciento.

El juez de circuito de Broward Peter Weinstein, quien expresó preocupaciones sobre las facturas pero admitió que los casos de pena de muerte son “diferentes”, tendrá que decidir ahora cuánto pagar a ambos abogados. No se ha fijado fecha para su fallo final.

Kulik, por su parte, dijo al juez en una audiencia llevada a cabo la semana pasada que él ya redujo la factura en más de $9,000, y que la factura original contenía algunos errores, incluyendo 3.9 horas facturadas por leer la orden de dos oraciones.

“No quiero ser visto como que estoy tratando de aprovecharme”, dijo Kulik, quien enfatizó que la tarifa de $100 por hora es mucho más baja de lo que muchos abogados cobran por trabajos de apelación similares.

La Florida ejecutó a Henry en marzo por los horripilantes asesinatos de Janet Cox Thermidor y Phyllis Harris en una fábrica de ropa de Deerfield Beach en 1987.

Henry amarró a Harris y la golpeó en la cabeza con un martillo, y luego apaleó a Thermidor. El empapó a ambas con un líquido inflamable, les prendió fuego y se fue.

Thermidor sobrevivió lo suficiente como para identificar a Henry como el asesino en una declaración grabada a la policía. El fue hallado culpable en el juicio. Henry fue hallado culpable en el juicio un año después.

Luego de años de apelaciones fracasadas, el gobernador de la Florida Rick Scott firmó la condena a muerte de Henry en marzo.

Kulik, quien en ese momento estaba representando a otro acusado de homicidio que enfrentaba la pena de muerte en Broward, fue designado por los tribunales conjuntamente con Smith para ocuparse de las apelaciones de último recurso.

El abogado pidió al Tribunal Supremo de la Florida salirse del caso de Henry, petición que fue rechazada por los magistrados.

Durante el curso de 34 días, Kulik y Smith presentaron más de una docena de diferentes peticiones en varios tribunales, todas las cuales acabaron siendo rechazadas. La esencia de su defensa: poner en tela de juicio el método de ejecución de la Florida por inyección letal, un tema que ha causado controversia en todo el país.

Kulik afirma que él trabajó “en esencia todos los días, de la mañana a la noche” durante ese período, revisando archivos, haciendo investigación legal y preparando a expertos.

En una entrevista, Kulik dijo que los errores de facturación se debieron a que su asistente paralegal, y luego la abogada que trabajó con él, prepararon los papeles iniciales. Dijo que él es “uno de los pocos abogados” en el lugar con la experiencia para ocuparse de apelaciones de pena de muerte, y que él cobra normalmente $500 por hora o más.

“Yo hice esto porque considero que es importante que las personas tengan representación legal”, dijo Kulik. “Yo perdí mucho dinero con este caso”.

Durante la audiencia de la semana pasada, Smith estuvo al borde del llanto recordando la ejecución de su cliente. “Es muy traumatizante para un abogado verse envuelto en este proceso”, dijo ella.

En otro caso sudfloridano, un juez de Miami-Dade otorgó la semana pasada un total de $58,440 a dos abogados por su representación del asesino infantil Juan Carlos Chávez en las semanas finales antes de su ejecución en febrero. El equipo de Andrea y Robert Norgard, quienes están casados, facturaron casi 600 horas de trabajo.

En el caso de Henry, los dos abogados facturaron casi 1,000 horas de trabajo en general. A diferencia de los honorarios legales solicitados en el caso de Chávez – los cuales no produjeron objeciones de la procuradoría general – la factura de Henry incluyó trabajo en una audiencia “probatoria” en los tribunales estatales con objeto de explorar el tema de la inyección letal.

La procuradoría general dijo que Kulik y Smith “trabajaron de más en el caso llevando a cabo casi seiscientas horas de trabajo innecesario” investigando asuntos legales fuera del marco de la apelación a la inyección letal.

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