Sur de la Florida

Colombiana víctima de tráfico humano logra escapar de sus abusadores, pero es arrestada por agentes de inmigración

Abogada Jennifer Hill explica la pesadilla judicial que vive una víctima de tráfico humano

Jennifer Hill, abogada de asuntos laborales que representa a Ana a través del bufete Advocacy Partners Team.
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Jennifer Hill, abogada de asuntos laborales que representa a Ana a través del bufete Advocacy Partners Team.

Por casi dos años, trabajó con una familia en Miami que le pagó $3 la hora, por jornadas de hasta 13 horas al día. En las noches tenía que dormir en el piso del apartamento de sus empleadores, en un lujoso barrio de la ciudad.

Sus jefes también le negaron acceso a atención médica, vigilaban sus comunicaciones y le advirtieron que si hablaba con otras personas sobre sus condiciones de trabajo, corría el riesgo de ser deportada a Colombia, de donde había llegado con una visa temporal patrocinada por la familia que la empleó.

Cuando por fin superó su miedo, una noche de finales de octubre del 2016 Ana (seudónimo) recogió sus documentos, dos mudas de ropa y se marchó. Denunció a sus empleadores y empezó a colaborar con las autoridades federales en una investigación, que eventualmente determinó que era víctima de abusos laborales.

Pero unos meses después de irse de la casa donde fue maltratada, agentes de Aduanas e Inmigración la arrestaron.

“Es la peor situación que me ha tocado vivir”, contó Ana en una breve entrevista telefónica desde Broward Transitional Center, un centro de detención de inmigrantes en Pompano Beach, donde permanece desde junio. El Nuevo Herald no está publicando su nombre real porque Ana teme represalias contra ella y sus dos hijos menores, que permanecen en Colombia. Ella está solicitando una visa de protección de víctimas pero su caso no está resuelto.


Para abogados y activistas, el caso de Ana resalta incongruencias en el gobierno federal. Por un lado el Departamento del Trabajo la considera como una víctima de tráfico humano que necesita ser protegida. Por otra parte ha permanecido meses detenida bajo la custodia de otra agencia federal —la policía de inmigración o ICE.

Es la peor situación que me ha tocado vivir

Ana

Desde su detención hace más de cuatro meses, abogados de organizaciones sin fines de lucro que representan a Ana han intentado que esta sea liberada mientras el Departamento de Trabajo investiga el caso. Pero un juez de inmigración se negó por meses a otorgarle fianza, argumentando que representaba un “riesgo de fuga” porque la policía de Miami estaba procesando una acusación por un supuesto robo—interpuesta por la misma familia que presuntamente la victimizó.

En agosto, el Departamento del Trabajo emitió un reporte obtenido por el Nuevo Herald que certifica que Ana fue sometida a una “forma severa de tráfico humano”.

Esta semana, mientras el Nuevo Herald reportaba esta historia, un juez de inmigración otorgó a Ana una fianza de $5,000. Pero ella permanece en el centro de detención ya que no tiene dinero para pagar la fianza, que debe ser saldada en su totalidad.


La decisión llega semanas después de que su abogado de inmigración, Mark Prada, presentara otra apelación informando que la Policía de Miami determinó que no hay “información disponible” para investigar la acusación de presunto robo. Ana niega enfáticamente la acusación.

Expertos en el tema opinaron que mantener encerrada a alguien que es considerada víctima de trata de personas es otra forma de victimización y no concuerda con las prácticas que las agencias federales deberían seguir.

“¡Es una locura!” dijo Jennifer Hill, abogada de asuntos laborales que representa a Ana a través del bufete Advocacy Partners Team. “Durante todo este proceso, que ha durado meses, cada una de las agencias involucradas fue informada de que [Ana] estaba cooperando con las autoridades como víctima de explotación”.

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Jennifer Hill, abogada de asuntos laborales que representa a Ana a través del bufete Advocacy Partners Team. C.M. GUERRERO cmguerrero@miamiherald.com

Tanto ICE como el Departamento del Trabajo declinaron comentar sobre detalles específicos del caso de Ana. Ambas agencias dijeron que los casos de víctimas de abuso y trata de personas son considerados importantes y se aseguran de que estas conozcan sus derechos. Un vocero del Departamento del Trabajo dijo que esa agencia refiere los casos de posible trata de personas a las autoridades apropiadas para procesarlos penalmente.

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia federal que detuvo a Ana, no respondió a pedidos de comentarios para este reportaje.

Cambio de política

La situación de Ana no es tan poco común.

“Lamentablemente, después de casi 20 años de que se aprobara la ley que protege a las víctimas de trata de personas, aún se ven estas situaciones en donde la víctima termina detenida”, dijo Ana Isabel Vallejo, abogada de VIDA Legal Asistance. “Aunque este tipo de situaciones ha disminuido con los años, muchas veces, mientras los casos se están descifrando, puede ser que la persona termine detenida por violaciones de la ley de inmigración antes de ser identificada como víctima”.


Miles de personas entran a Estados Unidos cada año con visas temporales como la de Ana (Visa B1 para trabajadoras domesticas y niñeras) patrocinadas por turistas o inversionistas. Su permanencia legal en el país está directamente relacionada a sus empleadores. Activistas argumentan que situaciones como la de Ana desalientan a presuntas víctimas de denunciar explotación o robo de salario.

Un reporte del 2015 del Polaris Project determinó que de 30,000 casos de trata de personas reportados mediante llamadas a una linea de asistencia entre el 2007 y el 2014, 18% se trataba de personas con visas temporales.

Jennifer Hill, abogada de asuntos laborales que representa a Ana a través del bufete Advocacy Partners Team.

Ahora activistas y abogados dijeron estar preocupados por un posible incremento de casos similares al de Ana, debido a las políticas de inmigración más estrictas de la administración Trump.

El gobierno de Obama instruyó a los agentes de inmigración a usar “discreción procesal” para evitar encerrar a inmigrantes indocumentados que hayan denunciado abuso o estén cooperando con las autoridades en un caso de trata de personas. Sin embargo, las nuevas directrices emitidas por el Departamento de Seguridad Interna bajo el gobierno del presidente Donald Trump no hacen referencias al tema.

“Es muy frustrante porque parece que vamos para atrás, después de todo el progreso que hemos logrado”, dijo Vallejo, la abogada. “Por un lado tenemos equipos y agentes de Seguridad Interna bien informados sobre como lidiar con víctimas. Pero si una víctima de trata logra escapar de sus abusadores, y estos ponen acusaciones falsas con la policía antes de que ella pueda contactar a las autoridades, entonces ella podría terminar arrestada y hasta deportada”.

Según las nuevas directrices, cualquier persona que esté en el país indocumentada es prioridad para la deportación, incluso si no ha sido acusada formalmente o declarada culpable de cometer un delito. Bajo la administración de Obama, agentes de inmigración podían decidir no arrestar a algunos indocumentados si no tenían un récord delictivo.

La acusación

Casi nueve meses después de dejar la vivienda de sus empleadores y buscar ayuda en el Centro de Trabajadores de Miami, Ana se enteró de que la gente que la trajo de Colombia la había acusado de robo. El caso ha permanecido “pendiente” por más de un año, sin que los querellantes presenten evidencia y sin que la policía entreviste a Ana. Las autoridades nunca han presentado cargos en su contra.

Esto fue lo que pasó, de acuerdo con el reporte del Departamento del Trabajo:

El 28 de octubre del 2016, un día después de que Ana se fuera, y luego de intentar convencerla de que volviera, sus antiguos empleadores llamaron a la policía y reportaron que ella se robó $1,200 el día que abandonó la vivienda.

El 30 de octubre, la antigua jefa de Ana le envió un mensaje de texto acusándola de “deslealtad”.

“Piensa en tus hijos en cualquier decisión que vayas a tomar. Ellos necesitan una madre que no cometa errores y que tome las mejores decisiones para el bienestar de ellos”, le dijo en el mensaje, según el reporte del Departamento del Trabajo.

[Ana] teme que [sus empleadores] tomen represalias contra ella y su familia en Colombia

Reporte del Departamento del Trabajo

“[Ana] teme que [sus empleadores] tomen represalias contra ella y su familia en Colombia”, agrega el reporte, que describe a los empleadores como personas influyentes y con dinero. El Nuevo Herald no contactó a las personas que emplearon a Ana ni está revelando sus identidades debido a la naturaleza del caso.

Unos días después de recibir el mensaje presuntamente amenazante, Ana puso la denuncia ante el Departamento del Trabajo. La agencia inició una investigación a principios de 2017.

No es raro que los empleadores contacten a las autoridades, alegando que sus trabajadores inmigrantes robaron o cometieron otros delitos.

De acuerdo con un reporte del New Orleans Workers Center for Racial Justice, las acusaciones sin fundamento o falsas son una forma común de represalia de las personas que contratan a trabajadores inmigrantes. Según el análisis, que examinó cientos de casos de denuncias de abusos, individuos o empresas “aprovechan las políticas de inmigración para ocultar sus propias actividades delictivas”, al tratar de “deportar la evidencia” de sus abusos.

En cautiverio

El reporte de la investigación describe una situación de cautiverio.

Inicialmente Ana tenía que usar el teléfono y la computadora de su jefa para comunicarse con su familia en Colombia. Sus conversaciones telefónicas y en Facebook fueron vigiladas. Cuando se quejó de problemas de salud, fue ignorada.

En una ocasión sus empleadores le dijeron que tomara analgésicos para tratar un fuerte dolor abdominal. Pero cuando una amiga del edificio la convenció de que fuera a una clínica de emergencias, Ana fue diagnosticada con una infección en los riñones.

El calvario con sus jefes se acabó cuando Ana abandonó el apartamento el pasado octubre. Pero una nueva saga empezó el día que fue detenida por inmigración, hace ocho meses.

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Un inmigrante indocumentado es detenido por la Patrulla Fronteriza de los EEUU cerca de la frontera de EEUU-México el 11 de abril de 2013. John Moore Getty Images

En junio de este año, Ana viajaba como pasajera en un vehículo cuyo conductor era indocumentado, cuando intentaron entrar al Puerto Everglades, en Fort Lauderdale. Iban a una presentación en el centro de convenciones y aparentemente desconocían que el puerto es custodiado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza. Para entonces, la visa de Ana había expirado y se encontraba en el país indocumentada. Los agentes de Aduana la detuvieron y la entregaron a ICE.

“Muchas veces he pensado en firmar esos papeles [de deportación voluntaria] e irme, esto es horrible, horrible. Pero pienso en mis hijos y en lo que podría pasar si regreso [a Colombia]”, dijo Ana.

Para la fecha en que Ana fue detenida, Hill, su abogada, estaba esperando la certificación que el Departamento del Trabajo emitió recientemente, para solicitar la Visa T para Ana, una visa especial para víctimas de trata de personas y sus familiares inmediatos. La decisión sobre la solicitud de visa está pendiente.

“Tengo muchas preguntas, igual que muchas personas que lidian con estos casos: ¿Es así como van a ser las cosas de ahora en adelante? ¿Es así como vamos a tratar a las víctimas o a las presuntas víctimas de trata de personas?”, dijo Hill. “En todo este proceso yo esperaba que los agentes, que el juez, que alguien tomará una decisión para proteger a [Ana]. Todos dijeron que no podían”.

Siga a Brenda Medina en Twitter: @BrendaMedinar

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