Sur de la Florida

Panel le otorga $5 millones a familia de chico muerto

Los guardias que le propinaron una salvaje golpiza a Martin, fue grabada en una videocinta de vigilancia.
Los guardias que le propinaron una salvaje golpiza a Martin, fue grabada en una videocinta de vigilancia.

TALLAHASSEE – Un comité estatal del Senado aprobó de forma unánime un acuerdo por $5 millones que le sería entregado a la familia de un adolescente que murió en un campamento disciplinario perteneciente al Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) de la Florida. El comité ignoró la recomendación de consejeros legislativos quienes dijeron que la cantidad debía ser sólo la mitad.

La decisión tomada por el comité, sin embargo, no asegura que la familia del menor Martin Lee Anderson recibirá todo el dinero, ya que todavía el asunto tiene que discutirse por el Senado en pleno el próximo viernes, lo que aún no se ha hecho. La sesión de la Legislatura termina el 4 de mayo.

El gobernador Charlie Crist, que calificó como ''una tragedia'' la muerte del chico de 14 años, le había ofrecido a la familia un acuerdo a nombre del DJJ. La agencia era la encargada de supervisar la instalación de Panama City administrada por el Departamento de Policía del Condado Bay, el cual llegó a un acuerdo por $2.425 millones poco después de la oferta hecha por Crist.

Los consejeros legislativos que revisaron la ley y los hechos en torno a la muerte de Martin, dijeron que la familia podría haber recibido $10 millones si el caso hubiera llegado a los tribunales, y que el DJJ tenía sólo un 25 por ciento de responsabilidad en la muerte de Martin a manos de los guardias que le propinaron una salvaje golpiza, que fue grabada en una videocinta de vigilancia.

La muerte del muchacho trajo como resultado el cierre definitivo del campamento, reformas que condujeron a otros cierres, atención nacional sobre el caso y la renuncia del director del Departamento de Policía de la Florida (FDLE).

El caso tuvo muchos altibajos y giros, entre ellos dos sonadas autopsias realizadas por dos médicos forenses diferentes, una de ellas ordenada por el entonces gobernador de la Florida, Jeb Bush.

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