Sur de la Florida

Informe recomienda vías para reclamar propiedades en Cuba

Pedro Miyares ha estado escuchando el mismo sermón de su padre de 88 años por más de cuatro décadas: cuando Fidel Castro caiga, tienes que regresar y luchar por recuperar la finca de la familia.

La familia Miyares perdió una casa y una finca arrocera y de ganado de 2,248 acres en Manzanillo cuando Fidel Castro tomó el poder y quiere que se la devuelvan.

''Esa tierra fue una herencia que estuvo en nuestra familia por 200 años'', dijo Miyares. ``Es muy sentimental para nosotros''.

Ahora una universidad jesuita de Nebraska ha preparado un reporte de 277 páginas para ayudar a Estados Unidos y a Cuba a lidiar con el espinoso problema de las reclamaciones de propiedad si el comunismo cubano termina.

Poco después de la revolución comunista en 1959, Castro no sólo nacionalizó todas las propiedades de extranjeros sino también confiscó casas, tierras y negocios pertenecientes a cubanos que finalmente se exiliaron en la Florida.

El informe, subvencionado federalmente y que fue dado a conocer ayer por Creighton University, recomienda que EEUU ayude a escoger los jueces para una corte especial cubana con la tarea de compensar a las familias de la isla que perdieron sus propiedades a causa del gobierno de Castro.

También sugiere un tribunal internacional separado que procese las reclamaciones de compañías y ciudadanos norteamericanos que perdieron sus propiedades y que las certificaron con la Foreign Claims Settlement Commission de Washington durante las décadas de 1960 y 1970.

Esta comisión, creada en 1967, trabajó por seis años y certificó cerca de 6,000 reclamaciones de norteamericanos que lo perdieron todo, desde automóviles a fábricas de ron, por un total de $1,800 millones.

El dinero para pagar las reclamaciones --posiblemente de tres a cuatro centavos por cada dólar-- vendría de un financiamiento de EEUU y de la comunidad internacional que ayudaría a impulsar el desarrollo económico en Cuba después de Castro.

Aunque algunos han elogiado el reporte como prueba de que los más altos niveles de la administración de Bush están prestando atención a un asunto importante, el informe de Creighton University produjo escepticismo entre algunos expertos que lo criticaron como otro ejemplo de la presunta intromisión de EEUU en lo que al final será decisión de otro país.

''Lo que he visto hasta ahora es que EEUU le ha dado al gobierno cubano un palo para golpear a los Estados Unidos por su presunción de buscar compensación para personas que no tienen derecho de hacer reclamaciones internacionales'', dijo el abogado Robert Muse, de Washington, que representa a algunos de los reclamantes norteamericanos más grandes contra Cuba. ``Nada en las leyes internacionales siquiera apoya esto remotamente''.

Aunque el informe recomienda un mecanismo para compensar a los cubanos que perdieron propiedades, las leyes internacionales aclaran que Estados Unidos no puede intervenir en los casos de cubanos que no eran ciudadanos norteamericanos cuando perdieron sus propiedades.

Esas miles de familias tendrían que arreglar sus reclamaciones directamente con Cuba, y no deberían recuperar sus casas si actualmente hay personas viviendo en ellas, según el informe.

''Aunque las reclamaciones de este grupo no están específicamente apoyadas por leyes nacionales o internacionales, económica y políticamente sus reclamaciones no deben ser ignoradas'', dice el reporte. ``Si las reclamaciones de propiedades de la comunidad cubanoamericana exiliada se dejan sin resolver, su poder económico y político podría volverse contra la estabilización de un nuevo gobierno en Cuba''.

Los investigadores también advirtieron que anticipan resistencia por parte de la extensa población negra de Cuba, que podría resentir que una comunidad de exiliados cubanos, principalmente blancos, regresen para reclamar tierras o dinero.

Después de dos años de estudios y $375,000 gastados el reporte de Creighton subraya la dificultad que el gobierno cubano enfrentará para saldar viejas cuentas y llegar a compromisos que satisfagan no sólo a familias nostálgicas como los Miyares, sino a corporaciones multinacionales con millones en juego.

Cuando la subvención para estudiar el problema de las propiedades fue anunciada hace dos años, los expertos sobre Cuba se asombraron al ver que la Agencia de Desarrollo Internacional (AID) de EEUU otorgó la subvención a profesores que no tienen conocimientos sobre política cubana o sobre los problemas de propiedad.

La única conexión con la universidad, dijeron los críticos, es que fue el alma mater del ex administrador de AID, Adolfo Franco.

La subvención de $750,000 fue más tarde recortada en la mitad, lo que limitó las investigaciones de la universidad, dijo el principal investigador Patrick Borchers, vicepresidente de asuntos académicos.

''Hicimos lo mejor que pudimos por ver esto [el problema de Cuba] desde una perspectiva'', dijo en una entrevista telefónica. ``Esperamos haber hecho las investigaciones suficientes para que cuando llegue el momento de hablar sobre esto, quienquiera que esté en el poder y la posición para tomar decisiones políticas se beneficie de nuestro estudio''.

Borchers admitió que no hay mucho que Estados Unidos pueda hacer para obligar a la creación de los tribunales si un gobierno cubano elegido democráticamente no lo aceptara.

''Cuba es una nación soberana. Cualquier solución va a tener que venir del lado cubano. No se puede ignorar eso'', agregó Borchers.

Pero Miyares se mostró filosófico sobre la reclamación de la propiedad de su familia. ``Si nos dan algo, siempre es mejor que nada''.

frobles@MiamiHerald.com

  Comentarios