Sur de la Florida

Impugnan ordenanza sobre delincuentes sexuales

La Oficina del Abogado de Oficio está cuestionando la constitucionalidad de la ordenanza de Miami-Dade sobre la residencia de los delincuentes sexuales, tras argumentar que lo que esencialmente hace es prohibirles a aquellos sin recursos que vivan en el condado y, en algunos casos, los convierte en desamparados.

La oficina ha ofrecido un argumento sin precedentes: que la ordenanza del condado --junto con otras numerosas ordenanzas municipales-- hace casi imposible que los delincuentes sexuales encuentren vivienda.

Sin embargo, los partidarios de la ley insisten en que las restricciones son necesarias para proteger a los niños de los violadores de menores y otros delincuentes sexuales.

La impugnación de la constitucionalidad surge en un momento en que las últimas restricciones contra los delincuentes sexuales han sido fuertemente criticadas en todo el país. En el sur de la Florida, más de tres docenas de municipalidades han aprobado ordenanzas que prohíben que los delincuentes sexuales vivan dentro de ciertas distancias de lugares donde se reúnen menores de edad, que incluyen parques y escuelas.

Muchos argumentan que las leyes simplemente empujan a los delincuentes sexuales a vivir en la clandestini-dad o, en algunos casos, bajo el viaducto Julia Tuttle en Miami-Dade, donde un grupo de delincuentes sexuales ha acampado durante más de un año, al no tener adonde ir.

Esta semana, nueve jueces de Miami-Dade celebraron una audiencia preliminar sobre el asunto, interrogando a ambas partes sobre las ordenanzas.

El abogado del condado les pidió a los jueces que no desestimaran la ordenanza del condado.

"Se les pide que inicien algo nuevo en buena medida, que no se ha hecho antes'', manifestó el abogado asis-tente del condado, Thomas Logue.

Los expertos legales dicen que no se sabe si la táctica de la Oficina del Abogado de Oficio funcionará. Por lo general, se hacen impugnaciones legales contra una sola ley, no en contra del efecto acumulativo de varias leyes.

Wayne Logan, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de la Florida (FSU), indicó que el argumento del abogado de oficio de Miami-Dade de que la serie de ordenanzas locales abarca esencialmente el condado es algo nuevo.

‘‘Los efectos acumulados de las ordenanzas locales y estatales podrían constituir una especie de deportación'', dijo Logan.

En Miami-Dade, 18 ciudades, y más de 20 en Broward, han aprobado este tipo de restricciones de residencia para los delincuentes sexuales. La mayor parte de las ordenanzas prohíben que los delincuentes sexuales vivan dentro de 2,500 pies de un parque o escuela. Otras extienden la zona límite hasta 3,000 pies.

La ordenanza de Miami-Dade utiliza la zona de 2,500 pies, pero dice específicamente que cualquier ordenanza municipal más estricta debería tener precedencia.

Un experto contratado por la Oficina del Abogado de Oficio de Miami-Dade halló que sólo hay disponibles 880 viviendas en el condado donde pueden legalmente residir los delincuentes sexuales. De ésas, sólo 98 tie-nen un precio de alquiler de $1,200 o menos.

Existen más de 2,000 delincuentes sexuales inscritos en el condado, y más de 1,300 caen bajo las restricciones de residencia.

Valerie Jonas, abogada de oficio asistente, señaló que los delincuentes sexuales que han estado viviendo bajo el viaducto Julia Tuttle son una prueba de lo inconstitucional que es la ordenanza del condado.

"Viven bajo el viaducto porque no han podido hallar ningún lugar adonde ir'', manifestó Jonas.

Logan y los defensores de las víctimas insisten en que las restricciones se necesitan debido al enorme índice de reincidencia de estos sujetos.

"Se le pide a uno que declare insconstitucional una ordenanza popular que protege a nuestros niños, que son el segmento más vulnerable de la población, de delincuentes sexuales hallados culpables'', manifestó Logan.

Sin embargo, varios grupos policiales en la Florida y alrededor del país se oponen cada vez más a las leyes, diciendo que son caras de poner en vigor y no cumplen sus objetivos.

"Cada vez les resulta más difícil a los delincuentes sexuales hallar dónde vivir'', dijo Gretl Plessinger, porta-voz del Departamento de Corrección de la Florida.

La mayoría de los agresores sexuales en el estado se encuentran en el sur de la Florida, indicó.

El abogado de oficio de Broward, Howard Finkelstein, cabildeó por una ley uniforme para todo el estado. Teme que las distintas ordenanzas en Broward les resulten a sus clientes casi imposibles de cumplir.

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