Sur de la Florida

Inmigrantes legales podrían perder beneficios por no hacerse ciudadanos

Un creciente número de inmigrantes legales de edad avanzada que reciben la ayuda del gobierno conocida como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) encaran el riesgo de perder sus beneficios, debido a que no se han nacionalizado por una interpretación errónea de la ley y demoras relacionadas con el proceso de naturalización.

Bajo las normas vigentes, la Administración del Seguro Social (SSA) garantiza el pago de la asistencia monetaria durante siete años, contabilizados a partir de la fecha de entrada al país. Tras este período de gracia, la continuidad del pago sólo cubre a los beneficiarios que hicieron un ajuste de su estatus inmigratorio y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, muchos inmigrantes, como la cubana Mercedes Suarez Angarcia, de 74 años, no han tenido las facilidades ni los medios para completar a tiempo la ciudadanía, y ahora están expuestos a dejar de percibir la asistencia que tanto necesitan para vivir. La mujer fue notificada recientemente por las autoridades del seguro social de que perdería el pago de sus beneficios en octubre.

"No tengo otra ayuda que la del gobierno. ¿Qué voy a hacer si me cortan la asistencia?", se preguntó Suárez, quien dispone de una pensión federal mensual de $637. Con ese cantidad debe pagar alquiler, medicamentos, alimentación y servicios básicos. Asimismo Suárez argumentó que la regla de siete años no se ajusta a la realidad, porque en su caso, comenzó a recibir el SSI en el 2004, tres años después de haber llegado a Estados Unidos como inmigrante.

"No estoy diciendo que esto sea una gran injusticia, pero ellos contemplan una residencia con caracter retroactivo, es decir, del 2001. Y por aquella época no recibía absolutamente nada'', agregó.

Su caso es uno entre muchos en el sur de la Florida y cientos de miles a escala nacional. Según calculos del gobierno federal, a fines de este año al menos 30,000 personas de edad avanzada y discapacitados perderán la asistencia monetaria del SSI. Otros 19,000 estarían expuestos a correr la misma suerte a mediano plazo.

"Esta regulación de los siete años trae muchos dolores de cabeza'', dijo Rossa E. Kasse, la directora de la Coa-lición Hispana, un grupo de asistencia social con sede en Miami. Kasse consideró imperativo hacer cambios en la legislación para que la ayuda complementaria no les sea cancelada a las personas mayores.

La oficina del SSA no estuvo disponible para discutir el tema, pero en todas sus notificaciones detalla claramente que el periodo de los siete años comienza cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorga el estatus de inmigrante, al momento del ingreso al país.

Pero a raíz de la ola de críticas y cuestionamientos sobre el marco regulatorio del SSI, el Senado aprobó recientemente una ley para ampliar el límite a nueve años. El documento será sometido a consideración del presidente George W. Bush en septiembre.

"El punto es que hay muchas personas que han cumplido con la ley, son residentes y están legales'', dijo el abogado de inmigración Jorge Rivera.

"Ellos deberían seguir recibiendo sus beneficios sin la obligación de hacerse ciudadanos'', agregó.

jcchavez@miamiherald.com

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