Sur de la Florida

Anulan límite a intercambio académico con Cuba

Una jueza federal liberó la restricción impuesta a los intercambios académicos y de investigación de las universidades estatales de la Florida a naciones patrocina-doras del terrorismo, entre ellas Cuba, siempre y cuando sean pagados con aportes privados.

En su veredicto, la jueza Patricia Ann Seitz concluyó que los términos del marco legal aprobado por Tallahassee en mayo del 2006 y refrendados por el entonces gobernador Jeb Bush, son inconstitucionales y representan "una sanción intolerable y [que] sirve como un obstáculo a los objetivos del gobierno federal''.

Asimismo se ratificó una cláusula de la ley que prohíbe usar fondos estatales para los viajes.

Sin embargo, la mayoría de los viajes se financia con aportes de instituciones privadas, explicó el profesor de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), Lisandro Pérez, quien agregó que la interpretación de la corte ratificaba los argumentos de independencia académica que ellos siempre defendieron.

‘‘Estuvimos todo este tiempo fuera de contacto, pero aquí quedó claro que la ley no es constitucional porque lo que hace es interferir con el derecho del gobierno federal de formular política exterior'', enfatizó Pérez en una conferencia de prensa en las oficinas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en Miami.

El fallo de la magistrada, que fue emitido el jueves, marca un punto y aparte en una agria disputa entre la Legislatura de la Florida y un grupo de profesores universitarios, incluyendo al claustro de la FIU, que impugnaron la prohibición por considerar que atenta contra la libertad de acción académica de que gozan los altos centros de estudios.

Además de Cuba, en la lista de patrocinadores del terrorismo, que actualiza anualmente el Departamento de Estado, se encuentran Siria, Irán, Sudán, Corea del Norte y Libia.

El juicio para derogar la ley que vedaba los viajes de investigación fue entablado por la ACLU, en representa-ción de los académicos.

En el texto de la demanda, la ACLU insistió en que el gobierno federal ya tiene establecido un conjunto de ordenanzas respecto a las naciones que están en la lista negra del Departamento de Estado, y que en el caso cubano incluye un sistema de licencias muy bien detalladas. En ese sentido, la organización enfatizó que la ley desconoce la separación entre los poderes del Estado y el poder federal.

"Estamos muy satisfechos con la decisión. Ahora retomamos la libertad académica de viajar a estos países, hacer investigaciones y conocer más de todas estas culturas'', dijo Rosalind Matos-Dammert, portavoz y consejera de ACLU.

La medida fue creada por iniciativa del representante republicano David Rivera a raíz de la detención hace poco más de tres años de Carlos y Elsa Alvarez, un matrimonio de profesores de FIU acusados de espionaje y de ser agentes no registrados del régimen cubano.

La legislación levantó un sinfín de críticas, entre otras, porque no hizo ninguna clase de diferencias sobre el origen de los fondos, es decir, que tanto las aportaciones públicas como las privadas eran medidas con la misma vara.

A comienzos de este año, la Junta de Gobernadores de la Florida, el panel que dirige el sistema de universidades públicas del estado, solicitó a la Corte Federal que anulara parte de la ley, argumentando que los representantes estatales no tienen autoridad para legislar o decidir qué hacer con dineros privados para fines de investigación.

Rivera indicó que el fallo era un mal cálculo del sistema de justicia y que seguía defendiendo la idea de que resulta inaceptable subsidiar a gobiernos terroristas con este tipo de viajes e intercambios a nivel universitario.

"La jueza se equivocó en poner en duda la autoridad del gobierno sobre temas presupuestarios y espero que se estudie una apelación u otra medida legal inmediata para corregir el error'', comentó Rivera. "Esto no significa una derrota, pues la jueza ratificó el derecho del estado de la Florida sobre el destino de fondos públicos''.

Por otra parte, el legislador también auspició una ley que está siendo disputada en los tribunales y que impone altos gravámenes a los servidores turísticos que reservan pasajes a Cuba, así como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión para sus operaciones.

La medida debía haberse comenzar a aplicar el pasado 1ro. de julio, pero su ejecución quedó en suspenso hasta el próximo 25 de septiembre, a la espera de que el juez federal Alan S. Gold dictamine sobre el caso.

jcchavez@elnuevoherald.com

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