Sur de la Florida

El oro sucio es la nueva cocaína en Colombia, y también deja un rastro de sangre

Los mineros Haderson González (izq) y Milton Albanes cierran un túnel en deshuso a 380 metros de profundidad en la mina independiente de oro de Las Brisas, en el poblado de Segovia, departamento de Antioquia, Colombia, en una imagen del 8 de mayo del 2017.
Los mineros Haderson González (izq) y Milton Albanes cierran un túnel en deshuso a 380 metros de profundidad en la mina independiente de oro de Las Brisas, en el poblado de Segovia, departamento de Antioquia, Colombia, en una imagen del 8 de mayo del 2017. pportal@miamiherald.com

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Oro sucio, dinero limpio: una investigación del Miami Herald

Un río de oro corre de Sudamérica hacia el sur de la Florida. La minería ilegal en el sur del continente encuentra en Miami el lugar ideal para lavar sus ganancias.


Los helicópteros Black Hawk pasaron rugiendo sobre una remota selva en el suroeste de Colombia, sin prestar atención a los verdes campos de coca, que parecían ser objetivos fáciles.

En su lugar, se dirigieron a una excavadora amarilla, lejos del poblado o carretera más cercanos, que hincaba su pala junto a un río en busca de un metal que ha inspirado a soñadores y delincuentes por igual desde que los conquistadores españoles se empeñaron en encontrar El Dorado: oro.

En las selvas colombianas, las minas ilegales de oro están envenenando tanto a los trabajadores como el ambiente. La policía tiene que adentrarse en lo produndo de las selvas para destruir las máquinas pesadas con explosivos.

Mientras los helicópteros se mantenían estáticos en el aire sobre un espacio abierto lleno de lodo, policías armados con granadas y fusiles automáticos avanzaron hacia la excavadora. El operario, asombrado, trató de defenderse inicialmente con la pala mecánica, antes de huir a pie a la selva en medio de una nube de gas lacrimógeno.

A los pocos minutos, la policía había colocado explosivos C-4 en la máquina, y la excavadora Kobe, que cuesta unos $100,000, explotó en una bola de fuego. Fue otra pequeña victoria en la batalla de Colombia contra la minería ilegal.

Las operaciones de minería ilegal en Colombia, como ésta cerca del poblado de Barbacoas que la policía descubrió el año pasado, generan unos $2,400 millones al año en dinero sucio, tres veces más que la tristemente célebre industria de la cocaína colombiana, según algunos estimados de inteligencia. Y al igual que la cocaína, buena parte de ese oro ilícito se envía a ciudades en Europa y Estados Unidos, como Miami.

El oro se ha convertido en la fuente de vida de pandillas y guerrillas, y está tornando las selvas vírgenes en paisajes tóxicos llenos de mercurio y cianuro.

“Hoy la minería criminal mueve más recursos hacía las bandas ilegales, hacía la guerrilla, hacía las mafias … que el propio narcotráfico”, advirtió el presidente colombiano Juan Manuel Santos en el 2015. Y la dinámica no ha cambiado.

Los mineros de oro de subsistencia en Colombia son acosados por todas partes: las pandillas criminales que les quitan dinero, las compañías multinacionales que dominan la industria y el gobierno, que dicen quiere abrumarlos con regulaciones.

Durante decenios, Colombia ha sido sinónimo del narcotráfico. Y el país sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de los miles de millones de dólares en ayuda militar recibidos de Estados Unidos. Y ahora muchas de las estrategias y tácticas desarrolladas durante la larga y sangrienta guerra contra las drogas se emplean para combatir la minería ilegal.

Mientras observaba los restos humeantes de la excavadora, el coronel Juan Francisco Peláez, comandante de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Policía, dijo que cualquier grupo armado que tenga un fuerte vínculo con la cocaína probablemente se estaba enriqueciendo en esta operación de extracción ilegal de oro.

En esta parte del país, el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo criminal Clan del Golfo y ex miembros de las ahora desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), batallan por controlar el oro.

“Para mi, creo que la minería ilegal es incluso peor que los cultivos de coca”, dijo Peláez mientras observaba la parte de la selva virgen convertida ahora en un lodazal de varios cientos de metros de largo. “Mire esto, parece un paisaje lunar. Cuando ellos arrasan con la vegetación, eso no vuelve a nacer en 100 años, incluso más si dejan la tierra contaminada con mercurio.”

La minería ilegal en Colombia, como operaciones similares en Perú y Brasil, se concentra, perversamente, en algunas de las zonas más vírgenes y de mayor biodiversidad de la región.

Convertir el oro crudo en el metal puro que se usa en las joyas, barras de oro y equipos electrónicos no es fácil. Una compañía procesadora de oro en Miami explica el proceso.

En Colombia, la extracción ilegal de oro es la mayor causa de deforestación, que destrozó más de 60,100 acres de selva solamente en el 2014, según cifras de la ONU. Y el uso no regulado del mercurio y el cianuro —para extraer el oro del mineral— ha envenenado las aguas y a los animales a tal grado que algunas comunidades junto a ríos en el norte del país han dejado de comer pescado por temor a envenenarse con mercurio.

A pesar de los esfuerzos del país por controlar el comercio del oro ilícito, aproximadamente el 80 por ciento del metal que se extrae en el país es de origen ilegal, que se saca sin permiso ni precauciones ambientales básicas, dicen las autoridades.

Y mientras los mineros excavan más profundamente en la selva con la esperanza de volverse ricos —y alimentan la demanda mundial de oro, lingotes y componentes para teléfonos móviles— localidades remotas se están convirtiendo en infiernos donde reinan la deforestación, el tráfico sexual, los desplazamientos forzados y la esclavitud de niños.

De alguna manera, la guerra contra la minería ilegal hace que la guerra contra las drogas parezca cosa fácil, dijo Aníbal Fernández, viceministro de Defensa de Colombia. En este país, cada paso de la producción de cocaína es ilegal, desde el cultivo de la coca hasta su procesamiento, transporte y venta.

El Cartel de Sinaloa usó una pequeña empresa de oro de Miami para lavar casi $100 millones en dinero de la cocaína. Así lo hicieron.

“En el caso del narcotráfico, todos los eslabones de la cadena son ilegales así que es más claro”, dijo. “Con la minería ilegal, una vez que se extrae el oro, es un producto legal. ... Y eso nos obliga ser mucho mas agudos en la forma que combatimos estas actividades”.

Una clave de esa batalla es incautar y destruir la costosa maquinaria pesada que necesitan tales operaciones, principalmente las excavadoras y dragas que se emplean para extraer oro junto a los ríos, en la llamada minería aluvial.

Echando mano de algunas de las mismas imágenes aéreas que se usan para identificar los cultivos de coca, las autoridades identifican excavadoras y dragas que operan en áreas donde no hay concesiones legales de minería.

Cuando las máquinas están lo suficientemente cerca de un poblado para ser incautadas, las autoridades colombianas las decomisan. Pero muchas veces las encuentran en zonas tan remotas que destruirlas es la única solución viable. Peláez dijo que los delincuentes algunas veces desmontan las máquinas y las transportan en barcazas por los ríos hasta el lugar de nuevas operaciones.

“Y algunas veces no tenemos idea de cómo llegaron al lugar”, dijo. “Es como si una mano gigante las hubiera colocado en medio de la selva”.

El 13 de enero, el gobierno anunció que estaba enviando más de 9,000 policías y soldados a la problemática región del Pacífico colombiano, incluidas áreas alrededor de Barbacoas. El presidente Santos dijo que la misión de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules es “desmantelar” redes criminales y crear un entorno seguro para los negocios legítimos. Además de atacar el dinámico comercio de la coca, la fuerza indudablemente tendrá que actuar contra las operaciones ilegales de minería.

Fácil de explotar, difícil de enjuiciar

En el mundo de la minería ilegal, las excavadoras y dragas son las principales herramientas, y el aspecto más destructivo de la industria.

Pero igualmente crucial es la telaraña de corrupción y engaño que transforma el metal extraído ilegalmente en los lingotes de oro que compran los bancos centrales y las joyerías del sur de la Florida.

Es imposible saber exactamente cuánto oro ilegal pasa por el sistema, pero cifras del gobierno y la industria ofrecen algunas pistas.

En el papel, Colombia exporta más oro del que produce. Mientras que las operaciones mineras autorizadas y a gran escala produjeron 8 toneladas de oro en el 2016, según la Asociación Colombiana de Minería, el país exportó 64 toneladas a todo el mundo, una buena parte a Estados Unidos.

Una parte de la diferencia está en las operaciones sin licencia —algunas vinculadas con grupos delictivos— y el oro que se trafica desde países vecinos como parte de operaciones de lavado de dinero, dijo Leonardo Guiza, profesor de Derecho de la Universidad del Rosario y experto en la minería ilegal de oro.

Así es como funciona: El oro se compra a operaciones ilegales en toda la región con grandes descuentos usando dinero sucio, y entonces intermediarios inescrupulosos preparan documentos falsos para que parezca que el metal viene de fuentes legítimas. Una vez que el oro ha sido “lavado” y es imposible distinguirlo del metal extraído legalmente, se exporta a Estados Unidos y Europa, a veces a cambio de efectivo generado por las ganancias de las drogas.

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Marina S. Hincapié, la única mujer en una cuadrilla de mineros que trabajan a 380 metros de profundidad en la mina de oro independiente de Las Brisas, en el poblado de Segovia, departamento de Antioquia, Colombia. PEDRO PORTAL pportal@miamiherald.com

“Es una actividad muy rentable, poco punible y genera la facilidad para el traslado y lavado de activos”, dijo Guiza.

Un factor crucial de estas operaciones son los comerciantes que incorporan el oro extraído ilegalmente a las exportaciones legales, dijo Carlos Andrés Cante, viceministro de Minas de Colombia.

Los que venden oro a los exportadores tienen que detallar de dónde salió el metal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los comerciantes ofrecen una lista de docenas, a veces cientos, de mineros individuales, los llamados “barequeros”.

El sistema se creó para permitir que los mineros a pequeña escala se beneficien del comercio mundial de oro, pero la realidad es los delincuentes se aprovechan del sistema, dijo Cante.

En el 2016, el Ministerio de Minas investigó a unos 110,000 barequeros cuyos nombres aparecieron en los registros de exportaciones. Las autoridades identificaron que más de 8,000 barequeros estaban muertos o sencillamente no existían. En algunos casos, un solo minero a pequeña escala supuestamente vendía 200 gramos de oro al mes, más de 10 veces la cantidad que razonablemente se puede esperar que venda.

“Es obvio que el mecanismo del barequero se usa para lavar oro extraído ilegalmente”, explicó Cante.

En agosto, la Policía colombiana arrestó a Mara Cecilia Gordillo, conocida en el bajo mundo como “la reina del oro”.

Ella y cuatro cómplices fueron acusados de comprar oro ilegal, venderlo como si fuera oro extraído legalmente por los barequeros y enviar 3 toneladas del metal a fundiciones en Colombia y Miami. Esas operaciones de minería ilegal generaron tanto lodo y detrito que interrumpieron el cauce de un río, dicen las autoridades. Gordillo, quien está detenida a la espera de un juicio, no respondió a solicitudes de comentario.

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Varios trabajadores, incluidos niños, buscan oro en la arena fina que contiene el agua sacada de un río conocido como Cianurada. El agua fue desechada por la planta de procesamiento de Gran Colombia Gold Corp., en el poblado de Segovia, departamento de Antioquia, Colombia. PEDRO PORTAL pportal@miamiherald.com

En muchos casos, los barequeros ni siquiera están al tanto de que los comerciantes hacen negocios con sus nombres. Pero detener esta práctica no ha sido fácil.

En el 2017, el gobierno colombiano comenzó a exigir que los mineros a pequeña escala se inscribieran en persona ante las autoridades tributarias, con la esperanza de dificultar a las redes delincuenciales usarlos como fuentes falsas de oro. La decisión provocó más de un mes de protestas de los mineros y un puñado de muertes. Y todavía no está claro si las nuevas regulaciones ayudarán a solucionar el problema.

Jaime Pinilla, ingeniero y dueño legal de minas de oro en Colombia, dijo que solamente hay unas cuantas operaciones grandes legítimas.

“Por lo menos la mitad del oro viene de otro lado, uno no sabe de donde sale”, dijo.

Y algunas de esas fuentes ni siquiera existen.

Los delincuentes a veces sencillamente crean envíos de oro “fantasma” para justificar grandes transferencias de dinero desde el extranjero, lo que hace parecer que ganancias de las drogas parezcan transacciones legítimas de oro.

“En su mayoría sencillamente no existen. Es una enorme operación de lavado de dinero”, dijo un ex funcionario colombiano que pidió no ser identificado. “Enviábamos personal al lugar [de donde supuestamente se extraía el oro] y ni siquiera había minas”.

Mineros atrapados

Pero la guerra contra la minería ilegal está llena de consecuencias no esperadas. Y mientras el gobierno combate la extracción ilegal de oro, comunidades con un largo historial en el comercio del metal de repente se ven en el lado equivocado de la ley.

El año pasado, en lo profundo de una mina llamada Las Brisas, cerca del poblado de Segovia, en el norteño departamento de Antioquia, mineros sudorosos caminaban con 100 libras de piedras a la espalda, como han hecho durante generaciones.

La operación es el sustento de por lo menos 80 familias. Otras 100 personas, en su mayoría mujeres mayores y madres solteras, trabajan como chatarreros, procesando las piedras desechadas de la operación, el relave, para tratar de encontrar cantidades mínimas de oro.

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Doris Fonegra, una de un grupo de trabajadores, en su mayoría mujeres llamadas chatarreras, busca partículas de oro en un montón de piedras extraídas de la mina de oro independiente Las Brisas, en el poblado de Segovia, departamento de Antioquia, Colombia. PEDRO PORTAL pportal@miamiherald.com

Pero a los ojos de la ley, la mina es ilegal porque los trabajadores no tienen el título oficial de la propiedad.

Fernando Gómez, el secretario de Minas de Segovia, dijo que la gran mayoría de los mineros en la municipalidad, hablando estrictamente, son ilegales. Pero es el gobierno, con su exceso de reglas y falta de garantías, el que los ha forzado a caer en esa situación, dijo.

Por ejemplo, el gobierno está tratando de alentar a los mineros a usar prácticas que no dañen el ambiente y que minimicen el uso de mercurio —como cerner las piedras para buscar oro o usar centrífugas de alta velocidad— pero la mayoría de esas técnicas requieren una inversión inicial grande.

Además, en Segovia y la vecina Remedios, el gobierno está ayudando a hacer cumplir los derechos de una enorme propiedad minera de 22,000 acres que data del siglo XIX y que cubre cientos de zonas mineras ancestrales.

Eso significa que a mineros que han trabajado en venas de oro durante generaciones ahora les dicen que están ilegalmente en la propiedad de Gran Colombia Gold, una operación minera canadiense.

“Estamos atrapados dentro de esa propiedad”, explicó Gómez. “Si seguimos trabajando aquí, donde hemos trabajado toda la vida, nos consideran delincuentes, mineros ilegales. El gobierno no entiende que ser un minero tradicional no es lo mismo que ser un minero criminal”, agregó.

Eliober Castañeda, el presidente de la Mesa Minera de Segovia, que representa a unos 8,000 mineros independientes, dijo que están atrapados entre las normas incumplibles del gobierno y las pandillas que ven a los mineros informales como objetivos fáciles y lucrativos.

Los miembros de la Mesa Minera reciben con frecuencia amenazas de muerte cuando hablan contra la actividad delincuencial, dijo, y el abogado de la organización fue asesinado hace unos años.

“No solamente los grupos criminales nos están amenazando y matando a nuestra gente, pero en seguida llega el gobierno y nos trata de criminales,” dijo Castañeda.

Los grupos delincuenciales atenazan a los mineros de varias formas. Algunas veces los obligan a incluir a trabajadores de las pandillas en su nómina, o les exigen comprar combustible y maquinarias a través de contactos de las pandillas. Pero la mayor parte de las veces sacan dinero a la fuerza de los mineros mediante una “vacuna” semanal o mensual.

Carlos Durango, un minero de oro de 40 años, dijo que el gobierno usa esos pagos extorsivos para acusar a los mineros de integrar redes delincuenciales. Pero si pagar para mantenerse en el negocio y seguir con vida lo convierte en un delincuente, entonces tiene buena compañía, dijo. Porque ese tipo de pagos ocurre en todas las industrias en el país, dijo.

“Todos en Bogotá son delincuentes y todos en Medellín son delincuentes”, dijo de las dos mayores ciudades del país, “porque todo el mundo paga la vacuna”.

Y cualquier minero que trate de ir por la ruta legal lo hace a un gran riesgo personal, explicó Iván Díaz Corzo, de la firma de asesoría de seguridad ORCA Risk Corp., ex miembro de la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Criminal (Unimic).

“Cuando alguien trata de hacer las cosas correctamente, lo matan como escarmiento”, dijo.

Pero los mineros a pequeña escala no son los únicos vulnerables a las pandillas delincuenciales. En el 2009, la minera canadiense Continental Gold contrató a un gerente para ocuparse de las operaciones en el poblado de Buriticá, en el noroeste del país, y tres años después el individuo fue ascendido a vicepresidente de asuntos corporativos. Pero la compañía no sabía que su nuevo vicepresidente trabajaba en secreto para dos grupos de traficantes, según los fiscales: la Oficina de Envigado, entidad descendiente del cartel de Pablo Escobar, y el Clan del Golfo.

Según la fiscalía, el hombre compartía con los grupos delincuenciales información sobre la ubicación de los depósitos de oro y la seguridad de las minas, lo que permitía a los delincuentes supervisar la extracción de por lo menos $2.3 millones en oro de dos minas.

Los grupos delincuenciales “con mucha facilidad infiltran las empresas, infiltran las autoridades … porque la cantidad de dinero que mueven es altísima”, dijo Julián Bernardo González, vicepresidente de Sostenibilidad de Continental Gold.

Si las ganancias se mantienen elevadas y el riesgo de que los atrapen se mantiene bajo, los delincuentes siempre se sentirán atraídos a esta actividad, pronosticó Díaz Corzo, de ORCA Risk.

“Compare cuánto cuesta colocar una tonelada de oro en el estado de Nueva York y cuánto cuesta colocar una tonelada de cocaína”, dijo. “Los grupos delincuenciales le ganan mucho más dinero al oro que a la coca, y es mucho más fácil [de manejar”]

El ‘cáncer’ del oro

Unas horas después de la primera operación policial a la orilla del río, la unidad había atacado una operación minera mucho mayor que tenía tres excavadoras mecánicas. Mientras la policía se preparaba para destruir con explosivos las máquinas, que cuestan cientos de miles de dólares, el encargado del campamento se echó a llorar y les rogó que no lo hicieran.

Dijo que lo habían secuestrado recientemente y que necesitaba el trabajo para pagar su liberación y mantener a su familia.

“Ellos son los verdaderos criminales y terroristas”, dijo de la pandilla, a la que no identificó. “¿Por qué no los atacan a ellos? Lo que están haciendo es obligarnos a nosotros los agricultores a morirnos de hambre y comer m.....”.

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Una excavadora pesada en una zona remota de Colombia, usada para la extracción de oro. La Policía a veces se aventura en estas regiones para destruir los equipos, con la esperanza de hacer mella en el comercio de oro ilegal, que provoca una enorme degradación del ambiente. Juan Manuel Barrero Bueno Especial para el Miami Herald

Peláez, el comandante, dijo que puede entender la frustración de ese hombre. En muchas zonas rurales de Colombia, la minería ilegal y los cultivos de coca parecen ser las únicas opciones económicas viables.

“No logramos nada con destruir y erradicar si no hay otro componente que venga después de nosotros”, dijo, explicando que a menos que el gobierno pueda crear empleos en estas zonas aisladas, los pobladores probablemente reanudarán la minería.

Peláez dice que el oro es un “cáncer” que ha afectado mucho el paisaje colombiano. Y como algunos cánceres, la minería ilegal muchas veces parece un mal incurable.

Desde que la unidad policial de Peláez se estableció en el 2014, ha destruido o decomisado más de 400 máquinas pesadas, incluidas 142 en los primeros nueve meses del 2017. Pero las operaciones ilegales de minería vuelven a la carga al poco tiempo.

En febrero, la unidad dedicó varias semanas a atacar operaciones ilegales de minería en puntos a lo largo del río Atrato en el norte de Colombia, donde destruyeron más de 47 excavadoras y otra maquinaria, e incautaron oro por valor de más de $18 millones.

Menos de dos meses después, los mineros y las dragas estaban de regreso a las márgenes del río.

“Sí, es frustrante”, dijo Peláez de ese juego del ratón y el gato. “Pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo”.

Jim Wyss: @jimwyss

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