Sur de la Florida

Proponen detener construcción de prisiones

La necesidad de construir más prisiones en la Florida para albergar a una población carcelaria cada vez mayor se enfrenta a las ásperas realidades económicas. El estado pronostica que habrá que construir hasta 19 cárceles nuevas en los próximos cinco años, en la medida en que los ingresos disminuyen.

El problema ha captado la atención del cabildeo empresarial más influyente del estado, que está proponiendo lo que sus propios dirigentes admiten es una idea radical: dejar de construir centros penitenciarios y soltar a los presos sin historiales de violencia.

El grupo, Associated Industries of Florida (AIF), ha emitido un documento sobre su posición, en el que exhorta a los legisladores a que paren la construcción de tres nuevas cárceles, cada una de las cuales albergaría 1,300 reclusos. Se espera que la construcción cueste $300 millones, además de $81 millones al año en gastos operativos.

El grupo considera que el Departamento de Prisiones (DOC) podría evitar las construcciones soltando a 3,900 presos. Esos presos deben estar aproximándose al final de sus términos carcelarios, y entre ellos no debe haber criminales violentos, pedófilos o depredadores sexuales.

Barney T. Bishop, presidente de Associated Industries, admite que algunos conservadores podrían considerar la idea de liberar presos como "izquierdista para el ejecutivo de una asociación empresarial'', pero sostuvo que "para mí no tiene sentido construir esas cárceles''.

Bishop no es el único que procura soluciones poco convencionales a los problemas presupuestarios del estado. El senador estatal, Victor D. Crist, que preside el Comité de Asignaciones de Justicia, dice que también él ha estado estudiando modos de evitar la construcción de nuevas cárceles con recursos inexistentes al momento.

Crist, republicano de Tampa, respalda la idea de parar la construcción de prisiones, pero dice que la propuesta de soltar a algunos presos va a ser difícil de implementar.

La AIF y el senado de la Florida concuerdan en cuanto a ahorrar dinero aminorando el ritmo de la construcción de penales'', dijo Crist. "Pero difieren en cuanto al modo de proceder al respecto''.

Crist propone, entre otras cosas, que el estado ahorre unos $24 millones haciendo un contrato con cárceles dentro o fuera de la Florida para alojar a unos 450 presos.

"El sistema carcelario en estados circundantes, especialmente los operadores privados, tiene una cantidad significativa de espacio disponible'', señaló Crist.

El gobernador también sugiere que el Departamento de Prisiones podría hacerse cargo de la operación de instalaciones seguras recientemente abandonadas por administradores de justicia juvenil, que han estado recortando gastos. Dichas instalaciones podrían albergar a personas cuyos términos penales ya se estén aproximando a su fin y que participan en programas que les permiten trabajar.

El representante estatal J.C. Planas, republicano y abogado de Miami, dice que hay otro obstáculo en lo referente a soltar a algunos presos: es una proposición que requeriría revisar las leyes estatales, que exige que los presos hayan cumplido la mayor parte de sus sentencias antes de quedar en libertad.

"Desde mi punto de vista, todo está sobre la mesa'', dice Planas, que preside el Comité de Seguridad Pública. "Pero ponerlos en libertad es casi un último recurso''.

Tom Blomberg, decano del Departamento de Justicia Penal y Criminología de la Universidad Estatal de la Florida (FSU), dice que no le sorprende que incluso grupos conservadores estén estudiando lo que antes se pudo haber considerado como una solución radical para reducir la población penal.

En la medida en que la economía empeora, "mucha gente piensa que es el momento de aprovechar la oportunidad y hacerle ver al público y los gobernantes que es necesario analizar distintas alternativas'', dijo Blomberg.

La proposición de Bishop también recomienda que los presos liberados reciban servicios para ayudarles a evitar regresar a la cárcel.

Gretl Plessinger, una portavoz del secretario estatal de prisiones, Walt McNeil, concuerda con la recomendación de Bishop de que los presos liberados reciban entrenamiento de conocimientos básicos, abuso de substancias estupefacientes y atención a su salud mental para mejorar sus posibilidades de mantenerse fuera de la cárcel. Alrededor de una tercera parte de los presos están en prisión de nuevo en un período de tres años.

Los legisladores de la Florida podrían tener $5,000 millones menos para el presupuesto del año que comienza el 1 de julio, dice Crist. Citando la caída en los ingresos del estado, McNeil anunció el mes pasado que 66 oficiales de probatoria fueron despedidos.

En semanas recientes, la población carcelaria de la Florida superó las 100,000 personas, aunque oficialmente el censo decía 99,691 el miércoles, dijo Plessinger.

Según el organismo estatal que calcula y pronostica la población de las cárceles, habrá una población penitenciaria de 106,086 personas para fines del próximo año fiscal, que concluye en junio del 2010, una ligera disminución en comparación con pronósticos anteriores. Con base en esos datos, las autoridades consideran que necesitarían construir 19 cárceles nuevas en los próximos cinco años, indicó Plessinger.

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