Sur de la Florida

Ex empleados de colegios privados denuncian fraude masivo a estudiantes

Vince Martin, un ex reclutador de admisiones para la Universidad Everest. Su trabajo era vender oportunidades de estudio como pasaje hacia futuros empleos bien remunerados.
Vince Martin, un ex reclutador de admisiones para la Universidad Everest. Su trabajo era vender oportunidades de estudio como pasaje hacia futuros empleos bien remunerados. Miami Herald

Vince Martin es un ex reclutador de admisiones para la Universidad Everest, y tiene un mensaje para todos los estudiantes que registró: “Realmente lo siento”.

Martin dice que era un representante de ventas que trabajaba en un enorme centro de llamadas en Tampa. Su trabajo era vender oportunidades de estudio en Everest como el pasaje hacia futuros empleos bien remunerados.

En algún momento, Martin se convenció de que el autoproclamado más del 90 por ciento de colocaciones laborales del college era una ficción, y que la compañía cazaba a personan que abandonaron los estudios y buscaban una segunda oportunidad, padres solteros desesperados por una mejor vida y trabajadores que habían salido por una reducción de plantilla.

“Me sentí como que hacía algo diabólico”, dijo Martin al Herald.

Cuatro años después Martin dejó su trabajo - y 4 1/2 años después la Fiscalía comenzó a investigar a Everest - La Florida no había hecho nada por sancionar a la escuela o buscar compensación para los que se enrolaron en sus campus. La investigación de la Florida se mantiene abierta, así como las escuelas de la Florida, pero bajo nuevos dueños.

Otros estados han tomado un enfoque más agresivo. Massachusetts y California demandaron a los Colleges Corinthian, la compañía matriz de Everest, al pedir un reembolso para los estudiantes. Los procuradores generales de nueve estados, desde California a Connecticut - pero no la Florida - escribieron este mes más temprano al Departamento federal de Educación, urgiéndole que elimine de los registros los préstamos federales de los estudiantes de Everest debido a la conducta de la compañía.

El Departamento de Educación no lo hizo, pero el verano pasado ordenó a Corinthian que cerrara o vendiera sus más de 100 campus, incluyendo cuatro en el Sur de la Florida.

Corinthian declinó responder a los comentarios de Martin.

Martin fue uno de los varios ex empleados de cuatro colleges con fines de lucro que dijeron a la Fiscalía general de la Florida que estaban atormentados por su sentido de culpabilidad, convencidos de que se habían convertido en herramientas en el engaño y la explotación de personas que luchan en tiempos difíciles.

“Señor, ¿por qué usted se fue de Kaplan?”, preguntó en noviembre 22 del 2010 el ayudante del Fiscal General Rene Harrod al ex reclutador Mark Stegall.

“Estaba disgustado conmigo mismo”, respondió Stegall. Stegall testificó que había trabajado anteriormente en otros empleos de ventas, y “hay algunas cosas que no me sentía mal en vender”. Pero en Kaplan, agregó, “se siente como si pusieras a estas personas, que ya están en una mala situación en la vida, en una aún peor”.

Al informársele de la declaración de Stegall - y testimonios jurados de otros dos ex empleados - Kaplan no respondió directamente a sus comentarios, pero destacó que la investigación estatal de la compañía se terminó en junio pasado sin encontrar nada incorrecto. Como parte de un arreglo con la Fiscal General estatal, Pam Bondi, Kaplan estuvo de acuerdo en ofrecer un reentrenamiento gratis para un número limitado de estudiantes que cumplían con ciertos parámetros.

“Kaplan está orgulloso de nuestros antecedentes en servir a los estudiantes, incluyendo los más de 250,000 que han ganado durante la pasada década sus credenciales de college en nuestras escuelas”, dijo en una declaración la escuela, con sede en Fort Lauderdale.

Kaiser University fue también el centro de una investigación de la fiscal general. En el arreglo negociado, no admitió nada malo y ofreció permitir a algunos estudiantes volver a tomar las clases.

El Miami Herald examinó miles de páginas de una docena de investigaciones de la fiscal general - y luego las continuó con entrevistas. También se contactó a otros empleados que formaron parte de esas investigaciones. Algunos trabajaron como reclutadores, otros como instructores, administradores académicos y consejeros de colocación laboral.

Se entrenaba a los reclutadores para conseguir prospectos “por cualquier medio posible”, testificó Sharon Newson, una ex reclutadora con sede en Tampa que trabajaba con la Universidad de Phoenix, que se mantiene bajo investigación cuatro años después.

En su declaración jurada del 2011, Newson dijo que ella tenía a un hombre de 86 años que estaba en una diálisis de los riñones y deseaba obtener un título. “Ese era su deseo antes de morir”, dijo Newson. Pero el hombre no sabía cómo operar una computadora y la Universidad de Phoenix es principalmente una escuela en internet. Newson se negó a aceptarlo para clases en internet hasta que aprendiera computación básica.

Newson dijo que sus jefes, en el mayor college con fines de lucro del país, le preguntaron por qué no había firmado de inmediato al prospecto.

Mark Brener, jefe de personal de Apollo Education Gropu, compañía matriz de la Universidad de Phoenix, escribió: “Durante el curso de la extensa investigación de la fiscal general, hemos refutado las obsoletas acusaciones que han seleccionado para su historia”. Agregó: “Desde el período de tiempo 2998-2009, cuando se alega que ocurrió esa mala conducta, la universidad ha invertido decenas de millones de dólares con el propósito de asegurar de que no pueda ocurrir de nuevo tal conducta”.

Brenner escribió que la compañía ha adoptado numerosas salvaguardas para el consumidor, como “un período de prueba de tres semanas, libre de riesgo” y un “sólido Código Etico”.

En el campus Brandon de la Universidad Everest, ex empleados dijeron a la fiscalía general que el fraude con documentos era tan descontrolado que los empleados tenían una palabra para ello: “ghosting” (afantasmar). Eso significaba mantener a un estudiante matriculado después que se marchó. El college le enviaba entonces la factura al gobierno federal para las donaciones Pell (que se entregan basadas en las necesidades) y otros préstamos para el período cuando el estudiante no estaba realmente allí. El estudiante sería responsable del préstamo a pesar de no tomar las clases.

Seth Kanowitz, un director de programas de Everest que había trabajado previamente 16 años como agente de la policía, dijo en su declaración jurada del 27 de septiembre del 2012: “Hay algunas cosas que experimenté en ese campus durante mi permanencia allí que me hicieron extremadamente incómodo”.

Un portavoz de Corinthian reconoció que se facturaba indebidamente a los estudiantes en Brandon, pero dijo que los problemas se limitaban a una directora de nivel medio allí.

“Enviamos de regreso fondos por unos $250,000 al gobierno federal e informamos nuestros hallazgos al Departamento federal de Educación”, escribió Joe Hixson, “Como resultado de nuestra investigación, la directora renunció y se le hubiera despedido si no hubiera renunciado. Tomamos estos pasos por iniciativa propia... Hicimos lo correcto”.

El campus Brandon de Everest aún opera, aunque en febrero cambió de propietario.

También hubo una facturación fraudulenta de estudiantes en Kaplan, de acuerdo con la ex consejera de admisiones Natalie Joseph.

Se supone que los estudiantes que se matriculan en una escuela pero nunca asisten a una clase sean dados automáticamente de baja. Joseph dijo a la oficina de Bondi que los reclutadores en el centro de llamadas de Boca Raton se conectaban por los estudiantes durante la primera semana de clases en internet, lo que hacía que se les marcara como “presentes”. Eso podría asegurar que el reclutador obtuviera crédito por la matrícula, pero también que el estudiante recibiera una factura por clases que no tomó.

“Tengo estudiantes que me llaman por teléfono y me dicen, ‘No me conecté’”, testificó Joseph en julio del 2011. Ella agregó que era una práctica común del personal el falsificar la asistencia de esta forma.

Joseph, quien trabajó en Kaplan del 2007 hasta mediados del 2011, fue uno de los dos empleados de Kaplan que declararon bajo juramento que los reclutadores de admisión hablaban algunas veces con estudiantes potenciales desde un teléfono celular - de forma que la conversación no se grabara. Agregó que a esto se le conocía como entrar en la “casa en el árbol”.

La respuesta de Kaplan no respondió directamente a las declaraciones, pero la compañía escribió que “Kaplan ha encabezado la industria en términos de las mejores prácticas que promueven una mayor transparencia y ayudan a los estudiantes a realizar elecciones informadas”.

Algunos colleges con fines de lucro ofrecían recompensas - tarjetas de regalo, comidas gratis en restaurantes caros, o viajes gratis a Las Vegas o Cancún - para los reclutadores que matricularan a más estudiantes.

En la Universidad Keiser, dos ex empleados presentaron una demanda en el 2012, al alegar que los beneficios que se daban a los empleados violaban la ley federal. La demanda del informante interno la presentó Manuel Christiansen, un ex consejero principal de admisiones en el campus de Fort Lauderdale; y Brian Ashton, un ex director de admisiones para los programas para graduados.

La demanda alega que Keiser recompensaba a los reclutadores con grandes desempeños con tarjetas de regalos, días en clínicas de salud, cruceros y “fichas” que le daban a los empleados la paga de medio día sin tener que trabajar.

La ley federal está diseñada para proteger a los estudiantes de un reclutamiento escolar excesivamente entusiasta y dice que esos colleges “no suministrarán ninguna comisión, bono u otros incentivos pagados que se basen directa o indirectamente en el éxito en lograr matrículas”.

“En la respuesta de Keiser a la demanda, la escuela reconoció que se dieron a los empleados alrededor de $2,000 en comidas gratis y tarjetas de regalo para “estimular el trabajo en equipo”. Pero los abogados de Keiser escribieron que las violaciones fueron casos “aislados” y no lo suficientemente graves para descalificar a la escuela de recibir o retener dinero federal.

La escuela también dijo que su alto liderazgo, incluyendo al rector Arthur Keiser, no conocían de los beneficios a los empleados y que la práctica “se detuvo de inmediato cuando ellos lo supieron”.

Un correo electrónico del 19 de noviembre del 2009, escrito por Sabrina Mohamedd, la directora de admisiones, tiene por título “El Dr. Keiser me acaba de dar una tarjeta de regalo de $500, así que ¿cuándo puedes ir a cenar?”

En una declaración por escrito al Herald, la Universidad Keiser dijo que la tarjeta de regalo de $500 “no tiene nada que ver con la matrícula de estudiantes y fue el resultado de un premio que se le dio a una conferencia de dirección”.

En agosto del 2014, un juez federal de Fort Lauderdale, William Dimitrouleas, encontró que Keiser había violado las leyes pero merecía una penalidad mínima. La escuela tuvo que pagar una multa de $11,000.

Los informantes internos, que buscan miles de millones de dólares en daños, presentaron una apelación, que está pendiente.

Aunque son principalmente los empleados de nivel bajo a medio los que se quejaron, algunos ejecutivos también han dado un paso al frente. John Hopkins, el ex gerente general de Concorde Career Colleges, con sede en Kansas, que tiene cuatro campus en la Florida, presentó una demanda en marzo del 2015 alegando que sus reclutadores operan bajo un sistema de cuotas, y que “este sistema ignora por completo los mejores intereses de los estudiantes”.

En noviembre pasado, Career College Central, una publicación de propaganda de colleges con fines de lucro presentó un editorial de opinión de Raúl Valdés Pagés, un veterano de 40 años de la industria. Valdés Pagés alegó que el sector ya no se enfoca más en asegurar el éxito de los estudiantes.

En una entrevista, Valdés Pagés dijo que cree que el problema son los dueños. En los últimos 15 años, una mayoría de los colleges con fines de lucro se han convertido en compañías que se cotizan en bolsa o fueron comprados por firmas de capital de riesgo. Los inversionistas esperan ahora lograr una ganancia de un 20 a un 30 por ciento de estas escuelas, agregó.

Valdés Pagés dijo que pasó dos años y medio como gerente general de Sextant Education, que operaba una cadena de escuelas que incluía a Southwest Florida College. Valdés Pagés agregó que trató de mejorar la calidad al añadir exámenes de admisión y contratar personal adicional de colocación en empleos.

Los dueños de los capitales de riesgo lo despidieron en el 2012 “porque no estaba logrando mis números”.

La compañía matriz de Sextant, AEA Investors con sede en Nueva York, no respondió a un mensaje telefónico y a un correo electrónico que buscaba un comentario.

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