Sur de la Florida

Crece polémica sobre la comisión reguladora

LA COMISIONADA Nancy Argenziano junto al gobernador Charlie Crist en abril del 2007.
LA COMISIONADA Nancy Argenziano junto al gobernador Charlie Crist en abril del 2007. AP

El cabildero de la Comisión de Servicios Públicos (PSC) que participó en una fiesta en casa de un ejecutivo de una empresa eléctrica renunció el martes y otros dos asistentes de la Comisión fueron puestos en licencia administrativa mientras prosigue la controversia sobre el panel estatal que norma a las empresas de servicios públicos.

Los problemas internos que rodean a la PSC hicieron que la comisionada Nancy Argenziano exigiera el martes la investigación de un jurado de instrucción sobre la influencia de las empresas de servicios públicos y la Legislatura sobre la PSC. Y el senador Mike Fasano --diciendo que "se está creando un desastre''-- pidió una investigación del Senado estatal a la PSC que obligaría al personal y a los comisionados a responder preguntas bajo juramento.

La PSC batalla contra preguntas cada vez más fuertes sobre su estrecha relación con las empresas de servicio público que norma incluso mientras dos de las mayores del estado --Florida Power & Light y Progress Energy-- han solicitado aumentos de tarifas de alrededor de 30 por ciento el próximo año.

En las últimas dos semanas:

* La Policía Estatal de la Florida (FDLE) lanzó una investigación de la PSC por infracciones éticas en potencia.

* The Herald/Times reveló que un ejecutivo de la FPL había pedido y recibido el código privado llamado PIN de la BlackBerry de un comisionado y dos miembros del personal, un método de comunicación que no deja rastro alguno.

* Ejecutivos de la FPL desafiaron una orden de la PSC de revelar cuánto le paga la compañía a sus principales ejecutivos.

* Armando Olivera, presidente ejecutivo de la FPL, declaró a la PSC que su compañía desea usar parte del aumento de la tarifa para comprar un jet ejecutivo de $31 millones.

Ryder Rudd, director de análisis estratégico de la PSC, renunció el martes tras admitir que había asistido a una fiesta en la residencia de Ed Tancer, vicepresidente de la FPL, en Palm Beach Garden. Rudd había supervisado la revisión de la Comisión sobre una solicitud de la FPL. Después de expresar a dos comisionados y a The Herald/Times que había asistido a la fiesta, la PSC lo sacó de cualquier asunto vinculado con la FPL y ordenó una investigación al inspector general de la entidad.

El inspector general Steven Stolting encontró que Rudd había tomado "una mala decisión'' y que pudiera haber infringido las normas de la PSC al asistir a la fiesta. Pero Rudd dijo haberle pagado a Tancer $50 en efectivo al día siguiente de la fiesta por la comida y la bebida que había consumido, aunque no guardó ningún recibo, así que Stolting llegó a la conclusión de que no había forma de determinar si se había infringido alguna norma. Rudd trabajaba en la PSC desde 2007 con un sueldo de $92,000 al año.

También el martes la comisionada Lisa Edgar y el presidente de la comisión, Matthew Carter, pusieron a dos de sus principales asesores en licencia administrativa "pendiente de ulterior revisión'', tras un reportaje de The Herald/Times de que miembros del personal de la Comisión le habían dando a la FPL los PIN de sus BlackBerry. La PSC no guarda registros de los mensajes instantáneos que se mandan mediante el PIN, lo que hace posible que la empresa se comunique con la entidad normativa fuera del sistema estatal de mensajes electrónicos.

Según documentos obtenidos por The Herald/Times, Roberta Bass, asistente de Edgar --que gana $84,724 al año-- le entregó el PIN del BlackBerry de Edgar a Natalie Smith, abogada de la FPL, así como el PIN de su propio BlackBerry. William Garner, asistente de Carter, que gana $88,924 al año, le dio a Smith su PIN.

Otro asistente --Larry Harris, que trabajaba para Argenziano-- renunció el sábado tras informar a su jefa que le había entregado a Smith el PIN de la BlackBerry de ella. Harris está ahora a la espera de encontrar otra plaza en la Comisión.

Según las leyes estatales, un comisionado que discute un caso pendiente con representantes de una compañía de servicios básicos puede enfrentar una multa de $5,000 y la expulsión de su cargo. Sin embargo, la ley excluye explícitamente de la prohibición al personal de la PSC. La abogada de la Fundación Primera Enmienda Barbara Petersen dijo que estaba "estupefacta'' ante el hecho que el personal no expresara preocupación alguna sobre las leyes sobre comunicaciones cuando les pidieron que entregaran sus PIN a la FPL.

Pero agregó: "La pregunta más importante es: ‘¿Es eso legal?' Porque, si están discutiendo asuntos públicos a través de comunicaciones por PIN entonces se debería prohibir''. Argenziano dijo que tiene la esperanza de que su solicitud a la fiscalía estatal de convocar a un jurado de instrucción para que se revise "el sistema de regulación de las compañías de servicios básicos en su totalidad''.

Pero la franca ex legisladora estatal --que fue nombrada a la Comisión en el 2007 por el gobernador Charlie Crist-- cree que el mayor obstáculo a la independencia de la PSC es la Legislatura, que nombra al consejo que a su vez nomina a los comisionados, y los legisladores reciben millones de dólares todos los años en contribuciones de campaña de las compañías de servicios públicos.

Dos cargos --que ocupan Carter y Katrina McMurrian-- están abiertos. Crist podría nombrar de nuevo a los comisionados o escoger otros.

Argenziano dijo que los legisladores tratan de intimidar a los comisionados y citó comentarios hechos la semana pasada por el representante Carlos López-Cantera, republicano por Miami, cuando votó contra la reasignación de Carter a su puesto. López-Cantera se mostró en desacuerdo con la decisión de Carter de exigir a FPL que revele los sueldos de sus ejecutivos y lo acusó de mal liderazgo.

Los comentarios de López-Cantera "confirman mi opinión de que la PSC no puede actuar con independencia'', dijo ella. "El representante puso en claro que estaba en desacuerdo, no con la calificación de la comisionada, sino con la decisión independiente que tomó en un caso''.

Crist dijo el martes en Little Duck Key que estaba "observando la situación'' en la PSC y que respalda la solicitud de Argenziano de una investigación.

"Para mí es muy importante que la Comisión sea independiente y que vele por los intereses del público; después de todo es la Comisión de Servicios Públicos'', dijo Crist. "Así que creo que las medidas tomadas por la comisionada Argenziano son apropiadas''.

Fasano, quien exhortó la semana pasada a que la PSC expulsara a Rudd, ha pedido en público al gobernador que se abstenga de hacer designaciones para llenar los dos puestos vacantes en la PSC hasta que la Comisión complete la revisión de las solicitudes de aumentar las tarifas de la FPL y Progress Energy.

El martes, el republicano por New Port Richey exhortó al presidente del Senado, Jeff Atwater, a convocar a una comisión de ética del Senado para que los legisladores puedan entrevistar bajo juramento a comisionados y empleados de la PSC. Señaló que el panel responsable de tomar decisiones que significan miles de millones de dólares estaba "evidentemente de parte de las compañías de servicios básicos''.

Las audiencias sobre el aumento de tarifas de la FPL por un valor de $1,300 millones duraron dos semanas. La audiencia final está fijada para el 16 de septiembre. La PSC comenzó el martes audiencias sobre las solicitudes de la FPL y Progress Energy de pasar a sus clientes el costo de construir plantas electronucleares. La FPL ha solicitado aumentar en 67 centavos al mes la factura residencial promedio, que usa 1,000 kilovatios/hora y Progress Energy propone añadir $2.38 por cada 1000 kilovatios por hora.

La redactora Cammy Clark, de The Miami Herald, contribuyó a este reportaje. Se puede contactar a Mary Ellen Klas en mklas@MiamiHerald.com

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