Sur de la Florida

Bufete local bajo lupa en caso Stanford

El financiero Allen Stanford (i) camina con grilletes en esta foto del pasado 15 de septiembre de 2009, después de su audiencia ante un juez federal, quien debe considerar la cuestión de su representación legal en Houston, Texas (EEUU). Stanford es acusado por un fraude de 7,000 millones de dólares, en una acusación civil formulada por la Comisión de Valores, que sostiene que Stanford y los principales funcionarios de su grupo de compañías defraudaron a los clientes, aconsejándoles que adquirieran certificados de depósito del Banco Internacional Stanford, que tiene su sede en Antigua.
El financiero Allen Stanford (i) camina con grilletes en esta foto del pasado 15 de septiembre de 2009, después de su audiencia ante un juez federal, quien debe considerar la cuestión de su representación legal en Houston, Texas (EEUU). Stanford es acusado por un fraude de 7,000 millones de dólares, en una acusación civil formulada por la Comisión de Valores, que sostiene que Stanford y los principales funcionarios de su grupo de compañías defraudaron a los clientes, aconsejándoles que adquirieran certificados de depósito del Banco Internacional Stanford, que tiene su sede en Antigua. AP

Ante la amenaza de agentes federales que quieren cerrar su banco, Allen Stanford recurrió a un poderoso bufete de abogados de Miami, Greenberg Traurig.

Stanford International Bank y otras instituciones financieras de Antigua estaban bajo sospecha de lavado de dinero y estaban a punto de ser separados del sistema bancario mundial.

El bufete no sólo salvó el banco, sino que ayudó a Stanford a eliminar a sus competidores y a convertirse en una autoridad normativa de Antigua, pocos años antes que según los fiscales comenzó a robar millones en uno de los mayores casos de fraude en la historia de Estados Unidos.

Una década después, Stanford está acusado en este enorme caso penal y el bufete está bajo la lupa de una investigación ampliada del caso de confabulación de fraude por valor de $7,000 millones que estafó a miles de inversionistas.

Aunque Greenberg Traurig no es objeto de la investigación penal, el bufete enfrenta una revisión jurídica de sus actividades en esta diminuta isla que fue el centro del imperio bancario de Stanford.

El síndico designado por los tribunales que tratan de recuperar dinero para las víctimas exigió que el bufete entregara los documentos de su participación en el caso de Stanford, entre ellos los de Greenberg. Es la medida más reciente para desenredar tanto las complejas transacciones como la conducta de sus abogados.

La exigencia de entregar los documentos ha colocado en una posición poco común a Greenberg Traurig y a otro bufete, Hunton & Williams, que ahora tiene los documentos.

"Estoy seguro de que una de las cosas que investigarán es qué sabía Greenberg Traurig'', dijo Ross Gaffney, ex agente del FBI que investigó a Stanford.

La labor de Greenberg Traurig para asistir a Stanford en 1998 es uno de varios casos en que el bufete miamense promovió los intereses de negocios de Stanford y lo ayudó a salir de una crisis.

The Miami Herald solicitó entrevistas a cinco abogados que representaron a Stanford mientras trabajaban con el bufete. Sólo dos respondieron.

Esos abogados, quienes alegaron razones de confidencialidad, declinaron comentar y se limitaron a ofrecer apoyo jurídico y que no tenían idea de que Stanford estuviera haciendo nada ilegal. César Alvarez, presidente ejecutivo del bufete, también declinó ser entrevistado.

La solicitud de revisión de los archivos jurídicos es una de las medidas más agresivas del interventor en busca de activos en la vasta red bancaria de Stanford.

Mientras presiona para que se le entreguen los documentos, The Herald descubrió que al menos dos de sus transacciones --en Miami y en Antigua-- brindaron a Stanford protección contra las autoridades normativas mientras le sacaba millones a los inversionistas.

Con la ayuda de abogados de Greenberg, Stanford creó en 1998 un enlace directo entre Miami y Antigua que se convirtió en una pieza clave de su imperio bancario.

Mientras el abogado Carlos Loumiet negociaba con las autoridades normativas de la Florida, Stanford estableció una oficina especial en el centro de Miami que podía desviar millones al extranjero sin declararlo al gobierno.

El inusual acuerdo --implementado a pesar de las objeciones del principal abogado bancario de la Florida-- permitió a Stanford abrir la oficina sin someterse a las exigencias legales en materia de fraude y lavado de dinero.

Durante la década siguiente, la oficina de Miami vendió millones en los principales instrumentos financieros de inversión Stanford: certificados de depósito. Los cheques se enviaban en bolsas por avión a Antigua.

Pero mientras se establecía la oficina de Miami, varios escándalos en Antigua obligaron a Stanford a pedir asistencia a sus abogados para cambiar el sistema bancario de la isla y mantener abierta su línea directa con Miami.

El Departamento del Tesoro estudiaba en ese momento la posibilidad de colocar todas las instituciones financieras del paraíso fiscal de Antigua en una lista negra --que prohíbe el acceso al sistema bancario de Estados Unidos-- por lavado de dinero y fraude.

Al ver su fortuna en peligro, Stanford orquestó una costosa campaña para oponerse.

El banquero se reunió con el primer ministro de Antigua, Lester Bird, y acordó financiar un equipo especial para reformar las leyes bancarias del país.

Ese equipo especial, al que pertenecía Loumiet, se reunió en Miami y en la capital de Antigua en busca de formas de evitar las medidas contra los bancos.

En el grupo también estaba el abogado de Greenberg, Patrick O'Brien, ex jefe de la Aduana de Miami, que había dirigido grandes operaciones antinarcóticos, y Lloyd Harrell, ex agente del FBI, de Texas. Otra abogada, Yolanda Suárez, había dejado Greenberg Traurig para convertirse en asesora jurídica de Stanford.

"El objetivo era independizar a la autoridad normativa bancaria del gobierno'', dijo Lebrecht Hesse, funcionario de Antigua que participó en la redacción de las nuevas leyes.

Pero la legislación de 1998 creó una entidad normativa, con Stanford en su junta directiva, medida que concedió a Stanford una amplia protección de las autoridades normativas durante los 10 años siguientes.

"Stanford se convirtió en la práctica en el hombre que controlaba la autoridad normativa'', declaró Rodney Gallagher, ex miembro de la Alta Comisión Británica de Barbados que investigó a Stanford por lavado de dinero.

Un incidente subraya el poder que Stanford adquirió en Antigua cuando era propietario del mayor banco de la isla,

La nueva entidad exigió todos los archivos bancarios secretos de paraíso fiscal, entre ellos los de los competidores de Stanford. La jefa de normación bancaria, Althea Crick, se negó.

Lo que vino después sacudió la clase política de la isla y enfureció a los agentes federales de Estados Unidos.

Harrell, O'Brien y otros se presentaron en el edificio de gobierno de dos pisos que contenía los archivos y se los llevaron a otro lugar en ausencia de Crick, dice Harrell.

Harrell, de 70 años, dice que lo sucedido en febrero de 1999 fue aprobado por la autoridad normativa, entre ellos Erroll Cort, asesor del premier Bird.

"No le aportaba ningún beneficio a Stanford'', dijo. "No se hizo a la sombra. Necesitábamos esos archivos a diario''.

Hay documentos que muestran que Cort fue director de Stanford Trust Company y uno de los abogados de Stanford en Antigua.

Cort no respondió a varias solicitudes de entrevista. O'Brien, que también fue miembro de la directiva de la nueva entidad, declinó comentar al respecto.

Los agentes de Estados Unidos criticaron la toma de los archivos, diciendo que Stanford lo hizo para beneficio propio.

Jonathan Winer, ex subsecretario adjunto de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Policiales, dice que le advirtió a miembros del equipo especial, entre ellos O'Brien y Cort, que el Departamento de Estado consideraba que Stanford estaba jugando un papel peligroso.

"Les dije que lo que estaban haciendo era inaceptable. Todo era sucio''.

Las autoridades federales tomaron medidas, condenando la toma de los archivos y diciendo que había cláusulas importantes en la nueva ley bancaria que debilitaban las medidas para combatir el lavado de dinero.

En abril de 1999 el Departamento del Tesoro envió una inusual advertencia a los bancos estadounidenses, condenado el nuevo papel de Stanford en el sistema bancario de Antigua.

"La junta directiva de la Autoridad Normativa incluye a representantes de las propias instituciones que la entidad debe normar, lo que provoca serias preocupaciones de que esas personas realmente controlan la situación'', dijo William Baity, director de la Red Policial de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.

Las autoridades británicas siguieron el ejemplo unos días después con una advertencia similar.

Entonces Stanford renunció a su cargo y las autoridades de Antigua acordaron cambiar las leyes redactadas por el grupo especial. Un año después, los bancos de la isla fueron sacados de la lista negra del Tesoro de Estados Unidos.

Pero el impulso ganado fue suficiente para ayudar al banco de Stanford durante muchos años.

Como la nueva entidad normativa comenzó a hacer cumplir las nuevas leyes bancarias, la mayoría de los 56 bancos de paraíso fiscal de la isla se eliminaron, y con ellos se fue buena parte de la competencia de Stanford.

Harrell, el supervisor de banca, dijo que la medida logró la eliminación de bancos rusos corruptos, y acredita a O'Brien por haberse valido de su experiencia policial en investigar a los bancos con problemas.

Pero documentos judiciales federales muestran que los bancos de Stanford estaban falsificando informes financieros.

El jefe de Finanzas, James Davis, declaró a la Fiscalía en agosto que él y Stanford empezaron a alterar informes bancarios en 1999 para que los inversionistas vieran rendimientos falsos.

Con millones entrando en su banco de Antigua, Stanford contrató a otro bufete, Hunton & Williams, después que Loumiet comenzó a trabajar allí en el 2001. Para entonces, la base de la red de bancos de Stanford, incluida la lucrativa conexión Miami-Antigua, ya había echado raíces. Crick, de la entidad normativa, quien se opuso a la toma de documentos bancarios, fue reemplazada por Leroy King, aliado de Stanford, en el 2002.

King forjó una estrecha relación con Stanford, encubriendo los asuntos de éste y aceptando miles de dólares en sobornos, según la Fiscalía Federal.

Según el encausamiento, en los seis años siguientes King aceptó más de $200,000 de Stanford para interferir y garantizar que nadie se acercara mucho a su cartera de inversiones.

King, que ahora está encausado en el mismo caso, declinó comentar.

Uno de los grandes desafíos para los agentes federales ha sido seguir la pista a los millones que fluyeron de Estados Unidos a Antigua a través de los años, especialmente desde la oficina de Miami. Más de $800 millones se generaron en Miami hasta el 2007 y los cálculos llegan a $1,000 millones cuando los agentes federales cerraron la operación en febrero.

Ralph Janvey, el interventor nombrado por el tribunal, ha trabajado con los agentes federales, pero ahora ha solicitado más información de los abogados de Stanford.

Loumiet y su bufete han acordado entregar los documentos de la asesoría jurídica a las compañías de Stanford en Estados Unidos, pero están tratando de no revelar detalles confidenciales de las operaciones de Stanford en otros países, como Antigua.

"Hay cuestiones jurídicas de jurisdicción y privilegios de cliente que se deben resolver antes de proceder'', dice Eleanor Kerlow, de Hunton & Williams.

El caso está a cargo del juez David Godbey en Houston.

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