Sur de la Florida

FPL busca aumento para un gasoducto

La Comisión de Servicios Públicos de la Florida (PSC), con un comisionado menos y bajo la mirada de un desconfiado gobernador, decidirá el martes si le permite a la empresa Florida Power & Light (FPL) cobrarles a los consumidores $1,600 millones en los próximos cinco años para la construcción de un gasoducto de 280 millas.

Los cargos sobre el gasoducto no aparecerían en las cuentas de los consumidores sino hasta el 2014, pero se agregarían al polémico aumento de 30 por ciento a la tasa básica que busca cobrar la FPL a partir del 2010, si la PSC aprueba la petición.

La decisión de la PSC, que se redujo a cuatro miembros el lunes luego de la renuncia de la comisionada Katrina McMurrian, precede a la decisión sobre el aumento de la tarifa de la FPL que está prevista para diciembre.

A diferencia de compañías privadas de gasoductos que dependen de los accionistas para financiar sus proyectos, la propuesta de la FPL es diferente, toda vez que busca que los reguladores estatales le permitan a la empresa cobrarles a los consumidores cerca de $288 millones anuales a partir del 2014 para pagar los gastos de construcción de la instalación, que recorrería el largo del estado, desde el condado Bradford hasta la planta de la FPL en el condado Martin.

La compañía también pedirá que se agreguen cargos adicionales de combustible a las cuentas de los consumidores antes de financiar gran parte del proyecto, aunque la FPL todavía no ha detallado exactamente cómo dividirá los costos de la construcción.

La PSC deberá decidir primero si el gasoducto se necesita para transportar combustible a los nuevos generadores de energía que busca la FPL. Después deberá estar de acuerdo con la FPL en que los costos del gasoducto deberán añadirse a las cuentas eléctricas de los consumidores, o exigirle que cree un negocio separado, busque inversionistas y recaude el efectivo sin afectar directamente al consumidor.

Durante las audiencias sobre el caso que tuvieron lugar en agosto, funcionarios de la FPL le expresaron a la PSC que si no pudieran cobrarles a los consumidores directamente por el costo del gasoducto, entonces no lo construirían.

Transportar gas natural a las plantas eléctricas es un mercado competitivo, pero las tasas y el acceso a las líneas son regulados por la Comisión Federal Reguladora de Energía o, como es el caso de la Florida, los reguladores estatales. Varias otras compañías de gasoductos presentaron ofertas para suministrar gas natural a las plantas de la FPL, incluyendo algunas a bajo costo.

Sin embargo, la FPL argumenta que construir el gasoducto creará 3,500 empleos, diversificará los suministros de gas natural y, a largo plazo, le ahorrará dinero a los consumidores. La FPL quiere construir un gasoducto lo suficientemente largo como para almacenar más gas del que necesita y suministrar el resto al mercado abierto. Sin embargo, las interrogantes que existen es si se trata a fin de cuentas de una opción viable.

El debate ha provocado una batalla pública poco usual dentro de la propia PSC. Empleados de una división acusaron a los empleados de otra división de utilizar tácticas intimidatorias para promocionar una posición que esté de acuerdo con la FPL.

La confrontación se hizo tan explosiva el mes pasado, que un empleado de la PSC presentó una queja anónima que llevó al inspector general de la comisión a investigar una posible actitud de indisciplina laboral.

"Se ha argumentado que algunos empleados de la Oficina de Análisis Estratégico y de Asuntos Gubernamentales (SGA) intentó intimidar a otros empleados para que adoptaran su posición'', escribió el inspector general de la PSC, Steven Stolting, en un informe fechado el 16 de septiembre.

En el momento de la disputa, el director de la SGA era Ryder Rudd, el cabildero de la PSC que renunció el mes pasado tras admitir que asistió a una fiesta en la casa de Ed Tancer, vicepresidente de la FPL.

Stolting concluyó que Rudd no tuvo ninguna participación en la disputa, y dijo que no encontró razón ninguna para cuestionar los motivos de los empleados de la SGA "o para respaldar las alegaciones de prejuicios''.

Por consiguiente, el reporte del inspector general motivó que la Florida Gas Transmission Company (FGT), que sería la principal rival de la FPL en la puja para construir el gasoducto, exigiera que el caso fuera dejado a un lado por la PSC. La compañía argumentó que el informe del inspector general demostró que los empleados estaban "prejuiciados sobre el asunto'', y que eso ‘‘pone en cuestión la integridad de todo el proceso''.

El abogado de la FGT, Floyd Self, pidió que el asunto pase a manos de la División de Audiencias Administrativas para que sean ellos los que lo decidan.

Las circunstancias únicas presentadas en el reporte de Stolting "presentan un cuadro de prejuicio potencial por parte de los empleados, así como de intolerancia, e intimidación que no puede ser ignorado'', escribió Self en su moción.

FPL respondió de inmediato, calificando la moción de la FGT de "solicitud falsa'' , y acusó a la empresa de "buscar donde quejarse''.

Documentos obtenidos por el Herald/Times indican que los empleados estuvieron en desacuerdo sobre qué cantidad de dinero la FPL ahorraría a fin de cuentas durante los primeros 30 años del gasoducto. Empleados de la SGA y de la FPL afirmaron que la compañía podría ahorrar entre $200 y $500 millones al no tener que pagarle a otra empresa para que transporte el gas. Otros empleados indicaron que los ahorros que calcula la FGT colocan la cifra cerca de los $26 millones.

  Comentarios