Sur de la Florida

Cómo proteger mejor a los estudiantes de colegios privados

Estudiantes del Keiser Career College hacen sus asignaciones prácticas en la especialidad de Tecnología Quirúrgica, en esta foto de febrero del 2009.
Estudiantes del Keiser Career College hacen sus asignaciones prácticas en la especialidad de Tecnología Quirúrgica, en esta foto de febrero del 2009. Foto de cortesía

Cuando le preguntaron sobre las escuelas con ánimo de lucro de la Florida, la representante estatal Daphne Campbell dijo que ella conoce el tema demasiado bien.

Campbell, demócrata de Miami, afirmó que ha recibido docenas de quejas de estudiantes. A veces, se presentan en su oficina hechos un baño de lágrimas, dijo. Campbell comentó que esas escuelas están “apareciendo por todas partes como gasolineras, porque son un buen negocio, y el único que sufre es el estudiante. Hay que hacer algo al respecto”.

Pero en Tallahassee y en el Congreso federal el poder político de la industria de las escuelas con ánimo de lucro significa que cualquier propuesta de regulación encontrará dificultades. Curtis Austin, director ejecutivo del grupo de cabildeo de esas escuelas en la Florida, dijo que él no se opone a que se pida una rendición de cuentas tan estricta, siempre y cuando se aplique también a las escuelas públicas y sin ánimo de lucro.

“Yo no tengo problemas con ningún tipo de regulación que se establezca, incluso con cosas con las que yo no estoy de acuerdo. A mí no me importa siempre y cuando se le apliquen a todo el mundo”, dijo Austin. “Se suele olvidar que cada tipo de escuela y cada sector tiene sus ventajas y sus desventajas”.

Existen muchas ideas y propuestas sobre cómo proteger mejor a los estudiantes o cómo darles una mejor oportunidad en los tribunales, algunas de las cuales ya han sido puestas en vigor en otros estados. Entre ellas:

Cambios a nivel estatal:

Reformar la agencia de supervisión del estado: Activistas por los consumidores afirman que el panel estatal a cargo de supervisar los colleges con ánimo de lucro, la Comisión por una Educación Independiente (Commission for Independent Education, CIE), no debería estar dominada por ejecutivos de las escuelas con ánimo de lucro. En el 2012, Kentucky abolió su agencia estatal de supervisión y creó una nueva donde los representantes de los colleges con ánimo de lucro ya no eran la mayoría. El cambio tuvo lugar luego de que una auditoría estatal criticó duramente a la antigua agencia de Kentucky por lo inadecuado de su supervisión y por no entender debidamente su papel.

Vincular la ayuda financiera al desempeño escolar: La Florida otorga alrededor de $15 millones al año en becas de ayuda financiera para estudiantes en colleges con ánimo de lucro, sin exigir estándares de desempeño académico. En el 2012, California adoptó estándares de desempeño académico para su programa de becas Cal Grant , exigiendo a las escuelas tasas de graduación por encima del 30 por ciento y tasas de mora de préstamo estudiantil por debajo del 15.5 por ciento. Los estándares de California se aplicaban a todo tipo de escuelas, pero fueron los colleges con ánimo de lucro los que más trabajo pasaron para cumplir con ellos; alrededor del 80 por ciento de las escuelas con ánimo de lucros ya no calificaron.

En la Legislatura de la Florida, dos demócratas del sur de la Florida, el representante de Miami José Javier Rodríguez y el senador de Parkland Jeremy Ring, presentaron esta temporada de sesiones legislativas una propuesta más modesta. La misma eliminaría los fondos estatales a escuelas que tengan tasas de mora de préstamos estudiantiles por encima del 30 por ciento durante tres años consecutivos, o por encima del 40 por ciento en un solo año. La propuesta no ha ganado terreno en la Legislatura.

Ayudar a los estudiantes a recuperar el dinero: Casi 20 estados operan un fondo de recuperación para estudiantes que sean estafados por sus escuelas o dejados en el aire cuando una escuela cierra abruptamente. El fondo funciona como un fondo de autoseguros. Los estudiantes pagan una tarifa pequeña conjuntamente con su matrícula, y se les reembolsan sus “pérdidas económicas” si las cosas salen mal.

Estados tales como Wisconsin exigen a las escuelas tener un depósito de garantía que “asegura que los estudiantes puedan recuperar sus costos de matrícula y otros en caso de que la escuela cierre”.

Florida cuenta con algo llamado Fondo de Protección al Estudiante (Student Protection Fund), pero se usa para pagar a las escuelas, no a los estudiantes. La Comisión por una Educación Independiente paga a una segunda escuela para que los estudiantes puedan terminar un programa en ella si la primera escuela cierra.

Estos programas de “terminación” podrían no ser la mejor opción para los estudiantes; si los estudiantes abandonan el programa luego del cierre de la primera escuela, es posible que se les perdonen sus préstamos estudiantiles federales. Pero una vez que los estudiantes aceptan el programa de terminación, son responsables de todos sus préstamos, y no hay garantía alguna de que la segunda escuela haga un buen trabajo enseñándoles el resto de su programa.

Javier Sánchez, veterano discapacitado de la Guerra de Irak y vecino de Hialeah que estudió en ATI Career Training Center, dijo que lo estafaron robándole la oportunidad de completar su educación durante su programa de “terminación”. Su escuela original, ATI, cerró en medio de alegaciones de fraude, y la escuela a la cual la Florida dio permiso para que terminara el programa de los estudiantes de ATI — Everest University — fue acusada más tarde de fraude generalizado.

Everest prometió invertir en nuevos equipos para los estudiantes de ATI, dijo Sánchez, pero eso nunca se llevó a cabo. El veterano dijo que él se graduó del programa de tecnico de aire acondicionado sin que le enseñaran uno de los temas más importantes: los compresores de aire acondicionado. Y los patronos no contratan a nadie que haya estudiado en ATI, dijo.

Exigir un período más largo de enfriamiento: Los estudiantes de colleges con ánimo de lucro se quejan a veces de que el proceso de matrícula fue demasiado apresurado y ellos no se dieron cuenta de lo que estaban firmando. Para los que se arrepientan, el período de “enfriamiento” del estado (el cual permite cancelar la matrícula y recibir un reembolso completo) es un factor clave.

La Florida cuenta en estos momentos con un período de enfriamiento de tres días para contratos en general, pero las leyes estatales no hacen una mención clara de que esto se aplique a las escuelas, que es lo que Nuevo México ha hecho. En California, la ley afirma que los estudiantes pueden cancelar hasta “la asistencia a la primera sesión de clases, o el séptimo día después de matricularse, lo que se aplique al caso”. Algunas escuelas, tales como la Universidad de Phoenix y Kaplan, ofrecen voluntariamente “periodos de prueba” durante los cuales los estudiantes pueden asistir a clase y aun así echarse atrás sin que se les cobre.

Dar a los estudiantes el derecho a demandar: Las leyes estatales pueden jugar un papel clave en reforzar la capacidad del estudiante de presentar demandas contra las escuelas. Las leyes estatales de California antes daban a los estudiantes el derecho específico de demandar, pero esa cláusula fue eliminada en el 2009 luego de un fuerte trabajo de cabildeo por parte de la industria.

Hacer obligatoria una información de ayuda financiera más clara: Según las leyes federales, los compradores en una concesionaria de automóviles reciben la información sobre el financiamiento de su préstamo en un formulario estandarizado llamado “La verdad sobre el préstamo” (”Truth-in-Lending” ). Pero a las escuelas no se les exige usar un formulario estandarizado cuando presentan información de ayuda financiera, aunque un diploma puede costar cuatro veces más que un automóvil nuevo. En el 2013, Connecticut aprobó una ley que exige a las escuelas entregar esta información usando la “hoja de compra” de ayuda financiera creada por la Oficina de Protección Financiera a los Consumidores y el Departamento de Educación federal.

Restablecer los estándares de calidad para los programas de entrenamiento de atención médica: Entre el 2009 y el 2013, los legisladores de la Florida aprobaron múltiples leyes que debilitaron la supervisión y los estándares de los nuevos programas de enfermería y fisioterapia, y entre otras cosas retiraron a la Junta de Enfermería estatal su papel de investigar las nuevas escuelas de enfermería.

Algunos expertos del área de la salud se oponen firmemente a ambas leyes, y quieren que la Florida regrese a sus antiguas leyes. Miembros de la Junta de Fisioterapia de la Florida han expresado preocupaciones de seguridad pública con respecto a los programas no acreditados. Ann-Lynn Denker, antigua miembro de la Junta de Enfermería, dijo que “la junta debería jugar un papel en supervisar la aprobación de estos nuevos programas. Para eso está ahí. La junta es un organismo regulador. La Legislatura no es el organismo regulador”.

Imponer a la CIE un mandato claro de proteger a los consumidores: Según las leyes estatales, la Comisión por una Educación Independiente tiene que ser la agencia supervisora a nombre de los estudiantes, pero también que supone que “proteja” a los colleges con ánimo de lucro. Críticos de la situación afirman que eso representa un conflicto de interés inherente a la misma, y que las leyes estatales deberían aclarar expresamente que la protección de los consumidores debería ser su misión primaria.

Cambios a nivel federal:

En el 2012, la Comisión de Salud, Educación, Labor y Pensiones del Senado federal concluyó una investigación de dos años a los colleges con ánimo de lucro. Pero, aun después de que el informe salió en los titulares de la prensa, el Congreso no tomó medida alguna.

Durante años, el Congreso ha recibido quejas de los abusos de los colleges con ánimo de lucro, pero la influencia política de la industria — combinada con la paralización política actual en Washington por la lucha entre poderes — hace casi imposible que se aprueben leyes federales para proteger mejor a los consumidores. Entre los cambios de política que sugieren el informe del Senado federal y los grupos de activismo que representan a los consumidores y los estudiantes están:

Acabar con los acuerdos obligatorios de arbitraje: La mayoría de los colleges con ánimo de lucro dependen en gran medida de becas Pell y préstamos estudiantiles federales. Las leyes federales permiten a estas escuelas recibir hasta el 90 por ciento de sus ingresos de ayuda financiera financiada por los contribuyentes.

“¿Cómo puede alguien llamarse a sí mismo una compañía privada con ánimo de lucro cuando entre el 80 y el 90 por ciento de su dinero proviene directamente del gobierno federal?”, preguntó el senador federal Dick Durbin, demócrata de Illinois, quien critica frecuentemente a la industria, en un discurso ante el pleno del Senado pronunciado en marzo del 2015.

Pero esos fondos dan al gobierno federal la capacidad de intervenir. Si quisiera impedir que las escuelas obliguen a los estudiantes a hacer acuerdos obligatorios de arbitraje, el Congreso podría prohibir que las escuelas que aceptan fondos federales lo hagan si quieren conservar el acceso a dichos fondos. Durante la investigación hecha por la comisión del Senado federal, 21 de 27 acuerdos de matrícula que la industria entregó a la comisión incluían una cláusula de arbitraje.

Restituir la opción de bancarrota para los préstamos estudiantiles privados: La matrícula en los colleges con ánimo de lucro es tan costosa que, después de agotar el máximo de los préstamos federales, los estudiantes piden a veces préstamos privados adicionales para pagar por la escuela. Estos préstamos privados pueden tener tasas de interés de dos dígitos, y contienen menos protecciones al consumidor que los préstamos federales.

En el caso de los préstamos federales, por ejemplo, los prestatarios pueden entrar en planes de pago basados en sus ingresos que hacen más manejables sus pagos. Aquellos que reciben préstamos privados generalmente carecen de esta opción. El Proyecto sobre la Deuda Estudiantil (Project on Student Debt), una iniciativa que se esfuerza por hacer más asequibles los estudios superiores, describe los préstamos privados como “una de las maneras más riesgosas de financiar la educación universitaria”.

En el 2005, una ley aprobada por el Congreso restó atractivo a los préstamos privados al hacer que no pudieran ser incluidos en una bancarrota, excepto en casos especiales. Los préstamos federales ya habían sido exentos de bancarrota en la mayoría de los casos a través de una serie de leyes establecidas desde fines de la década de 1970.

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