Sur de la Florida

Personas violentas con problemas mentales no pueden comprar armas en Florida, pero las leyes no funcionan

Decenas de personas se reunieron el pasado 15 de febrero cerca de la escuela Marjory Stoneman Douglas junto a 17 cruces que representaban a las 17 víctimas de uno de las masacres más sangrientas en una escuela de Estados Unidos.
Decenas de personas se reunieron el pasado 15 de febrero cerca de la escuela Marjory Stoneman Douglas junto a 17 cruces que representaban a las 17 víctimas de uno de las masacres más sangrientas en una escuela de Estados Unidos. AP

Después de que un adolescente armado abriera fuego en la secundaria Marjory Stoneman Douglas la semana pasada, el gobernador Rick Scott y muchos de los legisladores republicanos estatales inicialmente eludieron el tema del control de armas y se enfocaron en la salud mental, jurando promover leyes que mantengan las armas alejadas de personas violentas con enfermedades mentales.

Ese mismo mensaje — de que la salud mental es el problema, no las armas de fuego — fue repetido por la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en un atestado debate en CNN la semana pasada.

“¿Sabían que a nivel federal no se requiere que los estados denuncien a personas a las que se les ha prohibido tener armas, que estén locos, o sean asesinos?”, dijo la portavoz de NRA, Dana Loesch, ante las burlas de unas 7,000 personas en el BB&T Center en Sunrise. “¿Cómo pudo pasar [Nikolas Cruz] una verificación de antecedentes? Pudo pasar una verificación de antecedentes porque tenemos un sistema defectuoso”.

En realidad, Florida tiene leyes diseñadas para detectar a personas precisamente como Cruz. Pero no funcionan, dicen los expertos, por una serie de razones. Se han aplicado esporádicamente o incluso se han ignorado. El sistema de salud mental en el estado, que evaluaría, trataría y alertaría sobre problemas potenciales, lamentablemente no cuenta con los fondos suficientes. Y las armas se pueden obtener en internet, en las exhibiciones de armas y en muchas otras formas que esquivan las verificaciones de antecedentes.

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Manifestantes protestan frente a la corte federal en Broward el 17 de febrero del 2018 y exigen un mayor control de las armas en el estado. Joe Raedle Getty Images

Es raro llamar la atención de los actuales controles de salud mental: del casi un millón de verificaciones de antecedentes presentadas por los comerciantes de armas de Florida el año pasado, menos de 900 compradores potenciales fueron rechazados por razones de salud mental. A pesar de las repetidas advertencias a las escuelas y la Policía de que era una amenaza violenta, Nikolas Cruz, de 19 años, pudo comprar legalmente un AR-15, una de las siete armas que poseía.

Según los estatutos de la Florida, los vendedores de armas autorizados no pueden vender armas de fuego hasta que el cliente pase una verificación de antecedentes. Se supone que las personas que han sido ingresadas contra su voluntad para recibir tratamiento psiquiátrico, abuso de sustancias o que se consideran incapacitadas por un tribunal, deben ser informadas a los agentes de la ley de Florida para que las incluyan en los registros. Pero en el 2013, después de reconocer que la ley no registraba al 99 por ciento de los que optaron por el internamiento voluntario en casos de crisis mental, la ley se fortaleció significativamente, dijo Steve Leifman, juez del condado Miami-Dade que preside el grupo de trabajo de la Corte Suprema de Florida sobre la salud mental.

Ahora, tanto el internamiento voluntario como el involuntario deben ser informados, lo que debería ampliar dramáticamente el número de potenciales compradores de armas que saldrían durante una pesquisa de antecedentes.

Una solución que cayó en un saco roto

Pero cinco años después, esa solución ha terminado con un gran vacío: solo uno de los 67 condados del estado, Hillsborough, parece estar cumpliendo con la revisión de la ley.

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Voluntarios transportan cruces que fueron colocadas frente a la secundaria Marjory Stoneman Douglas tras la masacre. Mark Wilson Getty Images

No está claro si el cambio pudo haber evitado que Cruz comprara el rifle AR-15 en febrero del 2017, que usó el pasado Día de San Valentín para matar a 17 alumnos y maestros y herir a otras 15 personas. Los registros emitidos por las autoridades y el sistema escolar del condado Broward hasta el momento no muestran si alguna vez estuvo ingresado en un centro psiquiátrico, voluntariamente o no. La pregunta es por qué.

El jueves, la Policía de Broward dijo que en los últimos dos años las autoridades habían sido advertidas en dos ocasiones de que Cruz pudiera atacar una escuela. Un informe fue entregado al agente asignado al campus, quien renunció esta semana.

Cruz fue reprendido repetidamente en la escuela por su comportamiento perturbador, y cambió de escuela seis veces en tres años, incluido un período en una escuela alternativa para chicos con problemas emocionales y de comportamiento.

En septiembre del 2016, una unidad móvil de una clínica de salud mental fue enviada a Stoneman Douglas después de que Cruz admitió que se había hecho cortaduras por estar deprimido, de acuerdo con los registros del Departamento de Niños y Familias de la Florida (DCF). Un consejero de Henderson Behavioral Health conversó con Cruz, pero determinó que su condición era estable y no hacía falta ingresarlo. La dirección de la escuela no estaba tan segura.

Días después el DCF abrió una investigación. Un consejero escolar le dijo al investigador que Cruz había hablado acerca de conseguir un arma y se preguntó si la decisión de Henderson Behavioral Health era prematura. El investigador interrogó al consejero de Henderson, pero este le aseguró al investigador que la madre de Cruz estaba al tanto y que Cruz no era un riesgo.

La madre de Cruz murió. En noviembre del 2017, la Policía de Broward recibió dos llamadas sobre la creciente colección de pistolas del adolescente. Agentes del condado Palm Beach también fueron llamados a la casa donde se alojaba con un amigo de su madre. Había tenido una pelea con la familia. Pero cuando llegó la policía, la familia se negó a presentar cargos. No está claro si en ese entonces estaba recibiendo tratamiento por problemas mentales.

Según los activistas a favor del control de las armas, el caso muestra por qué las verificaciones de antecedentes por sí solas fracasan cuando se trata del control de armas.

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Josh Levine, 17, a student from Marjory Stoneman Douglas High School, stands at the corner of Westview Drive and University Drive, protesting for tighter gun control on Friday. AL DIAZ adiaz@miamiherald.com

“El sistema es tan bueno como los datos que contiene”, dijo Avery Gardiner, copresidente de la Brady Campaign to Prevent Gun Violence. “Si las instituciones de salud mental no los reportan, entonces la verificación de antecedentes no los detectará. Luego la persona compra un arma a alguien que realiza una verificación de antecedentes. Ahí se puede ver lo poroso que es este asunto”.

Ha habido algún progreso reciente. Florida mejoró sus esfuerzos para informar los registros de salud mental al Sistema Nacional de Verificación Criminal de Antecedentes Instantáneos del FBI (NICS) después de recibir $5 millones en fondos federales en el 2010 y el 2011, aumentando la cantidad de registros de salud mental en la base de datos de 40,775 a más de 140,000 individuos, según un estudio de la organización Mayors Against Illegal Guns (Alcaldes en Contra de las Armas Ilegales).

Pero ese número aún está muy por debajo de otros estados del mismo tamaño. Nueva York tenía 544,398 registros de salud mental en su archivo en diciembre pasado, según los registros de NICS. Florida tenía solo 151,859.

Muchos estados siguen confundidos

En un informe del 2016 al Congreso, el FBI dijo que muchos estados seguían confundidos sobre cómo reportar los registros de salud mental.

Cruz también pudo haber sido pasado por alto porque el sistema de salud mental del estado está muy sobrecargado.

Florida ocupó el puesto 50 en todo el país por sus gastos de salud mental en el 2013, según los informes del año anterior reportados por South Florida Behavioral Health Network. Pero la tenencia de armas cae en el otro extremo del espectro, con 343,288 armas de fuego registradas en el estado en el 2017, según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Eso coloca a Florida detrás de California, segunda en el ranking, un estado con el doble de población. Texas está en primer lugar.

Después de que quedara claro que los condados, incluidos Miami-Dade y Broward, no estaban usando la ley ampliada para incluir los ingresos voluntarios por razones mentales en las verificaciones de antecedentes, Dow dijo que su grupo estudió el asunto e interrogó al personal médico. La agencia trató a 61,000 pacientes el año pasado en los condados Miami-Dade y Monroe con aproximadamente 40,000 en necesidad de servicios de salud mental. De ellos, 6,500 fueron admitidos en virtud de la Ley Baker para las crisis, dijo. Eso significa que, a nivel estatal, debería haber muchos más registros en la base de datos. En lo que va del año, la agencia ha ingresado 3,396 pacientes.

Dow cree que el lapso en los reportes sobre ingresos voluntarios probablemente ocurra en los hospitales y centros de salud mental, donde el personal médico completa la documentación presentada a la oficina del secretario del tribunal. La ley es compleja e incluye confusas excepciones y trámites que requieren una declaración jurada firmada que reconozca que el paciente puede perder sus derechos de poseer armas de fuego. Si la documentación se completa de manera incorrecta, la oficina del secretario se la devolverá, dijo Dow. Para entonces, los pacientes que generalmente permanecen menos de cinco días ingresados ya han desaparecido, dijo.

El gobernador Scott y los legisladores de Florida también dejaron a los médicos preocupados después de aprobar una ley en el 2011 que restringía lo que podían preguntar a sus pacientes sobre las armas que tenían. La ley fue impugnada, pero solo revocada el año pasado.

“No hay controles y ni balance en el sistema”, dijo Dow. “No sabes quién está completando la documentación: el médico o la enfermera. Puedes entrenar a una enfermera y una semana más tarde la enfermera se va. Hay muy poco seguimiento”.

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Estudiantes participan en una protesta contra las armas frente a la Casa Blanca el 19 de febrero del 2018. Olivier Douliery TNS

Las leyes también pueden tomar tiempo en tener una respuesta. Después de que un trabajador de la lotería de Connecticut asesinara a cuatro supervisores en 1999, Connecticut se convirtió en el primer estado en la nación en otorgarle a la policía el poder de quitarle un arma a alguien temporalmente. El procedimiento civil no creó un registro criminal o de problemas mentales y tenía la intención de equilibrar los derechos de los propietarios de armas sin estigmatizar a los enfermos mentales.

Pero durante sus primeros ocho años de vida, rara vez se usó, según un estudio del 2017 dirigido por el psiquiatra de la Universidad de Duke, Jeffrey Swanson. Solo se hicieron 20 confiscaciones por año. Después del tiroteo de Virginia Tech en el 2007, el número de confiscaciones aumentó a aproximadamente 100 por año.

Aunque las cifras eran bajas, revelaron un efecto secundario alentador. La mayoría de los propietarios de armas eran conocidos por los trabajadores de salud mental cuando les incautaban sus armas. Pero solo el 12 por ciento había recibido tratamiento el año anterior. Después de quitárles las armas, el número que decidió buscar tratamiento aumentó a más del doble.

“Confiscarles las armas a veces funcionaba como una señal y un portal en el tratamiento necesario”, dijo el estudio. De las armas retiradas, solo se devolvió el 10 por ciento. A los dueños de las armas también se les revocaron sus permisos.

La ley fue la primera en lo que se ha convertido en un conjunto de leyes de “alarma” alimentadas por el aumento de los tiroteos masivos. Cinco estados ahora tienen tales leyes que permiten no solo aplicar la ley, sino también a los familiares o hasta personas con las que se comparte una casa informar sobre amenazas potenciales para así eliminar las armas. Otros estados también han trabajado para mejorar los informes de verificación de antecedentes.

Pero incluso con los controles adecuados y un mejor tratamiento de salud mental, los defensores del control de armas dicen que la venta de armas y la abundancia de armas de alto calibre no pueden ser ignoradas. Solo en el 2017, según la ATF, en Estados Unidos se fabricaron 9.4 millones de armas de fuego y se importaron 5.1 millones de pistolas.

Una fila difícil y otra fácil

Solo los concesionarios autorizados deben cumplir con las verificaciones de antecedentes. Las ventas en casas de empeño y exhibiciones de armas, a través de manos privadas y en internet no requieren ningún control. Sin verificación de antecedentes universales para todas las ventas de armas, Ari Freilich, un abogado del Giffords Law Center para Prevenir la Violencia con Armas, dijo que Estados Unidos opera como dos filas de seguridad en un aeropuerto: una difícil y otra fácil.

“Si está comprando a un vendedor de armas y hay una verificación de antecedentes, esa fila de seguridad es tan segura como las leyes lo permiten”, dijo. “Pero sin controles, la gente puede pasar por la otra fila de seguridad bailando un vals”.

La falta de informes al respecto podría ser la razón por la que Florida rara vez rechaza una venta de armas debido a un dato de salud mental.

De las 990,314 verificaciones enviadas por los vendedores de armas estatales en el 2017, solo se negaron 871 en todo el estado debido a problemas de salud mental, dijo la portavoz de FDLE, Gretl Plessinger. Debido a que los funcionarios de FDLE solo pueden enumerar una de las razones en la negativa, dijo que es posible que a otros se les hayan negado por varias razones, incluidos delitos y la salud mental. Pero los registros solo mostrarían una causa. En total, el estado negó 12,472 chequeos, dijo Plessinger. En otras palabras, se aprobaron 977,842 ventas.

En los días posteriores al tiroteo, Leifman dijo que Scott y los legisladores lo contactaron para ayudar nuevamente a revisar las leyes de salud mental. Sin embargo, teme que los legisladores busquen soluciones a corto plazo, como ampliar las verificaciones de antecedentes, sin abordar la salud mental básica y el control de armas.

“Hay tantas cosas que hay que tener en cuenta para asegurarse que las personas que tienen una enfermedad reciban la atención adecuada, y la Ley Baker pudiera ser lo menos relevante”, dijo. “Si no cierran las brechas en las ventas de armas, las comunidades siguen sin [centros de salud mental], si luego no hay atención médica a largo plazo, nada va a importar”.

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