Sur de la Florida

Ex alcalde de Sweetwater buscó pensión antes de declararse culpable

Tras 10 años como alcalde de Sweetwater, Manuel “Manny” Maroño había acumulado $316,000 en beneficios de pensión, en un generoso paquete de retiro al cual él no tuvo que contribuir un centavo.

Dos semanas antes de declararse culpable en un caso federal de corrupción pública en noviembre, Maroño intentó canjear esos beneficios. Envió a un emisario a una reunión de la junta municipal que supervisa las pensiones de los oficiales electos con una propuesta: transferir el monto total acumulado en su pensión pública a una cuenta de retiro individual privada (IRA).

Su propuesta, sin embargo, fue denegada.

“Hay tantas cosas raras que han pasado últimamente que solo quiero estar totalmente seguro de que todo lo que se haga sea de manera completamente legal”, dijo el martes el comisionado José Bergouignan, quien preside la junta municipal de pensiones de los oficiales electos. “Nunca antes hemos estado en medio de una situación como esta”.

El abogado municipal Ralph Ventura explicó que los reglamentos municipales no se refieren directamente a la entrega de beneficios tras la suspensión de funcionarios. Por esa razón, Ventura consideró inicialmente que la Ciudad le debía entregar el dinero a Maroño, aunque esto pudiera implicar una futura demanda legal contra el ex alcalde para recuperar el dinero.

Pero una consulta con la Oficina de la Fiscalía General de la Florida aclaró las ambigüedades.

“Bajo las leyes estatales, un alcalde que haya sido suspendido no puede acceder a los beneficios de su cargo”, dijo Ventura, quien sugirió pedir la opinión a la Fiscalía General. “Yo personalmente no habría ordenado el desembolso de ese dinero sin una opinión estatal”.

La cantidad total de dinero en el fondo de pensiones para funcionarios electos de Sweetwater proviene de una contribución mensual de la Ciudad y las ganancias acumuladas en la bolsa de valores.

Armando Rosquete, abogado que representa a Maroño en el caso de corrupción pública, dijo a El Nuevo Herald que no podía comentar sobre la solicitud de su cliente respecto a la pensión. No está claro si el ex alcalde piensa apelar la decisión de la Ciudad. Tampoco está claro por qué Maroño envió a un amigo personal, Marcelo Rodríguez, a representarlo frente a la junta de pensiones, en vez de ir personalmente o enviar a un abogado, como se acostumbra en estos casos.

Pero cuando el ex alcalde fue arrestado en agosto, las autoridades federales emitieron una lista de personas que no debían ser contactadas por Maroño y que podrían ser entrevistadas como testigos en el caso de corrupción pública. Los miembros de la junta de pensiones para funcionarios electos --que incluye a Bergouignan, al comisionado Orlando López y el actual alcalde, José M. Díaz-- formaban parte de esa lista. Díaz no estuvo presente durante la reunión de la junta.

El gobernador Rick Scott suspendió a Maroño el 6 de agosto, el mismo día en que fue arrestado por el FBI acusado de aceptar sobornos por parte de una empresa ficticia a cambio de favores oficiales. Maroño hizo la petición ante la junta de pensión el 30 de octubre. Se declaró culpable en el caso federal el 13 de noviembre y actualmente está esperando su sentencia por el cargo de conspiración para cometer cohecho.                   

Bajo las leyes estatales, los funcionarios públicos pueden perder toda su pensión permanentemente si son encontrados culpables de utilizar su posición política para cometer un delito.

Uno de los casos más sonados de cancelación de una pensión a un funcionario publico fue el del ex jefe de la policía de Miami, Donald Warshaw. El Fondo de Retiro para los Bomberos y Policías determinó en el 2003 que Warshaw no tenía el derecho a recibir el dinero tras ser declarado culpable de desviar unos $70,000 de una organización caritativa de la policía para su uso personal. Pero las ocasiones en que se ha dado una situación similar son escasas.

Las autoridades federales también están investigando a Maroño por sus vínculos con un negocio de grúas que operaba un monopolio en la ciudad de Sweetwater desde el 2009. Los agentes del FBI están indagando si funcionarios y policías municipales recibieron sobornos a cambio de dirigir negocios a esta empresa, que previamente perteneció en parte a Maroño, según registros estatales. Fuentes con conocimiento del caso han dicho que Maroño era un “socio secreto” en el negocio de Southland the Towing Company. Nadie ha sido acusado en este caso.

El Nuevo Herald y CBS4 han reportado sobre estas conexiones cuestionables desde el arresto de Maroño en agosto.

Varias personas que habían trabajado en los negocios de grúas de Maroño también son funcionarios o empleados de la Ciudad de Sweeetwater, incluyendo a su madre, la comisionada Isolina Maroño, el comisionado José Guerra, y el administrador de la flota vehicular, Gilberto “Gil” Chez. Además, el mismo Ventura había sido abogado de Southland, aunque hace un mes se separó de este negocio.

“Dejé a Southland como mi cliente por la excesiva atención de los medios, que me parece injusta”, dijo Ventura el martes.

Las finanzas de Maroño han sufrido un golpe desde su arresto en agosto por el caso de corrupción del FBI. Como alcalde, Maroño recibía $95,000 anuales. Además, varias ciudades que utilizaban a Southland han rescindido sus contratos con la compañía.

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