Sur de la Florida

Ante las amenazas de deportación, estos inmigrantes se preparan para regresar ‘a las sombras’

Lorena Jofre con su hija.
Lorena Jofre con su hija. Getty Images

Hace unos meses Lorena Jofre planeaba comprar un condominio en Miami-Dade y finalmente mudarse con su hija de 7 años a su hogar propio.

Jofre, quien ha vivido la mayoría de su vida en una incertidumbre migratoria, también planeaba cambiar su viejo auto por un vehículo nuevo, gracias a un mejor empleo. Hasta se ilusionó con volver a la universidad y convertirse en maestra o trabajadora social.


Pero sus planes han cambiado drásticamente.

Como muchos otros inmigrantes en el sur de Florida y otras partes del país, ahora Jofre está tomando medidas para convertirse en ilocalizable, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump empezara a implementar la ley de inmigración de manera más agresiva y aumentaran los arrestos de inmigrantes indocumentados.

“Te quedas paralizada, no quieres hacer nada significativo en tu vida. De sólo pensarlo te asustas: ¿Y si no puedo trabajar en unos meses? ¿Y si me tocan a la puerta?”, dijo Jofre, quien vive en el suroeste de Miami-Dade.

Técnicamente, Jofre, una inmigrante chilena, no es indocumentada. Por lo menos hasta enero del 2019 cuenta con DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), un programa que protege de la deportación a los que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y permanecieron en el país ilegalmente. En septiembre, Trump terminó el programa y dio al Congreso hasta el 5 de marzo para aprobar una solución legislativa que diera un estatus legal a las casi 700,000 personas protegidas por DACA.

Pero la fecha pasó sin que se aprobara ninguna legislación.

La falta de una solución por parte del Congreso ha generado incertidumbre entre los inmigrantes con DACA, llamados “DREAMers”, otros con estatus temporal (TPS) y cientos de miles de personas sin ningún estatus legal en Estados Unidos. Ante la inseguridad, inmigrantes indocumentados o que podrían quedarse sin papeles se están mudando a otros barrios o ciudades, han cerrado cuentas bancarias y registrado sus vehículos, casas y hasta negocios a nombre de otras personas.

Jofre, una madre soltera, está considerando abandonar la Florida, donde ha vivido por casi 25 años. Piensa mudarse a un estado santuario, o sea, donde las autoridades locales no cooperen con las agencias de inmigración en el arresto de indocumentados.

Antes de DACA, Jofre trabajaba como mesera, cobrando “por debajo de la mesa”. DACA le permitió obtener mejores trabajos y soñar con un mejor futuro.

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Lorena Jofre en su trabajo, en una compañía de seguros comerciales. Joe Raedle Getty Images

Si se queda sin estatus, Jofre, como otros inmigrantes entrevistados por el Nuevo Herald, dijo que sus opciones son muy limitadas. “Tendría que volver a vivir en las sombras, como he vivido la mayor parte de mi vida en este país”, dijo.

Ni siquiera ha considerado regresar a Chile, un país que casi no recuerda.


“Solo me iría si me sacan y lo haría dando patadas, gritos y dando la pelea para quedarme”, dijo Jofre.

Al escucharla, a su hija Anabell, de 7 años, se le aguan los ojos. Está en primer grado, le gusta su escuela y no quiere vivir en Chile, porque le da miedo.

¿A qué le temes?

Earthquakes” (terremotos), contestó Anabell sin titubear.

Según varios inmigrantes entrevistados, activistas y abogados de inmigración, la mayoría de las personas sin documentos legales o que perderán sus protecciones migratorias, no están considerando como una opción irse de Estados Unidos. Al menos no voluntariamente.

“Para la mayoría de estas personas, este es su hogar. ¿Cómo le dices a alguien que debe abandonar su hogar? Llevan 20, 30 años aquí, han comprado casas, han criado familias”, dijo Santra Denis, de la organización Catalyst Miami, en un foro comunitario organizado recientemente.

“¿Ustedes conocen a alguien que esté planeando y preparándose para irse? Porque yo no”, dijo Denis, cuya organización trabaja con familias inmigrantes.

Muchos se aferran a la esperanza de una reforma migratoria integral, que no solo proteja a los beneficiarios de DACA, sino que incluya a otros grupos de inmigrantes, como aquellos con TPS y los que no tienen papeles. Mientras tanto, en todo el país, familias desesperadas dan pasos para esconderse y proteger a sus hijos en caso de ser deportados.

▪ Hace un mes, en Washington D.C., Cristina compró en la sección de ventas de Facebook un sofá, una lámpara, un escritorio y utensilios de cocina que encontró baratos. Debe amueblar su nuevo apartamento. La inmigrante guatemalteca que ha vivido en el área de Maryland por casi 22 años, se mudó recientemente del vecindario donde vivió por casi una década y dejó todo abandonado.


“Las cosas se están poniendo feas, así que decidimos cambiar de dirección y nos fuimos así, sin decirle nada a los vecinos”, contó Cristina, quien no quiso dar su apellido, mientras su esposo, un trabajador de la construcción, colocaba el sofá en su camioneta.

La hija de Cristina nació en Estados Unidos, hace poco cumplió 21 años de edad y está presentando una solicitud para legalizar a sus padres. Pero Cristina teme que las autoridades de inmigración toquen a su puerta antes de que su hija la pueda ayudar.

“¿Y si me agarra ‘la migra’ antes de tener papeles?”, se pregunta Cristina, que trabaja como conserje en un lujoso hotel. “Me tengo que cuidar”.

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Una inmigrante indocumentada en Miami explica en una nota en la pared de su casa cómo responder ante el llamado de un desconocido, para evitar un allanamiento de las autoridades migratorias. Brenda Medina bmedina@elnuevoherald.com

▪  En un apartamento cerca de La Pequeña Habana, una inmigrante centroamericana indocumentada, recientemente colocó un letrero en la pared de su casa, al lado de la puerta de entrada: “Antes de abrir la puerta: fijarse por la ventana, no abrir a desconocidos, no responder a NADA”. No es solo un consejo para su hija menor, que nació en Estados Unidos, es una advertencia para todos en la familia, en caso de que toquen a la puerta agentes de inmigración.

“A uno le aconsejan que no le abra la puerta [a Inmigración]”, dijo la mujer, que pidió no publicar su nombre.

Unos días antes había cambiado su auto en el concesionario. Otro color, otro modelo y lo registró a nombre de su hija mayor, que es residente legal. Está esperando a que se venza su contrato de alquiler para mudarse. Pero no se quiere ir muy lejos para no cambiar a su hija de escuela.


“Imagínate, mi hija que es ciudadana americana tiene que estar lidiando con las consecuencias de esta incertidumbre”, dijo la inmigrante.

▪ En semanas recientes Lis-Marie Alvarado, una activista de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, ha recibido 10 cartas de poder notarial , que la nombran como guardiana de varios niños. Se las entregaron madres indocumentadas que trabajan en el campo, cuidando niños o limpiando casas, quienes temen que las autoridades de servicios sociales se lleven a sus hijos estadounidenses, en caso de que ellas sean detenidas por ICE.

“Es una responsabilidad enorme y solo se debe hacer con alguien a quien le tienes confianza”, dijo Alvarado, que coordina la campaña “We Belong Together”, en Miami-Dade. “Estas personas no están otorgándome la custodia de sus hijos ni nada así. Pero si sienten la necesidad de darme ese documento para que, en caso de que ellas sean detenidas o deportadas, saber con quién están sus hijos mientras arreglan su situación”.

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Bico, un inmigrante de Haiti que tiene el TPS. C.M. GUERRERO cmguerrero@miamiherald.com

En noviembre, las autoridades de inmigración anunciaron el fin de la protección humanitaria que se otorga a inmigrantes de países que están en conflictos armados o que han sufrido desastres naturales devastadores, como el terremoto del 2010 en Haití. Casi 60,000 haitianos que viven y trabajan en Miami y en todo Estados Unidos se quedarán sin la protección en el 2019 y podrían ser deportados. Lo mismo pasará con cientos de miles de inmigrantes de Nicaragua, El Salvador y Sudán.

Bico, quien pidió que su nombre completo no se publicara, llegó a Estados Unidos desde Haití en el 2001. Permaneció indocumentado por un tiempo, antes de solicitar el estatus de protección temporal TPS. Dijo que no está dispuesto a dejar a sus hijos atrás, cuando expire su estatus, en julio del 2019.

“Se supone que mis hijos estén conmigo, terminando su educación”, dijo Bico, cuya hija de 11 años e hijo de 14 años nacieron en Estados Unidos.

“No conozco a ningún padre que quiera dejar a sus hijos atrás… dejarlos aquí solos. No sabes qué tipo de vida van a llevar”, dijo. “Podrían convertirse en delincuentes y esto es lo que yo estoy tratando de prevenir, como una persona que tiene un TPS, me estresa. ¿Me voy y los dejo atrás? Podrían caer en pandillas, en problemas, y no quiero eso”.


Ahora a Bico, quien trabaja limpiando un aeropuerto local en las noches y madrugadas, le abruma pensar en el futuro cercano. Si pierde la protección y las autoridades tocan a su puerta, ¿se lleva a sus hijos con él a Haití, donde a él se le dificultaría conseguir trabajo y a sus hijos acceder a una buena educación? ¿O se queda en Estados Unidos de manera ilegal, aunque no quiera violar las leyes, para no separar a su familia?

“Desde que anunciaron la decisión he estado pensando qué voy a hacer”, dijo Bico, quien era periodista en Haití antes de inmigrar a Estados unidos. “Para ser honesto, la ley es la ley. Si quieren aplicarla no hay nada que yo pueda hacer. Pero me gustaría que el Congreso legalizara a los que hemos vivido en el país por tanto tiempo”.

Siga a Brenda Medina y a Jacqueline Charles en Twitter: @BrendaMedinar y @Jacquiecharles

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