Sur de la Florida

Informe crítico sobre asilo de discapacitados de la Florida llega a raíz de una extraña muerte

El Centro Educativo Carlton Palms en Mount Dora, Florida.
El Centro Educativo Carlton Palms en Mount Dora, Florida.

El Centro Educativo Carlton Palms, en Mount Dora, en el centro de la Florida, es un lugar precioso. La aislada instalación —la única del estado con licencia para cuidar de floridanos con discapacidades intelectuales y problemas de comportamiento graves— está en medio de tierras agrícolas y tranquilos lagos. En las ramas de los robles cercanos cuelgan largas barbas de musgo

También es el lugar donde William James Lamson, de 26 años, murió la semana pasada tras golpearse la cabeza contra objetos en su habitación, informa la Policía.

Cinco años antes, una niña de Broward que no hablaba sucumbió a la deshidratación pocos días después de llegar a su nuevo hogar. En 1997, fue allí donde Jon Henley, de 14 años, fue hallado muerto en su cama con un nivel bajo de un anticonvulsivo en la sangre. Más recientemente, fue donde los cuidadores le dieron una golpiza a un hombre.

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William James Lamson

“No observé sangre en la habitación [de Lamson]”, dijo un policía del condado Lake en un informe policial del 1ro. de marzo. “Explicaron que el fallecido se hacía daño a sí mismo y se golpeaba la cabeza constantemente”.

Pero sigue siendo un misterio cómo Lamson pudo golpearse la cabeza contra una superficie dura tanto tiempo sin que el personal se lo impidiera.

Hasta el miércoles, Medicina Legal no ha determinado la causa de la muerte, a la espera de las pruebas de toxicología.

La muerte del joven —que en este momento investigan la Agencia para Personas con Discapacidades (APD) de la Florida, la Policía del Condado Lake y el Departamento de Niños y Familias— ocurrió días antes que un grupo financiado con fondos federales emitiera un informe de 33 páginas que detalla “abusos o falta de cuidados” en la instalación.

La investigación del grupo Disability Rights Florida ha arrojado más luz sobre lo que sucede en el lugar, que autoridades estatales han tratado de cerrar desde hace años en medio de numerosos informes de abuso y acuerdos entre el estado y Carlton Palms. Los acuerdos han incluido la instalación obligatoria de vigilancia por video e inspecciones al azar.

En el informe dado a conocer el lunes, el grupo, que revisó 28 alegaciones de abuso o negligencia ocurridos en los primeros nueve meses del 2016, indica que los videos de vigilancia muestran a empleado abofeteando a un residente y otras personas mientras las inmovilizan indebidamente en sillas de restricción de movimiento improvisadas.

El informe también detalla que el personal no pudo explicar las razones por las que un residente tenía un ojo amoratado, y describe como el personal “evita por todos los medios” presentar informes precisos y a tiempo sobre las lesiones sufridas por los residentes.

En el caso del ojo amoratado, la misma persona hizo dos informes sobre la misma lesión después que el residente cambió su versión de lo sucedido cuando un cuidador lo golpeó. El incidente fue reportado a las autoridades estatales casi una semana después, en lugar de un día hábil, como exigen las normas.

En otro caso, un residente estuvo inmovilizado durante casi cuatro horas a pesar de estar “calmado todo el tiempo”. Las leyes de la Florida prohíben inmovilizar a los residentes como castigo.

“Parece algo medieval. No es una camisa de fuerza, pero es una forma moderna de eso”, dijo Matthew Dietz, el abogado de Arnaldo Ríos Soto.

En el 2016, Ríos, entonces de 26 años y quien que sufría de autismo, esquizofrenia y discapacidad intelectual, fue el centro de atención de una noticia de impacto nacional cuando un francotirador de la Policía de North Miami le disparó a un cuidador afroamericano en una pierna mientras el hombre estaba tendido en una calle. Durante todo ese tiempo, Ríos se entretenía con un camión de juguete.

“Colocaban sillas, casi como un pedestal, en medio del salón comunitario. Cuando una persona es inmovilizada, la colocan en la silla de restricción de movimientos mientras todos los residentes observan”, agregó Dietz.

El informe las describe así: “Sillas de respaldar bajo con aditamentos de restricción de movimientos que parecen de construcción casera. Las sillas no tienen apoyo debido para la cabeza y el cuello, ni relleno para proteger los brazos o una construcción adecuada”.

Como cerca de su familia en Miami no había ninguna instalación capaz de manejar los problemas de comportamiento de Ríos, el hombre fue víctima de abusos en Mount Dora. Desde entonces ha sido trasladado a otro lugar.

En respuesta a la investigación de Disability Rights, la APD no disputó las conclusiones del grupo. La portavoz Melanie Etters dijo al Miami Herald el martes que la agencia espera cerrar la instalación, con capacidad para más de 100 personas, para marzo del 2019, y que hasta la fecha “44 personas han sido trasladadas a nuevas instalaciones comunitarias”.

La Legislatura ha intentando dos veces eliminar los fondos destinados a las instalación, lo que habría resultado en su cierre. Pero el texto que habría logrado eso desapareció misteriosamente de las dos iniciativas de ley, según Tony DePalma, de Disability Rights Florida.

Como Carlton Palms es la única instalación de su tipo en el estado, cerrarla habría tenido graves consecuencias para los residentes, muchos de los cuales no pueden vivir en un entorno menos supervisado. Hasta el momento, APD no ha podido desarrollar alternativas aceptables.

La empresa Bellwether Behavioral Health, propietaria de Carlton Palms, no respondió a llamadas telefónicas del Miami Herald sobre la muerte más reciente.

Carol Marbin Miller, redactora del Miami Herald, contribuyó a este reportaje.

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