Sur de la Florida

Algunos de los casos más destacados que han sido procesados por la fiscalía

La ex comisionada condal Miriam Alonso entrando a las instalaciones de la policía luego de ser arrestada el 4 de septiembre del 2002.
La ex comisionada condal Miriam Alonso entrando a las instalaciones de la policía luego de ser arrestada el 4 de septiembre del 2002. Miami Herald / Archivo

Durante las últimas dos décadas, la Fiscalía Estatal de Miami-Dade ha procesado 1,616 casos de corrupción pública, según registros compilados en una base de datos por el Nuevo Herald.

Howard Rosen, un veterano fiscal especializado en la lucha contra la corrupción en Miami-Dade, dijo que a esa cifra de casos anualmente se suman centenares de alegaciones que tras un proceso de indagación suelen ser descartadas por falta de fundamentos.

“Son cientos de alegaciones las que llegan a nuestras oficinas cada año”, dijo Rosen, quien ejerce como director de las unidades de Crimen Organizado, Narcóticos y Fraude de Seguro en la Fiscalía de Miami-Dade. “Es nuestra obligación recibir esas alegaciones y comprobar si efectivamente tienen validez”.

De los 1,616 casos, un total de 145 han sido clasificados por la propia Fiscalía como “casos destacados” al involucrar a funcionarios de alto nivel en el sector público de Miami-Dade, descartando casos de ámbito federal, los cuales están a cargo de la Fiscalía Federal.

Rosen, junto al fiscal de investigaciones especiales José Arrojo; y el jefe de la unidad anticorrupción de la fiscalía, Tim VanderGeisen, coincidieron en que entre los tres casos más importantes procesados por la Fiscalía figuran el de la ex comisionada condal Miriam Alonso, el del ex comisionado de la Ciudad de Miami, Humberto Hernández, y el consultor político Jefrey García, quien laboraba para el congresista demócrata Joe García.

En 1998, el ex comisionado de la la Ciudad de Miami, Humberto Hernández, fue sentenciado a un año de prisión por su participación en una conspiración de fraude electoral tan extensa que las elecciones municipales de ese año fueron anuladas. En aquella oportunidad se realizó casi una treintena de arrestos y se documentó que en dicho proceso electoral un votante muerto, otros que vivían fuera del límite de la ciudad; votantes que dijeron que sus boletas de ausentes fueron llenadas por otros, y otros a los que se les pagó $10 por voto y boletas con testigos falsos.

En el 2002 el fiscal Rosen fue quien tuvo a cargo el caso de Alonso, quien fue acusada con su esposo Leonel, de desviar para beneficio de ambos miles de dólares de contribuciones políticas. Esas donaciones habían sido recolectadas por una organización vecinal creada para ayudar a la comisionada a encarar un revocatorio contra ella.

La pena contra Alonso fue de cuatro meses y medio de prisión, además de una restitución de $250,000 por gastos de la investigación realizada por la unidad anticorrupción de la policía condal.

En el 2013, tras un reportaje del Miami Herald, Jeffrey García, jefe de personal del congresista Joe García, fue investigado y encontrado culpable de solicitar cerca de 1,800 boletas ausentes sin obtener permiso de esos votantes, lo cual infringe la ley electoral de la Florida que permite que sólo los votantes o sus familiares inmediatos soliciten las papeletas.

García fue condenado a 90 días de prisión y 18 meses de libertad condicional, lo que incluye los tres primeros meses bajo arresto domiciliario llevando un monitor GPS.

VanderGeisen enfatizó que aunque en la pena contra Jeffrey García fue sólo 90 días de prisión, el caso adquiere relevancia por la importancia que representa procesar a un protagonista de “la médula del fraude electoral”.

“Creemos que este es un caso muy importante en la lucha anticorrupción porque se trata de un consultor de campañas políticas vinculado a un coingresista”, dijo Vandergeisen.

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