Marco Rubio está tan cansado como usted de ese comercial de televisión que sale en todas partes en que un hombre ruega a familias abrumadas por la adicción a las drogas que llemen para conocer sus opciones de tratamiento.
En momentos que el Congreso trata de controla una crisis nacional de consumo de opioides, el senador Rubio, republicano por la Florida, trata de combatir a compañías que ganan dinero cada vez que un padre o familiar preocupado trata de encontrar una clínica de tratamieto para un ser querido que quiere dejar la adicción.
Rubio planea presentar en las próximas dos semanas un proyecto de ley que prohíbe a los centro de llamadas para referidos que ganen dinero con cada paciente referod sin verificar si el proveedor del tratamiento es una institución respetable, y cambiar el sistema para premiar a las compañías con un historial de conseguir que sus pacientes dejen la adicción.
En este momento, las compañías de llamadas por asuntos de adicción pueden recibir una pequeña comision de los centros de tratamiento por cada persona que le refieren, unos $50, una cifra mínima tomando en cuenta que pueden cobrar $40,000 o más en reclamaciones de seguro. Las clínicas inescrupulosas también pueden echar mano al dinero del seguro enviado a los adictos a laboratorios que cobran miles de dólares por pruebas de drogas rutinarias. Los laboratorios y los llamados sober homes, donde viven los adictos mientras se recuperan, entonces reciben una parte del dinero del seguro en lo que constituye una comisión.
Rubio dijo que el sistema crea adictos y sus planes de seguro son la gallina de los huevos de oro.
"Demasiadas personas están sufriendo porque participantes ilícitos están explotando la epidemia de opioides para ganar dinero", dijo Rubio en un comunicado. "Mi proyecto de ley ayudará a interrumpir el flujo de dinero para los intermediarios de referidos pagados y residencias transitorias de recuperación. Sigo comprometido a abordar este importante asunto que ha afectado a todo el estado".
Esas comisiones en el caso de planes de seguro del gobierno, como Medicare y Medicaid, ya son ilegales. La iniciativa de ley de Rubio ampliaría la prohibición a personas con seguro privado, incluidos los planes de Obamacare.
"El gobierno federal no ha hecho lo suficiente porque sigue activo y es exacerbado por normas federales bien intencionadas", dijo Dave Aronberg, fiscal estatal de Palm Beach, quien ha creado un equipo especial para investigar la industria de tratamiento de la adicción a las drogas, que tanta fuerza tiene en la Florida.
Aronberg dijo que Obamacare clasificó el tratamiento de la adicción a las drogas como un "beneficio de salud esencial", lo que significa que las aseguradoras privadas están obligadas a seguir pagando la cobertura del tratamiento de personas que están en centro de recuperación. Esto debía haber ayudado a evitar que personas necesitadas fueran sacadas de los planes de seguro médico debido a su adicción, pero también incentiva a los centros de recuperación a mantener a los adictos en recuperación porque las aseguradoras están obligadas a seguir pagando.
"El gobierno federal necesita cerrar la llave del dinero. Necesitamos la rehabilitación porque no podemos solucionar la situación con arrestos, pero la rehabilitación tiene que ser legítima. En estos momentos, las leyes tienen la consecuencia adversa de que incentivan las recaída", dijo Aronberg
Solucionar la situación requiere un enfoque múltiple, dijo Aronberg. Modificar los incentivos para premiar a los centros de recuperación que realmente ayudan a los adictos a mantenerse alejados de las drogas, implementar normas para que los centros de rehabilitación permiten a la policía supervisarlos, ampliar la jurisdicción de las autoridades federales de perseguir a los que ofrecen comisiones y combatir la mercadotecnia fraudulenta de compañías que usan prácticas engañosas para atraer clientes son cuatro cosas sobre las que los legisladores en Washington pueden aprobar leyes para cambiar el sistema, dijo Aronberg.
La iniciativa de Rubio no pone fin a la práctica de los referidos para tratamiento de drogadictos, y su despacho dijo que tampoco impide que "organizaciones respetables refieran pacientes a otros proveedores respetables".
Pero en un estado donde 4,728 personas murieron de sobredosis de drogas en el 2016, según los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), y miles más han solicitado ayuda para controlar su adicción, Rubio y Aronberg dicen que el sistema en vigor tiene que modificarse. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que aprobar proyectos de ley sobre la crisis de los opioides será una prioridad del Senado después de cancelarse el receso de agosto, y que la propuesta de Rubio pudiera incluirse en un paquete mayor de proyectos de ley similares a los que la Cámara aprobó el mes pasado.
Alex Daugherty, 202-383-6049, @alextdaugherty
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