Sur de la Florida

Vallas publicitarias en Miami acusan a cruceros de aprovechar propiedades confiscadas en Cuba

Cuban exiles protest agents cruises to Cuba

Cuban-American activists say cruise lines are using confiscated property when they call in Cuba. To take their campaign to the public, they’ve put up two billboards in Miami, Florida.
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Cuban-American activists say cruise lines are using confiscated property when they call in Cuba. To take their campaign to the public, they’ve put up two billboards in Miami, Florida.

Cada vez que Javier García-Bengochea escucha de otro crucero que atraca en el Puerto de Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, aumenta su frustración.

Y estos días son numerosos los cruceros que visitan Cuba. Royal Caribbean International, Oceania Cruises, Viking Ocean Cruises, Azamara Club Cruises, Holland America Line, Regent Seven Seas Cruises y Pearl Seas Cruises ya hacen escala en Santiago o planean hacerlo la próxima temporada.

Para García-Bengochea, esas líneas de cruceros están aprovechándose de propiedades que le robaron.

García-Bengochea, un neurocirujano de Jacksonville, Florida, dice que sus primos, la familia Parreño, eran dueños del 82.5 por ciento de la principal terminal portuaria y almacenes del Puerto de Santiago de Cuba a través de la compañía La Marítima Parreño, confiscada ilegalmente sin compensación por Fidel Castro el 13 de octubre de 1960.

Un primo de García-Bengochea, Alberto Parreño, abogado de Wall Street quien tenía una participación de 25 por ciento en la empresa de la familia y quien se naturalizó estadounidense en 1943, presentó una reclamación por las propiedades confiscadas ante la Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero de Estados Unidos a principios de los años 1960. Al final, dijo García-Bengochea, en los años 1980 le legaron los intereses de su primo en la propiedad de Santiago y otras del resto de la familia.

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A la izquierda, una foto de 1941 de la terminal y almacenes del Puerto de Santiago de Cuba, operados por La Marítima Parreño. La propiedad fue confiscada por el gobierno cubano en 1960. A la derecha, una vista parcial de las mismas instalaciones en el 2016. Mimi Whitefield Cortesía de Javier García-Bengochea

En esta batalla de larga data porque reconozcan los derechos de propiedad en Cuba, García-Bengochea ha declarado ante el Congreso y su abogado ha enviado cartas a las líneas de crucero advirtiéndoles que la propiedad en el Puerto de Santiago fue confiscada sin compensación y que él tiene una reclamación.

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Empleados de La Marítima Parreño en una foto de febrero de 1928. Javier García-Bengochea, un neurocirujano de Jacksonville, Florida, dice que sus primos, la familia Parreño, eran propietarios del 82.5 por ciento de la terminal portuaria y varios almacenes en el Puerto de Santiago de Cuba cuando el gobierno cubano se los confiscó en 1960. Cortesía de Javier García-Bengochea

“Permitir el uso de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses, particularmente por parte de otros estadounidenses, no está en nuestros intereses nacionales”, dijo García-Bengochea. “Eso envía la señal de que el gobierno de Estados Unidos no muestra seriedad en la defensa de las propiedades de estadounidenses confiscadas en otros países. Eso resta seguridad a las inversiones estadounidenses en todo el mundo”.

Así las cosas, una campaña con vallas publicitarias tiene por fin presentar al público su caso y el de otra familia con una reclamación sobre una propiedad en el Puerto de La Habana. La Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición de grupos de derechos humanos y otros del exilio cubano han colocado dos vallas en esquinas de mucho tráfico en Miami.

Los cruceros a Cuba ayuda a financiar crimenes contra la humanidad dice Orlando Gutierrez.

“No cooperen con el robo: Los muelles cubanos son propiedades robadas”, dicen en inglés las vallas.

La Asamblea dice que las vallas, que están en la NW 21 Street al este de LeJeune Road, y en la esquina de NW Miami Court y la 13 Street, tienen por fin “crear conciencia sobre como el turismo apoya y empodera a los opresores en Cuba”.

La campaña es parte de un esfuerzo más agresivo de grupos conservadores del exilio para no solamente advertir a los visitantes que no usen ciertas propiedades en Cuba, sino también para alentar al gobierno del presidente Donald Trump, que tomado una línea más dura sobre la isla, y para hacer cumplir más estrictamente la Ley Helms-Burton.

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El Adonia, un barco crucero de Carnival Corp. con capacidad para 704 pasajeros, cuya borda se ve en el extremo derecho, hizo su primer viaje a Santiago de Cuba en mayo del 2016. Fue el primer crucero en llevar pasajeros estadounidenses a Cuba en medio siglo, pero desde entonces ha sido enviado a otra región y ya no viaja a Santiago. Mimi Whitefield mwhitefield@MiamiHerald.com

“Creo que ven una oportunidad para presionar al gobierno de Trump para que tome medidas más agresivas”, dijo William LeoGrande, profesor de la American University especializado en las relaciones con Cuba. “En momentos que se deterioran las relaciones, mediante una combinación de regulaciones del gobierno de Trump y la reducción del personal estadounidense en la embajada [en La Habana], creo que observan una oportunidad y quieren presionar a su favor”.

La Ley Helms-Burton, llamada técnica la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, fija sanciones potenciales para los que hacen negocios con Cuba, y describe varias condiciones que Cuba debe cumplir, como el compromiso de un nuevo gobierno cubano de organizar elecciones libres y justas en un plazo de 18 meses, antes que pueda levantarse el embargo estadounidense a la isla.

La medida fue firmada en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton cuando aumentaron las tensiones después que dos cazas cubanos derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate, donde perecieron las cuatro personas que viajaban a bordo.

Los que favorecen apretarle la tuerca a Cuba consideran la Ley Helms-Burton su arma preferida.

“Hay un tema emergente entre los que se oponen al acercamiento, que es unirse alrededor de la parte fundamental de la Helms-Burton”, dijo el abogado washingtoniano Robert Muse, quien maneja casos relacionados con Cuba y Estados Unidos. “Es casi como regresar a los viejos tiempos”.

Pero algunas partes de la Ley Helms-Burton, como el Título III, que permite a dueños de propiedades confiscadas por Cuba demandar al gobierno cubano por usar o sacar provecho de esas propiedades confiscadas, nunca se han hecho cumplir. Durante los últimos 22 años, todos los gobiernos de Estados Unidos han hecho dejación del derecho de presentar demandas a tenor con el Título III.

Algunos exiliados que favorecen una línea dura sobre Cuba habían esperado que el presidente Trump cambiara las cosas. Pero el 28 de junio, el secretario de Estado, Mike Pompeo, notificó al Congreso que el 1 de agosto el gobierno de Trump renunciaría a la autoridad que le confiere el Título II durante otros seis meses.

“Veintidós años de exenciones han alejado a Cuba de la democracia”, dijo García-Bengochea. Desde la apertura del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, dijo, ya no son solamente compañías extranjeras las que se aprovechan de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses, sino compañías norteamericanas también.

Las líneas de crucero que viajan a Cuba tienen licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para negociar acuerdos con el gobierno cubano, y mientras el presidente estadounidense decida no aplicar el Título III, esos acuerdos no están sujetos a litigio.

“Esta no es la causa de la industria de los cruceros. No tienen ningún interés en involucrarse en asuntos políticos, y creo que permanecerán neutrales en esto”, dijo Stewart Chiron, asesor del sector. “Ellos hicieron las cosas por los canales legales, todo demoró mucho, ha sido un proceso meticuloso”.

Pero García-Bengochea dice que las líneas de cruceros serán responsables por daños en algún momento: “Les van a pedir cuentas. El asunto es cuándo”.

Pero los que alegan a favor de no hacer cumplir la Ley Helms-Burton dicen que eso evita que los tribunales se vean abrumados por miles de demandas por propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en Cuba. Permitir las demandas, dicen, pudiera afectar las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, es una extralimitación de las leyes estadounidenses y pudiera ser un enorme obstáculo potencial en la normalización de las relaciones con Cuba algún día.

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