Sur de la Florida

Fraude al Medicaid en Florida pudiera dejar a niños autistas sin cobertura

Meghan House, técnica registrada de terapia del comportamiento del Broward Children’s Center, una entidad sin fines de lucro de Pompano Beach, trabaja con un niño necesitado de análisis del comportamiento, una terapia que ayuda a los menores con autismo y otras discapacidades del desarrollo a vivir una vida más independiente.
Meghan House, técnica registrada de terapia del comportamiento del Broward Children’s Center, una entidad sin fines de lucro de Pompano Beach, trabaja con un niño necesitado de análisis del comportamiento, una terapia que ayuda a los menores con autismo y otras discapacidades del desarrollo a vivir una vida más independiente. Cortesía del Broward Children's Center

Seis terapistas del comportamiento de una compañía con oficinas en Miami Lakes y Fort Lauderdale facturaron al estado “una cifra imposible” de horas de servicio, que en algunos casos habría significado que trabajaron más de 24 horas en un día, concluyeron investigadores estatales como parte de una pesquisa por estafa al Medicaid.

Los terapistas, quienes trabajan en lo fundamental con niños de familias de bajos ingresos que padecen de autismo y otras discapacidades del desarrollo, fueron suspendidos por el Medicaid la semana pasada. No fue posible contactar a la compañía que los empleaba, DRA Behavioral Health. DRA estuvo entre cuatro compañías que ofrecían terapias del comportamiento sancionadas por la Agencia para la Administración de Servicios Médicos (AHCA) la semana pasada por no pagar multas, contratar terapistas no calificados y no entregar al estado información clave.

Estas compañías son:

MGM Behavioral, que acordó devolver al estado más de $1 millón sobre la base de que usó terapistas no calificados. Sai Rivero, un administrador de MGM en sus oficinas de Miami Lakes, dijo que la compañía había usado terapistas capacitados en otros países, como Cuba, y cuya experiencia y títulos profesionales no estaban reconocidos por el estado.

Harmony Mental Health and Behavioral Services, que fue suspendida por el Medicaid por no pagar una multa de $2,500 ni entregar registros de sus empleados. No ha sido posible contactar a Harmony para que comente al respecto.

Meli Medical Center, con una oficina en Hialeah Gardens, fue suspendida por el Medicaid y le impusieron una multa de $10,000 porque el propietario, Orlando Chillon, supuestamente no reveló que el estado le había revocado en el 2007 su licencia de plomero. El abogado de Chillon no respondió a repetidas solicitudes de comentario.

Autoridades de la AHCA indicaron en el anuncio que “es crítico que la agencia asegure la salud, seguridad y bienestar de los niños que reciben este servicio”.

Pero aunque la AHCA, la entidad estatal que administra el Medicaid en la Florida, sigue adelante con su investigación de los servicios de análisis del comportamiento pagados por el Medicaid, escuelas y programas que ofrecen terapias especializadas a los niños dicen que la agencia está demorando la autorización de tratamiento y nuevos terapistas, lo que de hecho impide que los niños reciban la terapia que necesitan durante meses, a la vez que reduce los costos para el estado.

Demoras ‘inexcusables’

La Asociación para el Análisis del Comportamiento de la Florida (FABA), una entidad estatal sin fines de lucro que promueve este tipo de terapia —para corregir problemas de comportamiento en niños con discapacidades del desarrollo— dijo que las demoras afectan a los menores necesitados de esos servicios.

“Estas demoras son inexcusables y están afectando a muchos niños y familias que necesitan desesperadamente los servicios de analistas del comportamiento calificados”, dijo Nikki Dickens, presidenta de la FABA, en un comunicado. “El gobierno de nuestro estado sencillamente no puede sentarse a esperar mientras estos niños vulnerables sufren como resultado de una burocracia ineficiente”.

En mayo, la AHCA impuso una moratoria a la inscripción de nuevos proveedores de terapia del comportamiento en Miami-Dade y Broward, alegando una gran cantidad de estafas, como las de terapistas que falsifican credenciales y facturan demasiadas horas. Las sanciones fueron anunciadas la semana pasada como parte de esa investigación.

Pero algunos proveedores en Miami-Dade dicen que la AHCA usó información errónea o vieja como razón para suspender a los terapistas del Medicaid y entonces obligó a los proveedores a devolver miles de dólares.

Lissa Torres, fundadora de la Carpe Diem Academy, una escuela que sirve a niños con discapacidades en los condados Miami-Dade y Monroe, dijo que el pagó $16,000 a la AHCA en mayo para saldar alegaciones de que tres terapistas de la escuela habían facturado fraudulentamente al Medicaid.

Unas cuatro semanas después que Torres le pagó a la AHCA, dijo que la agencia le envió el informe de su investigación.

“Todo, excepto $511, fue un error de parte de ellos, y tengo las pruebas”, afirmó.

Torres dijo que la AHCA basó sus conclusiones en una auditoría realizada por el propio personal de Carpe Diem en diciembre, aunque la información ya no estaba actualizada cuando el estado la estudió. Así las cosas, el estado concluyó incorrectamente que un terapista estaba facturando falsamente servicios —el terapista se había marchado pero después regresó— y otro que supuestamente no tenía autorización para facturar al Medicaid, aunque sí la tenía, explicó Torres.

Cuando trató de señalarle el error a AHCA, Torres dijo que le informaron que su caso ya estaba “resuelto” y se negaron a discutirlo.

Torres dijo que la AHCA entonces suspendió a 10 de los terapistas de la escuela en julio —aproximadamente la mitad del personal del centro— alegando que no tenían las credenciales debidas para ofrecer análisis del comportamiento, aunque el estado había autorizado anteriormente a esos mismos terapistas para trabajar con el Medicaid.

Mallory McManus, secretaria de prensa de la AHCA, indicó en un comunicado que Carpe Diem tuvo “el debido proceso”.

“El proveedor aceptó que se le pagó en exceso, en vez de que la agencia le hiciera su propia auditoría”, dijo McManus. “De hecho, este proveedor, en al menos una ocasión, le facturó servicios de análisis del comportamiento por más de 24 horas en un solo día, algo que claramente es imposible”.

Cuestionamiento de credenciales

Torres dijo que volvió a presentar a la AHCA todos los documentos requeridos para cada uno de los terapistas suspendidos, que mostraban que tenían las credenciales adecuadas, pero no ha sucedido nada. Por ahora, dijo Torres, ella misma está pagando a los terapistas de su propio bolsillo, mientras espera que la AHCA los vuelva a autorizar.

“Tengo la tarjeta de crédito al máximo y estoy estudiando tomar un préstamo sobre el valor acumulado de mi casa. Yo prometí estos servicios a padres y familias, no los puedo abandonar ahora”, dijo.

Torres explicó que Carpe Diem sirve a unas 150 familias en sus locales en Kendall, La Pequeña Habana y Cayo Largo, y le preocupa que sus alumnos pierdan lo que han avanzado mediante la terapia de análisis del comportamiento, el único tratamiento para el autismo basado en pruebas y apoyado por los Centros de Servicio del Medicare y Medicaid, el secretario de Salubridad de Estados Unidos, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, la Academia de Pediatría de Estados Unidos y otras entidades oficiales.

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Matthew Valentini (derecha), técnico registrado de terapia del comportamiento, de la Carpe Diem Academy, una escuela para niños con necesidades especiales, atiende al alumno Ezequiel Zapata. Cortesía de la Carpe Diem Academy

“Nosotros prestamos servicios a niños con [discapacidades severas], y algunos de estos terapistas llevan más de un año trabajando con los niños”, dijo Torres. “¿Qué ocurre con la continuación de los servicios? Jurídicamente, estos niños tienen derecho a estos servicios”.

Lori Sugar, analista certificada de terapia de análisis del comportamiento del Broward Children’s Center, dijo que las demoras en la autorización del estado para nuevos terapistas han provocado que su organización tenga que rechazar familias con Medicaid cuyos hijos necesitan la terapia.

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