Sur de la Florida

Florida decide si dará derecho a voto a 1,5 millones de ex convictos

Gente espera a depositar sus boletas electorales durante la votación temprana en un centro comunitario el 25 de octubre de 2018 en Potomac, Maryland.
Gente espera a depositar sus boletas electorales durante la votación temprana en un centro comunitario el 25 de octubre de 2018 en Potomac, Maryland. AFP/Getty Images

Yraida Guanipa salió de prisión hace más de diez años pero no puede votar en noviembre. Como ella, un millón y medio de personas en Florida están inhabilitadas electoralmente por una ley de hace 150 años diseñada para impedir el sufragio a los antiguos esclavos.

En Florida, 10% de la población adulta no puede votar porque este estado del sureste de Estados Unidos inhabilita a los ex convictos aún después de haber cumplido sus sentencias.

“Se siente como que no somos ciudadanos. Como que somos otra clase de personas, una sociedad inferior que no puede hablar”, dice Guanipa, una expresa de 56 años.

Técnicamente, esta restricción data del período posterior a la Guerra Civil.

Frustrados por el Congreso de Estados Unidos, que forzó a todos los estados a garantizar los derechos civiles de los antiguos esclavos, los legisladores de Florida optaron por impedir el voto a los ex convictos, un número desproporcionado de los cuales eran negros.

En aquella época, “los legisladores, especialmente los del Sur, implementaron una serie de leyes criminales diseñadas para encarcelar a ciudadanos negros”, dijo Erin Kelley, experta en derechos electorales del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.

Esta cláusula, que hoy día afecta particularmente a las comunidades negra e hispana, irá a referéndum en las elecciones de medio mandato del 6 de noviembre.

La Enmienda 4 propone devolver automáticamente el voto a los condenados que ya cumplieron sus sentencias, siempre que no hayan cometido asesinatos o delitos sexuales.

- Un proceso lento -

Guanipa salió de prisión en 2007 después de haber pasado casi 12 años presa por una condena vinculada a la distribución de drogas.

“Y allí empecé a ver las tripas de este país y las cosas que tenemos que cambiar”, cuenta esta venezolana nacionalizada estadounidense.

Habla con AFP desde su escritorio en el YG Institute en Miami, una ONG fundada por ella para ayudar a otros ex presos en su transición a la libertad.

Actualmente, los ex reos tienen que esperar un mínimo de cinco años tras cumplir su sentencia para aplicar a la restitución de su derecho a votar.

Defensores del statu quo como Richard Harrison, de la Florida Rights Coalition, dicen que el texto de la Enmienda “no considera (…) la naturaleza del crimen cometido ni el daño que le causó a las víctimas”, ni estima “la historia criminal del convicto”.

Pero los críticos dicen que el proceso actual -que comporta una revisión de cada caso por una “junta de clemencia”- es lento y arbitrario.

Para algunos, puede tomar décadas.

“O sea, en mi caso, yo estaré a lo mejor muerta antes de poder yo llegar a votar”, dice Guanipa.

- ¿Por qué importa? -

En todo el país, seis millones de personas no pueden votar porque cometieron un delito, y la mayor parte de ellos están en Florida, un estado clave a la hora de decidir quién habitará la Casa Blanca.

Si la Enmienda 4 es aprobada -probable, según las encuestas-, 1,5 millones de ex presos floridanos que ya cumplieron su sentencia podrán votar en las elecciones presidenciales de 2020.

Pero si ello beneficiará a los demócratas o republicanos, está por verse.

“La suposición común es que una gran porción de estos convictos inhabilitados se inclinarán hacia los demócratas”, dijo a la AFP la analista política Susan MacManus, profesora de la Universidad del Sur de Florida (USF).

Pero Gregory Koger, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Miami, opina que las implicaciones son todavía muy difusas, porque hay que tomar en cuenta que los que tienen menor nivel educativo tienden a votar republicano.

Además, “tendrían que registrarse para votar y luego ir a las urnas. No está claro cuántos de ellos harán eso”, dijo a la AFP.

- “Completamente antiestadounidense” -

A principios de año, un juez federal en Florida declaró inconstitucional la forma en que la “junta de clemencia” devuelve o no el derecho al voto a los ex convictos, porque sus decisiones son tomadas arbitrariamente.

El caso está en apelación y Guanipa es una de las querellantes.

Jon Sherman, del bufete que lleva la demanda (Fair Elections Center), dijo a la AFP que ésta es “la peor crisis de derechos electorales en Estados Unidos”.

En el país “no existe otra inhabilitación electoral parecida al nivel en el que Florida inhabilita, durante años y décadas, a la gente que tuvo condenas criminales”, dice Sherman. “Es completamente injusto, antiestadounidense e inconstitucional”.

Los detractores de la inhabilitación acusan a esta ley de ser racista desde su origen.

La ley afecta desproporcionadamente a la población negra: uno de cada cinco afroestadounidenses (21%) no puede votar en Florida, según la ONG The Sentencing Project.

Los expertos dicen que no hay estudios equivalentes sobre los hispanos, pero remiten a una investigación de 2003 de la ONG MALDEF, que concluyó que la comunidad latina es inhabilitada electoralmente en tasas mayores a las de la población general.

“La ley se hizo para quitarles a los afroestadounidenses el derecho al voto. No estábamos nosotros los hispanos”, dice Guanipa. “Pero cuando llegamos, dijeron ‘bueno, vamos a agarrar a estos también'”.

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