Sur de la Florida

Cámara estatal aprueba prohibición a ‘ciudades santuario’ en la Florida

Activistas protestan para que se vote en contra de ley que prohibiría las ciudades santuario en Florida

Inmigrantes y activistas visitaron la oficina del senador republicano Manny Díaz. Jr., representante de Hialeah Gardens, el 17 de abril de 2019 para pedir que vote en contra del proyecto de ley 168, que prohibiría las ciudades santuario en Florida.
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Inmigrantes y activistas visitaron la oficina del senador republicano Manny Díaz. Jr., representante de Hialeah Gardens, el 17 de abril de 2019 para pedir que vote en contra del proyecto de ley 168, que prohibiría las ciudades santuario en Florida.

Después de un debate exhaustivo de dos días sobre un proyecto de ley que prohíbe las llamadas ciudades santuario, la Cámara de Representantes de la Florida aprobó la propuesta en una votación de 69 a 47.

El proyecto de ley establece reglas relacionadas con el cumplimiento de las leyes federales de inmigración al prohibir políticas de “santuario” y exige que las policías estatal y locales cumplan las solicitudes de retención de la Policía de Inmigración y Aduanas de personas que se creen que son “extranjeros deportables” según las leyes federales.

El proyecto de ley básicamente convierte en obligación esas solicitudes.

Representantes demócratas dedicaron casi dos horas el martes por la noche a cuestionar la iniciativa, y otra hora a presentar más de 30 enmiendas, que abordaban temas como la protección de víctimas y testigos, reembolso de costos y exenciones para personas que han solicitado el estatus de refugiados.

En el preludio a la votación final en la Cámara, los argumentos sobre el proyecto de ley han llevado a protestas en el Capitolio estatal, sentadas en oficinas distritales e incluso una advertencia de la ACLU para que la gente no viaje a la Florida.

Defensores de los inmigrantes y algunos líderes religiosos han dicho que la iniciativa erosiona la confianza en los cuerpos policiales y pudiera causar daños a la economía estatal por valor de $3,500 millones, según la American Business and Immigration Coalition. Más de 120 líderes empresariales han firmado una carta en que exhortaban a los legisladores a rechazar el proyecto de ley.

Por su parte, el jefe de la Policía de Miami, Jorge Colina, también ha rechazado la propuesta y el mes pasado dijo en una entrevista en Actualidad Radio 1040 AM: “La verdad es que prefiero no tener este cargo si tengo que pedir a mis agentes que verifiquen el estatus de alguien antes de ayudarlo”.

Varios republicanos contaron en el pleno sus historias relacionadas con la inmigración, como la del asistente legislativo del representante Randy Fine, de Palm Bay, quien estuvo cinco años tratando de venir a Estados Unidos desde Rusia, y Ardian Zika, representante por Land O’Lakes, quien huyó de la discriminación étnica en Kosovo. Dijeron que rechazar el proyecto de ley es irrespetar a las personas que vinieron legalmente a Estados Unidos.

Por su parte, el representante Cord Byrd, republicano por Neptune Beach y patrocinador de la iniciativa, dijo que su única meta es asegurar que en los 67 condados de la Florida se respete lo que dijo es “el imperio de la ley” para asegurar la inmigración legal.

“Somos más que una fuente de empleos. Somos una nación de ciudadanos gobernados por la ley”, dijo. “No creo que sea mucho pedir que respeten nuestras leyes, sin importar las razones por las que decidieron venir a Estados Unidos”.

En sus palabras finales sobre el proyecto de ley, Byrd habló de cuando creció en Miami, cuando escuchó historias de inmigrantes de los otros niños con quienes iba a la escuela. Calificó de “demagogia” la postura de los demócratas y dijo que la Cámara merece un debate mejor.

“En algún momento la ley queda desacreditada. Queda desacreditada cuando no la cumplimos”, dijo. “No creo que hace falta ser inmigrante para entender las historias de los inmigrantes”.

Aunque en la Florida no hay ninguna “ciudad santuario”, la ley incluye una definición. La iniciativa se basa en la regla de que los empleados de gobiernos estatales y funcionarios electos que permitan políticas de tipo santuario pueden ser suspendidos o destituidos. La propuesta también incluye multas de un máximo de $5,000 por cada día que una norma de tipo santuario esté vigente.

El tema de Venezuela y los que buscan asilo al huir del régimen de Nicolás Maduro se escuchó con frecuencia en el debate, y los demócratas exhortaron a los republicanos a pensar en los inmigrantes venezolanos que viven en las comunidades que representan, como Miami-Dade.

El senador republicano Manny Díaz Jr., de Miami, ha presentado una resolución de solidaridad con los venezolanos, y el gobernador Ron DeSantis reconoció públicamente al presidente interino Juan Guaidó como el líder de Venezuela.

“Usted solamente defiende al pueblo venezolano cuando es conveniente para una conferencia de prensa”, dijo la representante Cindy Polo, de Miami, quien más tarde pronunció un discurso emotivo sobre sus padres, inmigrantes colombianos, y lo que los inmigrantes sacrifican para venir a Estados Unidos.

“No todos llegamos de la misma manera”, dijo. “No nos tratan igual. Algunas de nuestras historias son parecidas, pero otras son diferentes. Pero todas las historias tienen valor. He prometido hablar a nombre de los más vulnerables y defender a los que no tienen voz“.

El representante Carlos Guillermo Smith, de Orlando, también habló sobre Venezuela en el pleno, y pidió a la mayoría que tuviera en cuenta lo que los demócratas “al final del salón” tienen que decir sobre comunidades representadas por republicanos de Miami.

“Este proyecto de ley aumenta la deportación de todos los inmigrantes indocumentados, entre ellos los que no han sido declarados culpables de ningún delito grave. También aumenta la deportación de venezolanos que solicitan asilo después de huir de Maduro”, dijo Smith el martes. “¿No están los republicanos tratando de ayudar a los venezolanos? Lo que son es una grandes hipócritas”.

Smith presentó varias enmiendas, entre ellas una que cambia la definición de “entidades estatales” para reducir su alcance y proteger a los empleados estatales y escolares. En este momento, los empleados de centros estatales de estudios superiores pueden ser responsables de demostrar “su mejor esfuerzo” para cooperar con el ICE.

“Esta legislación es peligrosamente amplia”, dijo Smith. “El trabajo de estas personas no es ser soplones del ICE”.


Sin embargo el jefe de la Policía del Condado Pinellas, Bob Gualtieri, ha dicho que cumplir las solicitudes del ICE es parte del trabajo.

En el 2018 Gualtieri lideró una propuesta que permitía a la policía local mantener detenidos a los inmigrantes indocumentados hasta que el ICE los recogiera. El jefe policial dijo que los opositores al proyecto de ley están “desinformados” y que el Condado Pinellas ha estado haciendo eso desde hace años.

“Nadie nos ha demandando porque lo hacemos legalmente”, dijo el mes pasado.

El senador Joe Gruters, patrocinador de la ley en ese foro y presidente del Partido Republicano de la Florida, ha hecho del tema su mayor prioridad en este período de sesiones, y el martes dijo que está decidido a que se apruebe la ley este año.

“Me alegra ser el catalizador para que esto se haga realidad”, dijo Gruters. “Y nuestro gobernador Ron DeSantis ha hecho de esto una prioridad. Por eso es que está avanzando”.

La propuesta del Senado no incluye penalidades, pero da al procurador general de la Florida autoridad para presentar acciones civiles contra municipalidades que no cooperen con las autoridades federales de inmigración.

Los demócratas de Senado se han opuesto a la versión de la ley en ese foro. Solamente un republicano, la senadora Anitere Flores, de Miami, se ha expresado contra la propuesta. Esa versión se debatirá en el pleno del Senado este jueves. El período de sesiones concluye el 3 de mayo.

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