Sur de la Florida

Tres legisladoras exigen investigar contrato otorgado a centro de detención de niños migrantes en Homestead

Niños migrantes en el albergue temporal de Homestead, Florida, en una imagen del 19 de abril de 2019.
Niños migrantes en el albergue temporal de Homestead, Florida, en una imagen del 19 de abril de 2019. mocner@miamiherald.com

Tres legisladoras federales del sur de la Florida han pedido que se investigue un contrato sin licitación de $341 millones otorgado recientemente a la compañía que opera el centro de detención de niños migrantes de Homestead.

El contrato se otorgó en momentos que el general retirado John Kelly, ex secretario de la presidencia de Donald Trump, se incorporó a la junta asesora de la compañía matriz del operador del centro. Kelly defendió y ayudó a implementar la política del presidente de separar a los menores de sus padres al llegar a la frontera de Estados Unidos. A la luz de eso, Kelly no debe estar ayudando a supervisar una compañía que se beneficia de la misma política, han dicho críticos de la decisión.

Aunque el centro de Homestead es fundamentalmente para menores que han llegado solos a Estados Unidos, los niños separados de sus padres también han estado detenidos en el lugar.

En una carta enviada el lunes al inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, las representantes federales Donna Shalala, Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mucarsel-Powell exigieron que el inspector general investigue cómo se otorgó el contrato y explique qué papel jugó Kelly, si ese fue el caso, en el trato.

“Es desconcertante que un contrato crítico sea otorgado sin un proceso de licitación abierta con las autorizaciones apropiadas. Solicitamos respetuosamente que su despacho realice una auditoría del proceso de contratación del departamento”, expresa la carta.

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(De izq. a der.): Las representantes federales Debbie Wasserman Schultz, Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Powell, todas demócratas por la Florida, se preparan para dirigirse a los reporteros tras negárseles la entrada en el albergue temporal para menores no acompañados de Homestead, en una imagen del lunes 8 de abril de 2019. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Lo que es más, queremos... pedir que se aclare la participación e influencia [de Kelly] en el proceso. Nos parece preocupante que la participación del general en la administración llevó a un aumento significativo de tanto la cantidad de menores en la instalación de Homestead como el tiempo que esos niños pasan bajo custodia del gobierno”.

La carta se envía dos semanas después que el Miami Herald arrojó luz sobre una serie de contratos a corto plazo entregados a Comprehensive Health Services, una filial de Caliburn International, que a su vez pertenece a la firma de capital privado DC Capital Partners. La junta asesora de DC Capital está integrada por varios ex altos funcionarios de seguridad nacional, diplomáticos y militares. A los miembros de la junta les pagan $100,000 anuales, según documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Una semana después que el artículo del Herald se publicó, Kelly, quien fue secretario de Seguridad Nacional de Trump antes de ser nombrado secretario de la presidencia, anunció que había reintegrado la junta, en que la sirvió antes de empezar a trabajar en el gobierno de Trump.

Ese anuncio se hizo un mes después que Kelly fue visto entrando al centro de detención de Homestead en un carrito de golf. Aunque en ese momento no se había hecho ningún anuncio, fuentes han dicho al Herald que ya se había reintegrado a la junta asesora.

“Como asunto de norma, el Departamento de Seguridad Nacional no hace declaraciones sobre investigaciones del Congreso”, indicó el HHS al Miami Herald en un correo electrónico el martes.

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“Es imperativo que se obligue a [Comprehensive Health] a cumplir las normas estatales y federales de cuidado de menores y que los derechos humanos y la dignidad de esos menores no acompañados se proteja”, expresa la carta.

El centro, que está en las afueras de Homestead, fue abierto inicialmente durante el gobierno del presidente Obama, pero lo cerraron más tarde cuando bajó la cantidad de migrantes que llegaban desde México. Lo reabrieron en febrero de 2018 durante el gobierno de Trump, y desde entonces su operación ha sido poco menos que un secreto. Como está ubicado en terrenos federales, la agencia de bienestar infantil de la Florida no puede investigar ninguna alegación de abusos.

A principios de abril de 2019, el HHS negó a Wasserman Schultz, Shalala y Mucarsel-Powell entrar al lugar sin autorización previa, a pesar de una nueva ley que ordena dar acceso a los legisladores.

Las legisladoras visitaron el lugar sobre la base de la Sección 234 de la ley 115-245 (la Ley de Asignaciones de 2019 del Departamento de Salud y Servicios Humanos), que se enmendó este año para incluir que no se puede prohibir a los legisladores federales “que entren, para propósitos de supervisión, a ninguna instalación federal que se use para mantener la custodia o albergar a menores extranjeros no acompañados”.

El HHS declinó hacer declaraciones sobre la solicitud de los legisladores pero dijo al Herald: “Para asegurar que una visita a la instalación no afecte la seguridad y el bienestar de los menores, exigimos una notificación de al menos dos semanas, a conveniencia de la instalación. Esta ha sido la norma desde 2015”.

En la carta del lunes, las legisladoras mencionaron un recorrido anterior.

“Las condiciones que observamos durante nuestras primeras visitas eran inaceptables, incluso para una instalación de detención temporal. A pesar de esas malas condiciones, el departamento ha ofrecido recientemente al operador del albergue de Homestead un nuevo contrato, que según vemos le significará casi $500 millones en dinero del contribuyente para finales del año”.

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Interior del albergue temporal para menores no acompañados de Homestead. U.S. Department of Health and Human Services

Por lo general, los contratos del gobierno están sujetos a normas, estatutos y regulaciones que alientan la competencia para asegurar que el dinero del contribuyente se gaste debidamente.

Sin embargo, funcionarios federales han dicho al Herald que su decisión de entregar a Comprehensive Health Services el nuevo contrato sin licitación se debió a “una urgencia inusual y convincente”.

La cantidad de migrantes que llegan al país, incluidos los menores no acompañados, se ha disparado en meses recientes.

El HHS expresó en un comunicado: “En este momento, [Comprehensive Health] está identificada como [la entidad] más experimentada para las exigencias de servicios establecidas y la única fuente [que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados] ha identificado que es capaz de satisfacer la necesidad urgente de aumentar la capacidad de camas en Homestead en el tiempo debido”.

El HHS no entregó revisiones de cumplimiento de la compañía, que indican si un proveedor cumple las metas establecidas, porque tienen “información privada”.

Nota a las personas que tengan información que enviar: Si usted desea enviar información a Monique O. Madan, de manera oficial o no, puede hacerlo a su dirección de correo electrónico. Puede escribirle a la dirección postal del Herald, 3511 NW 91 Ave., Doral, 33172, o enviarle un mensaje en línea y elle le proveerá los detalles para usar la herramienta codificada Signal.

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