Sur de la Florida

Abogados hicieron películas porno en Miami, Chicago, Las Vegas y las ofrecían gratis para extorsionar $3 millones

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Un complot donde se usaba pornografía y leyes de derechos de autor con el fin de extorsionar, hizo que dos abogados ganaran $3 millones.

Pero se descubrió todo, y ambos fueron sentenciados a cumplir condenas en prisiones federales. Desde luego, había una conexión con Miami.

Dicha conexión no se hizo a través de John L. Steele, de 48 años, aunque el Departamento de Justicia lo identificó como “el abogado de la Florida” cuando anunció la sentencia de cinco años a la que fue condenado por confabulación para cometer fraude bancario, fraude postal y confabulación para lavar dinero.

A Steele, se le prohibió ejercer en Illinois por este complot, pero no aparece en ninguna parte en el Colegio de Abogados de la Florida, así como tampoco entre los abogados inhabilitados para ejercer. Varias búsquedas en internet lo vinculan a dos direcciones en Bayshore Drive en Miami. El socio de Steele en el trabajo y en el complot, Paul Hansmeier, fue sentenciado a 14 años de cárcel por los mismos cargos.

Al igual que Steele, Hansmeier deberá devolver $1,541.527.37. Ambos comenzaron a trabajar en el complot para demandar por derechos de autor en abril del 2011, se dijo en el acuerdo de culpabilidad: “Los acusados usaron entidades pantalla que controlaban para obtener derechos de autor para películas pornográficas, algunas de ellas filmadas por ellos mismos”.

Es aquí, donde Miami entra a jugar un papel, ya que Steele y Hansmeier filmaron sus cintas en Miami, Chicago y Las Vegas. Cuando podían localizar la dirección de IP a través de la cual la película, extorsionaban a personas que estaban muy avergonzadas, tanto social como financieramente, como para tratar de defenderse.

Si Steele y Hansmeier encontraban resistencia por parte de la persona que demandaban, entonces retiraban la demanda. Posteriormente, presentaron demandas a nombre de su compañía, Guava LLC, y otras compañías cuyos sistemas de computadora, afirmaban, habían sido pirateados, salvo que dichos sistemas no existían.

En ocasiones, hasta los acusados en las demandas eran acusados falsos pagados por Steele y Hansmeier. Las demandas no eran más que otra forma de usar una demanda para obtener direcciones de IP e información sobre personas que descargaban sus películas pornográficas mediante portales donde se compartían archivos.

Los tribunales comenzaron a conocer el complot en 2013. Una corte federal de California le dio otorgó honorarios de abogado a un acusado que Steele y Hansmeier demandaron, le informó a la corte suprema del estado sobre el complot y se aseguró de que todos los jueces que manejaban los casos de derechos de autor pendientes conocieran las intenciones de ambos.

Con el fin de limitar el daño, Steele y Hansmeier reclutaban personas para que acudieran a las audiencias y cometieran perjurio haciéndose pasar por “representantes corporativos de Sunlust Pictures” o “vicepresidente a cargo de asuntos legales a nombre de Guava LLC”.

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