Sur de la Florida

Fue a prisión por estafa al Medicare. Ahora lo acusan otra vez en enorme caso vinculado con Cuba

Los casos de estafa al Medicare son muy comunes en el sur de la Florida. En 2016, el entonces fiscal federal Wifredo Ferrer (centro) y otros funcionarios federales discuten un encausamiento que acusó al ejecutivo Philip Esformes, de Miami Beach, de estafar $1,000 millones al Medicare.
Los casos de estafa al Medicare son muy comunes en el sur de la Florida. En 2016, el entonces fiscal federal Wifredo Ferrer (centro) y otros funcionarios federales discuten un encausamiento que acusó al ejecutivo Philip Esformes, de Miami Beach, de estafar $1,000 millones al Medicare. Roberto Koltun

Entre las miles de personas acusadas en Miami de estafar al Medicare, solamente un puñado son reincidentes.

Uno de ellos es Vicente González Acosta. Hace un decenio, González se declaró culpable de ayudar a una red de clínicas de Miami a ampliarse por la región sur del país al tiempo que facturaba $100 millones al Medicare, de los cuales cobró $30 millones. Pero en realidad no prestó servicio médico alguno.

En vez de tomar el buen camino tras cumplir cinco años de prisión —aproximadamente la mitad de la sentencia original, porque cooperó con las autoridades federales— González regresó a sus malas mañas. afirman las autoridades.

Esta vez jugó un papel de apoyo en otro esquema en Miami que abrió una cadena de agencias de servicios médicos a domicilio registradas en Míchigan, que entonces facturó falsamente $80 millones al Medicare, y cobró $53 millones, una vez más sin prestar servicio alguno a un solo paciente.

González, de 48 años, y otros siete acusados, han sido encausados por estafa al Medicare y lavado de las ganancias. Están acusados de reclutar a cubanos para hacerse pasar como dueños de agencias de servicios médicos a domicilio —junto con decenas de compañías pantalla y cuentas bancarias— para ocultar la identidad de los operadores verdaderos y el dinero ganado ilegalmente que les llegaba. La organización controlaba un total de 140 cuentas bancarias, según documentos presentados al tribunal.

Aunque no es la primera vez que algo así sucede en Miami, conocida como la capital nacional de las estafas al Medicare. Desde 2007, unas 2,500 personas que facturaron al Medicare $8,300 millones en reclamaciones falsas han sido acusadas en el sur de la Florida, incluidos numerosos casos de sospechosos y fugitivos cubanos. Pero el enorme volumen de la actividad de facturación al Medicare en tres años hace que el caso de González se destaque por encima de otros casos de estafa a los servicios médicos en el sur de la Florida.

Seis de los ocho acusados, incluido González, están detenidos sin derecho a fianza antes del juicio porque las autoridades temen que puedan fugarse debido a que tienen familiares en Cuba y acceso potencial a $44 millones en fondos del Medicare no localizados hasta el momento.

“Lo que es más, el esquema incluyó la coordinación estrecha con individuos que iban y venían de Cuba, un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos”, escribió la magistrada Alicia Otazo-Reyes en una serie de órdenes de detención este verano. La operación también involucró “ordenar a esos individuos que se quedaran en Cuba después de participar en el esquema”.

Ningún fiscal federal, el FBI o el Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos ha acusado al gobierno cubano de participar en las estafas al Medicare en Miami. Pero el caso de González revela la facilidad con que los inmigrantes cubanos pueden moverse entre Cuba y Miami para participar en enormes estafas a los servicios médicos federales.

No fue posible contactar a Omar Johansson, abogado defensor de González, para que ofreciera declaraciones sobre el caso.

Un encausamiento acusa a Eduardo Rubal de liderar un equipo de personas que registraron tres agencias de servicios médicos a domicilio en Michigan —Care, Nu-Wave y Tri-County— y reclutaron y pagaron a los dueños nominales para cubrir sus pasos. El abogado defensor de Rubal, Marc Seitles, declinó comentar sobre el papel de su cliente, mientras él y los demás acusados esperan juicio en un tribunal federal de Miami en febrero.

Otro acusado, Alberto Orián González Delgado, fue descrito como un participante clave en el esquema debido a su habilidad en facturar al Medicare. González Delgado tiene antecedentes penales en la Florida. Su abogado, Ramón De La Cabada, declinó comentar.

Un denuncia penal separada presentada por el FBI revela que los investigadores se acercaron al grupo de Rubal a través de una fuente confidencial que grabó numerosas conversaciones incriminadoras. Aunque se desconoce la identidad de esa fuente, en la denuncia penal es evidente que participó inicialmente en el esquema y su nombre está en los documentos de registro como propietario de las agencias de servicios médicos a domicilio en Michigan y otros negocios en la Florida e Illinois. La fuente, que tiene familiares en Cuba, se brindó voluntariamente a ayudar a las autoridades federales en noviembre de 2018, según la denuncia penal.

González, conocido como “Puro”, advirtió a la fuente del FBI que tendría que regresar a Cuba una vez que las actividades fraudulentas del grupo terminaron en Michigan porque agentes federales lo iban a ir a buscar. González, quien ya había sido declarado culpable de estafar al Medicare en el pasado, sabía cómo las autoridades federales realizan sus investigaciones.

“Primero, van a verificar todas las direcciones”, dijo González mientras la fuente confidencial lo grababa. “Todas tus direcciones, ésta de Michigan, la de Miami, todas. Cuando vean que esas direcciones no existen, van a seguir buscando, van a investigar tus tarjetas de crédito para ver los movimientos, esto y lo otro. Así es como funcionan”.

González trató de convencer a la fuente que no tendría que quedarse en Cuba para siempre.

“Puedes regresar de Cuba”, le dijo González. “Pudiera ser que vengas y te quedas un año, puede ser que nunca te pase nada. Pero el día que algo pase, te van a echar varios años”.

La fuente le respondió: “Sí, a los que agarran en esto les echan muchos años”.

“Recuerda que no te meten preso por lo que le sacaste [al Medicare]”, le dijo González. “Te meten preso por lo que le facturaste [al Medicare]”. Lo que González quiso decir es que cualquier que sea sorprendido es castigado por cuánto factura al Medicare, no lo que le pagan.

Jamie Garman, agente especial de FBI y ex fiscal federal en el sur de la Florida, indicó en la denuncia penal que los miembros de la organización de Rubal vivían fundamentalmente en Miami y dirigieron la estafa desde Miami entre octubre de 2016 y mayo de 2019.

Garman dijo que después que el grupo de Miami compró las tres agencias de servicios médicos a domicilio en Michigan, los miembros facturaban al Medicare por servicios como terapia física que nunca se entregaron, y les pagaron 60% de las reclamaciones. Los miembros pudieron estafar al Medicare porque les pagaron antes que “tuvieran que entregar la documentación que justificara las reclamaciones”, dijo la agente.

“Entonces envían ese dinero pagado por el Medicare por concepto de servicios que nunca se prestaron a través de varias compañías pantalla y cuentas bancarias en un esfuerzo por lavar los fondos, retirándolos en efectivo, como en cajeros automáticos y en tiendas de cobro de cheques en Miami”, escribió Garman en la denuncia penal de 64 páginas.

“Cuando el grupo retira todo el dinero obtenido fraudulentamente o cuando las autoridades empiezan a cerrar las cuentas, el grupo exige a los dueños nominales de las agencias que huyan a Cuba”, agregó la denuncia penal.

“Allí, el grupo le retira el pasaporte a los dueños nominales y les paga una parte de la cantidad prometida, en un esfuerzo por asegurar que el dueño nominal no está en posición de entregar información [incriminatoria] a las autoridades policiales sobre el esquema ni testificar contra el grupo que se beneficia del fraude”.

Además de la fuente confidencial del FBI, el dueño nominal más destacado acusado en el caso es Antonio Jiménez, un ciudadano cubano que fue arrestado en julio a través de Texas con destino a México, y de allí a Cuba. González lo había reclutado.

Jiménez aparecía como el propietario de 10 empresas pantalla en la Florida y otras tres en Illinois, así como el firmante legal de 10 cuentas bancarias empresariales y 20 cuentas bancarias personas en 12 bancos, según la denuncia penal. Aunque le pagaban por sus servicios, casi todo en dinero proveniente del Medicare retirado de esas cuentas era entregado al grupo de Rubal.

“Es desafortunado que reincidentes como González siguen victimizando a personas como mi cliente, Antonio Jiménez, y al sistema de servicios médicos de Estados Unidos”, dijo el abogado defensor Joel DeFabio, quien ha participado en varios casos de estafa al Medicare en Miami.

“Lo que resulta realmente indignante es que el gobierno no verifica los documentos de las reclamaciones antes de pagar millones en facturas falsas, y ese dinero entonces se envía a Cuba y no se usa para los servicios médicos a nuestros ciudadanos”.

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