Sur de la Florida

Colapso de imperio hospitalario de emprendedor miamense deja devastación a su paso

El hospital comunitario I-70 cerró sus puertas en febrero, llevándose consigo decenas de empleos y servicios médicos de emergencia para los habitantes de Sweet Springs, Missouri. (Heidi de Marco/KHN)
El hospital comunitario I-70 cerró sus puertas en febrero, llevándose consigo decenas de empleos y servicios médicos de emergencia para los habitantes de Sweet Springs, Missouri. (Heidi de Marco/KHN)

Al principio se ganaba mucho dinero, y parecía que siempre iba a ser así, con pequeños hospitales rurales en Missouri, Oklahoma, Tennessee, que también llegaba a las arcas de compañías controladas por Jorge A. Pérez, su familia y socios de negocios.

Era su “salsa secreta”, decía sonriente el corpulento empresario miamense a la gente sus pequeños poblados. Los proyectos que proponía sonaban complicados, sin duda alguna, pero decía que generarían dinero suficiente para salvar su hospital y cientos de buenos empleos en poblados rurales.

Y en pueblo tras pueblo la gente le creyó porque les ofrecía algo a lo que no tenían manera de negarse: esperanza y la promesa de sobrevivir.

Entonces, varias grandes compañías de seguro empezaron a sospechar, al igual que algunos funcionarios de gobierno. ¿Cómo era posible que Unionville, en Missouri, un poblado de 1,790 habitantes, generara $92 millones por concepto de pruebas de laboratorio de sangre y orina en solamente seis meses? ¿Cómo era que la facturación de pruebas de laboratorio de un hospital de 25 camas en Plymouth, Carolina del Norte, casi se triplicó a $32 millones en los 12 meses siguientes a que la compañía de Pérez tomara el control del hospital?

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Jorge A. Pérez, de Miami y presidente ejecutivo de EmpowerHMS, afirmó rotundamente en una entrevista que funcionaba con el mejor interés de servir a las comunidades. En cualquier caso, las personas de esas comunidades debían agradecerle porque dio a hospitales a punto de desaparecer “dos o tres años más de vida”. (Dan Margolies/KCUR, Kansas City Public Media)

La facturación de laboratorio, alegaron las aseguradoras, sencillamente eran una estafa. Blue Cross Blue Shield y otras compañías de seguro empezaron a presentar demandas y dejaron de pagar reclamaciones.

En el momento de más actividad, Pérez y su compañía miamense de administración, EmpowerHMS, supervisaban un imperio rural de 18 hospitales en ocho estados. Pérez era dueño o tenía participación en 11 de esos hospitales y era presidente ejecutivo de compañías que entregaban servicios de administración y facturación. También estaba afiliado con compañías que eran propietarias o administraban el resto de los hospitales.

Pero ahora que el dinero de la operación de facturación de pruebas de laboratorio se acabó, 12 de los hospitales se han declarado en bancarrota y ocho ya han cerrado sus puertas.

El asombroso colapso ha dejado a cientos de empleados sin empleo y a muchos les deben meses de sueldo atrasado. Y fue en los últimos meses que se enteraron de que su cobertura médica fue eliminada porque EmpowerHMS dejó de hacer los pagos correspondientes, según entrevistas y documentos de bancarrota.

En algunos de los hospitales, EmpowerHMS interrumpió el pago de los impuestos de nómina, reconoció Pérez en una entrevista. Algunos de los hospitales cerrado deben cientos de miles de dólares en impuestos a la propiedad, según autoridades locales.

Cómo es posible que compañías dirigidas por este empresario de Miami y sus socios pudieron acabar con tantos hospitales tan rápido, con la consiguiente devastación de sus comunidades, es una historial de la fragilidad de los servicios médicos en las zonas rurales de Estados Unidos y de los tipos de proyectos con fines de lucro que han surgido en las áreas grises del complicado sistema de servicios médicos del país.

Pérez se considera un salvador de hospitales rurales. “Mi único error es haber probado todo en el mundo para salvarlos”, declaró a Kaiser Health News.

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Francis Vaught, alcalde de Sweet Springs, es solamente uno de varios funcionarios locales que se sienten traicionados desde el cierre del Hospital Comunitario I-70. “Nos estafaron”, dice. (Heidi de Marco/KHN)

Pero para los habitantes de esas localidades, la realidad es mucho más siniestra.

EmpowerHMS “es como una mala palabra”, dijo Tara Brewer, directora de la Cámara de Comercio de Sweet Springs, Missouri, donde el Hospital Comunitario I-70 cerró en febrero, eliminando de hecho decenas de empleos y servicios médicos de emergencia.

Francis Vaught, el alcalde del poblado, lo dice más sencillo: “Nos estafaron”.

Imperio de promesas

El jet de la compañía de Jorge Pérez nunca parecía despegar a tiempo.

Lo mismo si se dirigía a Kansas, Missouri o Arkansas, Pérez siempre llega tarde, dijo Scottie Collins, quien se integró al equipo de Empower en 2017 con la expectativa de que su programa de rehabilitación de drogadictos con sede en Florida se integrara al creciente grupo hospitalario. El jet le pareció a Collins un lujo, dado que la tripulación cobraba por hora, pero ni Pérez ni sus colaboradores más cercanos parecían preocupados.

En septiembre de 2017, Pérez y su equipo llegaron a Fulton, Missouri, días antes que el hospital de la localidad, fundado 100 años atrás, tenía programado cerrar. Fulton Medical Center, con 140 empleados, era un importante proveedor de empleos y el único hospital en el Condado Callaway. El hospital había batallado durante 25 años, logró escapar al cierre al menos tres veces, cuando las fuerzas económicas que asolaban los hospitales rurales en todo el país empezaron a causar estragos.

En lo que debería haber sido una fiesta de despedida para el personal, Pérez anunció que acababa de comprar el hospital y que lo iba a mantener abierto, según medios de prensa. Desde el podio, pronunció lo que se convertiría en su discurso estándar en pequeñas localidades del Medio Oeste: había visto una comunidad luchando desesperadamente por mantener abierto su hospital, y él los iba ayudar a lograrlo.

“Pareció un tipo agradable”, dijo LeRoy Benton, alcalde de Fulton en ese momento, “y parecía decir las cosas correctas”.

Si las comunidades que enamoró hubieran podido estudiar la situación mejor, hubieran visto una señal de peligro importante: Pérez no tenía experiencia en administrar hospitales. Pérez había estudiado ingeniería eléctrica, había ayudado a su padre a dirigir una compañía de facturación médica en Miami que prestaba servicios a médicos y hospitales. Entonces observó la gran cantidad de hospitales rurales que estaba cerrando, dijo y se sintió impulsado a salvarlos.

En 2015 Pérez se alió con una compañía dirigida por el Dr. Seth Guterman, médico de Chicago especializado en emergencias, para tomar el control del Hospital Campbellton-Graceville, en Graceville, un poblado de unas 2,200 personas en el Panhandle de la Florida.

Pérez dijo al diario local que el nuevo grupo que tomaba el control de hospital iba a invertir $2 millones y reducir los costos en 30%. “Pueden decir que el Hospital Campbellton-Graceville está SALVADO”, declaró al Jackson County Times.

Un año después, invirtió en un hospital abrumado por problemas en Williston, Florida, y con el socio David Byrns consiguió un contrato de administración para dirigir el Hospital Putnam County Memorial en Unionville, Missouri. En 2017 Pérez formó una alianza con Paul Nusbaum, ex secretario de Salud y Servicios Humanos en Virginia Occidental, y adquirió un interés controlador en 10 hospitales en Oklahoma, Kansas, Missouri, Tennessee y Carolina del Norte.

“Cuando uno rescata un hospital, rescata la comunidad”, era su mantra en las redes sociales.

Muchas personas dicen que Pérez es un tipo simpático y cortés. “Todos los que me conocen dicen que tengo un gran corazón”, dijo Pérez. Pero su círculo íntimo incluía a algunas personas de historial cuestionables.

Uno de los principales ejecutivos de Empower, J.T. Lander, había cumplido tiempo en una prisión federal tras ser condenado en 2009 de fraude y lavado de dinero cuando era abogado del Condado Dixie en la Florida. El historial penal de David Byrns incluye un arresto por falsificación de cheques en un hospital de Louisiana que administraba. (Byrns devolvió el dinero y le desestimaron los cargos penales).

Ni Byrns ni Lander respondieron a una solicitud de declaraciones; una mujer que respondió al teléfono de Nusbaum’ dijo que no podía hacer declaraciones.

Fernando Barroso, quien fue contralor adjunto de EmpowerHMS en 2018, dijo que el sistema financiero de la compañía era un desastre, a pesar de que enfrentaba una enorme deuda contraída con la compra de hospitales.

“Soy contador desde hace mucho tiempo y pensé que lo había visto todo, pero nunca he visto algo así”, dijo Barroso. “Era un desastre total”.

Un proyecto lucrativo

Para generar ingresos para los hospitales en problemas, Jorge Pérez aprovechó normas federales de los servicios médicos que permiten a algunos hospitales rurales facturar las pruebas de laboratorio a precios mucho más elevados que otros proveedores de servicios médicos. La meta es mantener funcionando hospitales que ofrecen servicios médicos vitales en zonas remotas con el pago generoso de una cantidad de pruebas de laboratorio relativamente pequeña necesarias en tales hospitales.

Pero varios de los hospitales afiliados con Pérez establecieron programas de laboratorio que iban mucho más allá de los hospitales. Contrataron a laboratorios externos, en otras ciudades y estados, para extraer y procesar la sangre y orina de miles de personas que nunca pusieron un pie en los hospitales. Y facturaban a las aseguradoras con los precios elevados autorizados para los hospitales rurales, y los contratistas se llevaban una porción de esos ingresos.

En años recientes, Pérez y un puñado de propietarios de hospitales rurales que han establecido operaciones similares han defendido el sistema de facturación, que afirman se apega a las normas federales. Pero entre algunos expertos financieros del sector médico, el asunto se considera legalmente poco preciso y ha resultado en alegaciones de fraude contra varios propietarios de hospitales en varios estados.

Lo que no está en disputa es que la estrategia puede ser lucrativa. En el hospital Putnam County Memorial, de 14 camas, la operación de facturación de análisis de laboratorio generó casi $120 millones en pagos a proveedores externos en los primeros seis meses de 2017, según documentos internos obtenidos por Kaiser Health News. Y buena parte de esos pagos —casi $80 millones— fueron a parar a compañías afiliadas con Pérez, según los documentos.

En varias entrevistas, empleados dijeron que no tenían idea de lo que Empower hizo con el dinero generado por los hospitales, porque las instalaciones parecían estar cortas de efectivo de manera permanente.

Melva Price Lilley, técnica de radiología en el Hospital Washington County en Plymouth, Carolina del Norte, recuerda que siempre faltaban insumos. “A veces no había jabón para bañar a los pacientes”, dijo Lilley. “Tampoco teníamos galletas ni jugo de naranja. Ni teníamos personal suficiente por las noches”.

“Nunca invirtieron dinero suficiente en nuestros hospitales”, agregó. “Hay que subirse al techo para ajustar la calefacción o el aire acondicionado con una escoba”.

Incluso mientras los hospitales batallaban por sobrevivir, Pérez, por su cuenta o a través de compañías afiliadas con Empower, invertía en bienes raíces en 2016 y 2017, cuando compró nueve propiedades en el sur de la Florida por un total superior a los $3.7 millones, incluidos tres condominios en Key Largo, según registros de la propiedad.

En una entrevista, Pérez sostuvo que las propiedades en la Florida se compraron con ganancias de compañías de software no relacionadas con los hospitales, pero declinó ofrecer detalles sobre sus finanzas. “Lo poco que me queda lo tengo que guardar y proteger”, afirmó. “Hoy tengo tan poco dinero como cualquiera”.

La auditoría

En agosto de 2017, Nicole Galloway, auditora estatal de Missouri, propinó un golpe asombroso.

Una auditoría de rutina del Putnam County Memorial había descubierto transacciones financieras cuestionables. Entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, la compañía de Pérez y Byrns, Hospital Partners, se las había arreglado para generar $92 millones con pruebas de laboratorio realizadas a través del hospital. En comparación, los ingresos del hospital en 2016 fueron $7.5 millones, según la auditoría.

La auditoría concluyó que 80% de ese dinero iba a parar a compañías de laboratorio, entre ellas varias en que Byrns tenía una participación financiera; otro 6% iba a una compañía de facturación controlada por Pérez y una parte importante del dinero llegaba a 33 flebotomistas de otros estados que fueron incluidos en la nómina del hospital.

“Lo que me resultó asombroso era que el hospital no estaba en mejores condiciones financieras durante ese período”, declaró Galloway a Kaiser Health News.

La reacción fue explosiva. Numerosas compañías de seguro se unieron para presentar demandas contra hospitales afiliados con Pérez en Missouri y otros estados, en que exigieron la devolución de cientos de millones de dólares. Las demandas, que todavía siguen su curso, describen la operación de facturación como “un amplio esquema fraudulento” que tenía por fin enriquecer a Pérez, algunos de sus socios y compañías afiliadas, así como los laboratorios participantes.

En documentos judiciales, Pérez ha negado haber hecho nada indebido y solicitó que se desestimaran las demandas por asuntos de jurisdicción, entre otros. En una entrevista, dijo que la operación de facturación “funcionaba de acuerdo con guías del Medicare y estatales”. Y agregó: “Todavía estoy esperando [a ver] qué fue lo hicimos indebidamente”.

Legal o no, a medida escrutinio público se intensificó, los ingresos de la facturación de pruebas de laboratorio comenzaron a baja. Blue Cross Blue Shield de Oklahoma sacó de su red a cuatro hospitales vinculados con Pérez, eliminando una fuente crucial de fondos. Entonces, prestamistas llevaron a Pérez y a su socios para sacarlos de otros hospitales.

En todo el Medio Oeste, numerosos empleados tuvieron que enfrentar las consecuencias. En un hospital tras otro los cheques de pago empezaron a demorarse, y después sencillamente no llegaban, según entrevistas con empleados y documentos del tribunal de bancarrota. Los médicos renunciaban y los suministradores dejaban de enviar insumos clave.

En el Haskell County Community Hospital de Stigler, Oklahoma, la ex supervisora de laboratorio Shawna Smith recuerda una alarmante escasez de antibióticos y catéteres para sueros tan temprano como octubre de 2018. Para enero de 2019, dijo, ya no estaban pagando a los empleados. La organización Ladies Auxiliary creó un fondo para que los empleados pudieran pagar sus facturas de electricidad. Un vecino entregó paquetes de hamburguesas y carne de búfalo a cada empleado.

A unas dos horas de camino hacia el oeste, en la escuela intermedia de Prague, Oklahoma, celebró una campaña para recoger papel higiénico y artículos de limpieza para el hospital comunitario de la localidad. Una clínica veterinaria envió insumos médicos esenciales. Pero incluso así escaseaban los suministros, dijo Jim Greff, administrador municipal, de manera que el hospital tuvo que dejar de recibir pacientes.

En el Drumright Regional Hospital, Allyson Lunsford, directora de Recursos Humanos, dijo que se quedó sin oxígeno y sangre. Para diciembre, agregó, el hospital estaba tan atrasado en el pago de sus cuentes que la compañía que les alquilaba las camas vino a llevárselas, a pesar que todavía había pacientes ingresados.

Sensación de traición

Para marzo de 2019, siete hospitales afiliados con Pérez ya habían cerrado. Y a medida que avanzaba el proceso de bancarrotas en esos y otros hospitales, los empleados recibieron noticias más devastadoras, según entrevistas e informes de fideicomisarios: junto la interrupción de los cheques de pago, habían dejado de pagarles el seguro médico; las pólizas de seguro médico y dental de los empleados fueron descontinuadas.

Pérez dijo en una entrevista que los hospitales no estaban ganando dinero suficiente para cubrir sus gastos y deudas, y afirmó que enfrentaba una presión constante para decidir qué cuentas pagar.

“Yo tenía un equipo ejecutivo de expertos, que tomaron decisiones, todos tomamos decisiones, de lo que había que pagar para poder seguir funcionando”, dijo Pérez. “¿Pagamos las medicinas? ¿Pagamos insumos de la farmacia? ¿Pagamos a los médicos? ¿Pagamos a la enfermera?”

“Consideramos en ese momento que íbamos a poder salir del atasco en un mes o dos”, dijo de la falta de pagos de los impuestos de nómina. “Mirándolo ahora, eso lució mal”.

En febrero, el Hospital Comunitario I-70 en Sweet Springs se convirtió en uno de los últimos hospitales de Empower en cerrar, dejando cubierto por una sábana blanca el letrero rojo de Emergencia. Es una pérdida brutal en una localidad donde el último dentista cerró su consulta y hay numerosos locales comerciales abandonados.

El cierre del hospital dejó por pagar una cuenta de $300,000 en impuestos a la propiedad, que pudo haberse usado en las escuelas, según el tasador de la propiedad del condado. El alcalde Vaught dijo que el poblado perdió decenas de empleos. El equipo médico comprado con dinero recaudado en actividades comunitarias está acumulando polvo.

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Tara Brewer, directora de la Cámara de Comercio de Sweet Springs, con sus tres hijos: Keegan, de 15 años; Kendall, de 13, y su perro, Sawyer. A Brewer le preocupa que Sweet Springs no sobreviva al cierre del Hospital Comunitario I-70. “¿Qué vamos a tener que hacer por nuestros hijos?”, se preguntó. (Heidi de Marco/KHN)

A Brewer, de la Cámara de Comercio, le preocupa que Sweet Springs no sobreviva el golpe. “¿Qué vamos a tener que hacer por nuestros hijos?”, preguntó.

No está claro qué pueden hacer las localidades afectadas. Documentos del tribunal de bancarrota indican que el Departamento de Justicia está investigando a compañías de Pérez, aunque funcionarios de esa agencia declinaron hacer declaraciones al respecto. Pérez no ha sido acusado penalmente, pero fiscales federales encausaron recientemente a uno de sus socios.

El 19 de julio, Kyle Marcotte, dueño de un centro de tratamiento de adicciones en Jacksonville Beach, Florida, se declaró culpable de su parte en un esquema de facturación de pruebas de laboratorio por valor de $57 millones que involucró a dos hospitales afiliados con Pérez, entre ellos el Campbellton-Graceville. Marcotte reconoció haber cooperado con gerentes de hospital no identificados para entregar muestras de orina de sus pacientes para pruebas de laboratorio que se facturaron a través de hospitales rurales, a cambio de lo cual recibió una parte de las ganancias. Su sentencia no se ha programado todavía.

Pérez, quien sigue viviendo en Miami, dijo que el jet de le empresa se vendió y que ha centrado su atención en el desarrollo de programas informáticos. Pérez declaró a Kaiser Health News que pierde el sueño ante la posibilidad de ir a prisión, dijo actuó en el mejor beneficio de las comunidades donde operaban los hospitales. En cualquier caso, dijo, los habitantes de esas localidades deberían agradecerle porque dio a hospitales abrumados “dos o tres años de vida”.

“Yo traté de ver si podía salvar a estos hospitales rurales”, dijo Pérez. “Yo soy ese tipo de persona”

Este reportaje de KHN se publicó originalmente en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.
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