Sur de la Florida

Sweetwater pagará $36,000 de indemnización por vehículo incautado

Un letrero de la Southland the Towing Company en un centro comercial de la 107 avenida, en Sweetwater, en septiembre del 2013.
Un letrero de la Southland the Towing Company en un centro comercial de la 107 avenida, en Sweetwater, en septiembre del 2013. el Nuevo Herald

Tres años después de que agentes de Sweetwater lo arrestaran, le incautaran su vehículo –presuntamente de manera injusta— y lo entregaran a una compañía de grúas que eventualmente lo vendió, Abraham Herbas recibirá miles de dólares de indemnización por daños.

De acuerdo con registros públicos obtenidos por el Nuevo Herald, la Ciudad de Sweetwater llegó a un acuerdo para pagar $36,250 a Herbas, cuyo Volkswagen azul fue incautado por la policía municipal en el 2011, evitando así llevar el caso a una corte.

El caso de Herbas —quien interpuso una demanda en una corte federal por “incautación injusta” en el 2012— es el primero en el que la municipalidad acepta pagar una indemnización por un vehículo confiscado en un sonado caso de remolques presuntamente ilegales realizados por una compañía de grúas vinculada al ex alcalde municipal y que operó un monopolio en la ciudad por años.

Ahora dos abogados locales y sus clientes —quienes planean presentar demandas similares a la de Herbas contra la Ciudad— esperan que el acuerdo sea el primero de muchos por venir.

“Esto es un indicio de que los funcionarios de Sweetwater están dispuestos a hacer lo correcto para corregir los errores del pasado”, dijo recientemente Richard Díaz, el abogado de Herbas y quien representa a al menos una decena de personas interesadas en demandar a la municipalidad.

“Lamentablemente esto no se trató de un caso aislado, sino un departamento de policía en el cual un grupo de agentes, de manera consecutiva cometió actos que tuvieron un impacto muy negativo”, agregó Díaz, un ex agente policial.

El escándalo de los remolques injustificados en Sweetwater estalló el año pasado, tras el arresto del entonces alcalde Manuel “Manny” Maroño por un caso separado de corrupción publica. Entonces, fuentes del Miami Herald aseguraron que las autoridades federales estarían investigando un caso de fraude organizado, en el que policías arrestaban a sospechosos y llamaban a la compañía de grúas Southland the Towing Company para que remolcara sus autos, aunque estos no estuvieran relacionados con el presunto delito.

En varios casos Southland terminó apropiándose de los vehículos luego de que los sospechosos no pagaran los cargos para recuperarlos. La Ciudad había impuesto un cargo de $500 por reclamo de vehículo, uno de los cargos mas altos en todo el condado.

El Nuevo Herald y CBS4 documentaron desde agosto del año pasado varias quejas de remolques injustificados en Sweetwater.

Uno de esos casos fue el de Lazaro Dalmauc, cuyo Porsche Panamera terminó como propiedad de un concesionario de autos de lujo usados, luego de que fuera remolcado por Southland. Dalmauc fue detenido en el restaurante Mojitos, del Dolphin Mall tras un altercado y fue acusado de apuñalear a un hombre. Unos días después unos agentes de Sweetwater se presentaron a su vivienda y confiscaron su Porsche, dinero y otras pertenencias, a pesar de que estas no estaban relacionadas con el presunto crimen.

Uno de los agentes fue el detective William García, quien ahora paga sentencia de una corte federal por un caso separado de robo de identidad y fraude con tarjetas de crédito. Otros dos agentes, Reny García y Octavio Oliu, permanecen suspendidos desde agosto del año pasado, mientras el FBI presuntamente realiza las pesquisas sobre los remolques, arrestos injustificados y brutalidad policial.

Pero Dalmauc todavía no ha podido recuperar su Porsche, que a principio de año apareció en venta en el sitio web Craigslist, luego en un concesionario en el Condado Broward, y cuyo paradero ahora es un misterio.

“El auto se lo han estado pasando de vendedor en vendedor como una papa caliente porque no pueden traspasar el titulo, ya que nosotros tenemos una orden judicial para que sea devuelto a mi cliente”, dijo John de León, un abogado de derechos civiles que representa a Dalmauc.

En febrero del 2013 agentes de la policía de Miami-Dade que trabajan con un equipo especial del FBI incautaron el Porsche Panamera a Miami Auto Collections, el concesionario al que Southland vendió el vehículo. Pero unos meses después los agentes entregaron el auto de vuelta a Southland. En ese entonces el subdirector de la policía condal Juan Pérez dijo que sus agentes devolvieron el vehículo por directrices del FBI.

De León dijo que todavía no ha podido determinar como el banco que le prestó los fondos a Dalmauc para pagar parte del Porsche, levantó un embargo al título de propiedad para que el Departamento de Vehículos de Motor de la Florida lo traspasara a Southland. Dalmauc siguió haciendo pagos a la deuda hasta casi un año después de que el vehículo ya no figurara a su nombre.

Un abogado que representa a Southland ha dicho a el Nuevo Herald en varias ocasiones que los vehículos fueron obtenidos de manera legal, y que en el caso del Porsche, Dalmauc no se presentó a hacer los pagos por almacenamiento y por lo tanto la compañía terminó como dueña del auto.

Dalmauc ha mostrado documentos del Correo Postal de los Estados Unidos que indican que las notificaciones de pago por almacenamiento fueron enviadas a una dirección incorrecta.

Dalmauc ya notificó a través de De León que demandará a Sweetwater por daños, y exigirá la suma de $150,000. Su auto había sido valorado en más de $100,000.

“El acuerdo alcanzando [con Herbas] indica que la Ciudad entiende que hay un precio a pagar por los delitos cometidos”, dijo De León.

El alcalde de Sweetwater José M. Díaz dijo a el Nuevo Herald recientemente que la Ciudad analizará cada caso y que tratará de compensar por daños a aquellos que lo ameriten.

Los $36,250 a Herbas serán pagados por el seguro municipal administrado por la Liga de Ciudades de Florida. Es común que las municipalidades lleguen a acuerdos con demandantes antes de que los casos sean llevados a juicio, para evitar gastos mayores por servicios legales.

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