Sur de la Florida

Acusan de fraude millonario a constructores de viviendas asequibles en Overtown

El edificio de apartamentos asequibles Beacon fue construido hace unos años en Overtown por Carlisle Development Group.
El edificio de apartamentos asequibles Beacon fue construido hace unos años en Overtown por Carlisle Development Group. Miami Herald

El Carlisle Development Group, con sede en Miami y que una vez fue el mayor constructor de viviendas asequibles del estado, tiene la reputación de haber fabricado algunos de los mejores apartamentos para personas de bajos ingresos en el sur de la Florida, incluyendo una torre en el histórico vecindario Overtown con locales para mantener a los niños después del horario de clases y laboratorios de computación.

Lo que nadie sabía era que, los que fueron una vez sus elogiados directivos, Matthew Greer y Lloyd Boggio, robaron decenas de millones de dólares en subsidios del gobierno de EEUU al inflar los costos de construcción y recibir sobornos de contratistas, según los cargos presentados el martes en la corte federal de Miami.

Incluso crearon empresas fantasma con los nombres de Marquesas Capital y Caesar and Cleopatra Investments para recaudar en secreto los pagos ilícitos, dijeron los fiscales.

En total, Greer, Boggio y otros cuatro acusados de robar $36 millones en créditos federales de impuestos para que fueron a sus bolsillos provenientes de 14 proyectos subsidiados por el gobierno, construidos en su mayor parte en el Condado Miami-Dade.

El fiscal federal Wifredo Ferrer, al destacar que los acusados ya habían recibido millones en pagos por estos proyectos, dijo que ellos estuvieron “motivados por la avaricia personal” para robar otros “fondos federales previstos para la construcción de viviendas para los pobres, los desamparados y las personas de la tercera edad del sur de la Florida”.

Agregó que su oficina ha recuperado casi $11 millones en fondos gubernamentales que robaron los acusados.

Greer, quien era gerente general de Carlisle, y Boggio, el fundador de la compañía, están acusados de conspirar con otros en una maquinación de fraude al inflar el costo de ocho proyectos de vivienda en zonas marginales en Overtown, el Pequeño Haití y Brownsville para llenar los requisitos para obtener mayores créditos federales de impuestos y embolsarse entre ellos los beneficios excedentes, de acuerdo con registros de la corte.

Greer, de 37 años, y Boggio, de 69, están acusados por dos delitos que conllevan hasta 10 años en prisión, y recibieron más de $26 millones en sobornos de una sola compañía constructora de Fort Lauderdale que realizó la mayoría de sus proyectos del 2007 al 2012.

Boggio lanzó en 1997 Carlisle con el padre del gerente general, Bruce Greer. un prominente abogado de Miami. El hijo de Greer, Matthew, compró posteriormente los intereses de Boggio. La madre de Matthew Greer es Evelyn Greer, una ex alcaldesa de Pinecrest y miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade.

Otros acusados el martes en el sonado caso son los socios de Carlisle en otros tratos de viviendas asequibles: Michael Cox, de 47 años, ex presidente del Biscayne Housing Group; y Gonzalo DeRamon, de 51 un cofundador de la compañía al que se arrestó originalmente en junio.

Cox y DeRamon están acusados de embolsarse más de $7 millones en sobornos de contratistas que trabajaron en seis proyectos de viviendas asequibles – incluyendo un edificio alto de apartamentos en Overtown construido conjuntamente con Greer y Boggio, quienes también recibieron pagos ilegales en el trato , dijeron los fiscales.

Camillus House, una gran agencia sin fines de lucro que suministra refugio y servicios para los desamparados del condado, donó la tierra para el proyecto, conocido como Labre Place.

También está acusado Michael Runyan, de 66 años, presidente de la compañía familiar de construcción BJ&K, que construyó muchos de los proyectos de Carlslile.

René Sierra, de 57 años, presidente de la constructora Siltek con sede en Plantation, fue acusado inicialmente en junio y planea declararse culpable en jueves. A un séptimo acusado, Arturo Hevia, un constructor de Margate, también se le presentaron cargos en junio y ya se declaró culpable.

Los restantes acusados tienen programado presentarse este mes en una corte federal de Miami, donde es probable que reciban fianzas y acepten arreglos extrajudiciales de culpabilidad. Todos están acusados por información –no por formulación de cargos– una señal indicadora en el sistema federal de justicia de que negocian arreglos extrajudiciales y probablemente se declaren culpables en el futuro. Entre los que ya cooperaron con la fiscalía federal durante la investigación de cuatro años: Cox y Runyan.

El martes, los abogados defensores de Greer, Roy Black, Jackie Perczek, declinaron hacer comentarios. El abogado defensor de Boggio, Scott Srebnick, también declinó,

Hasta que el Miami Herald informara por primera vez en el 2013 que los principales directores de Carlisle estaban bajo investigación de un gran jurado federal, la compañía se encontraba entre las mayores constructoras de viviendas asequibles en el país. Carlisle, quien fabricó docenas de edificios de apartamentos en la Florida con subsidios tanto federales como locales, se vio obligado a vender ese año sus restantes proyectos a otra constructora.

La investigación federal a Carlisle comenzó a finales del 2011 cuando dos altos ejecutivos renunciaron y fueron a la fiscalía federal con sus acusaciones de fraude, de acuerdo con sus abogados, Alvin y Josh Entin. El ex director de finanzas, Mitch Rosenstein; y el primer vicepresidente, Oscar Sol, tuvieron una discusión con Greer, el gerente general. Los dos ex ejecutivos colaboraron en la investigación con el FBI, el Servicio de Rentas Internas y la fiscalía federal y no se les presentaron cargos.

“Cooperamos con ellos desde el primer día”, dijeron los Entins. “Les presentamos toda la cosa. Estos cargos y los probables arreglos extrajudiciales son una vindicación de la honestidad e integridad de Mitch Rosenstein y Oscar Sol”.

Greer, Boggio y los otros acusados están acusados de realizar un fraude al inflar los costos de construcción de apartamentos de renta para generar mayores créditos de impuestos del gobierno por sus proyectos, de acuerdo con los registros de la corte. Los fiscales alegan que Carlisle y Biscayne Housomg Group trabajaron en confabulación con BJ&K Construction Services y otras constructoras para desviar ilegalmente los beneficios resultantes.

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