Sur de la Florida

Legislatura y DCF aguantan pago para hermano de Nubia Barahona

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Nubia Barahona fue encontrada muerta dentro de la camioneta de su padre adoptivo en febrero de 2011.
Nubia Barahona fue encontrada muerta dentro de la camioneta de su padre adoptivo en febrero de 2011. Cortesía

Cuando el estado de la Florida acordó sin discusión pagar $5 millones para arreglar una demanda sobre la horripilante muerte de Nubia Barahona, de 10 años, y la tortura de su hermano gemelo Víctor, admitió casi todo excepto su responsabilidad.

Ahora, el Departamento de Niños y Familias de la Florida (DCF, por sus siglas en inglés) y abogados de la Legislatura estatal desean poner en suspenso el trato y demorar indefinidamente los pagos finales.

El DCF estuvo de acuerdo en arreglar la demanda en marzo del 2013, dos años después de que se encontró a Víctor casi muerto y cubierto con pesticidas al lado del cadáver en descomposición de su hermana en la I-95 en Palm Beach. Un informe del DCF del 2011 concluyó que, desde el momento en que Víctor y Nubia Barahona entraron como niños en el sistema de bienestar infantil hasta la muerte de Nubia, su red de seguridad fue un “fallo sistemático”.

Sus padres adoptivos, Jorge y Carmen Barahona, los sometieron a abusos sexuales, hambre y los obligaron a dormir durante cuatro años en una bañadera. Se les ordenó comer cucarachas y consumir alimentos que contenían heces, y a pesar de numerosas quejas a la línea de emergencia de abuso infantil, el estado se mantuvo silencioso mientras sus padres adoptivos los golpeaban y los amarraban rutinariamente dentro de su casa en el oeste de Miami-Dade.

El informe dijo que el fallo del DCF “en sentido común, pensamiento crítico, propiedad, seguimiento y compartir la información de forma oportuna y exacta” definió el cuidado de Nubia y Víctor. El entonces secretario David Wilkins lo firmó un mes después que se encontró el cadáver de Nubia y se rescató a Víctor, casi muerto, de la parte de atrás de la camioneta de su padre adoptivo. Ambos padres adoptivos de Nubia están a la espera de juicio por cargos de asesinato y enfrentan la pena de muerte.

El estado envió un cheque de $1.25 millones – de un fondo de manejo de riesgos que se usa para cubrir casos de responsabilidad – para ayudar a Víctor y a sus nuevos padres adoptivos a hacer frente a los años de trauma psicológico.

El DCF no admite responsabilidad en el arreglo extrajudicial, pero estuvo de acuerdo en no oponerse a que los fondos restantes de $3.75 millones del acuerdo vinieran de la Legislatura, en la forma de una ley por un reclamo.

Pero ahora, el DCF ha cambiado su historia y el intento de la familia para reclamar el resto del dinero ha encontrado una tranquila pero poderosa oposición.

Bajo las leyes de inmunidad soberana del estado, el estado se encuentra protegido de tener que pagar más de $200,000 cuando le causa daño a alguien, a menos que la Legislatura acuerde elevar el máximo.

Se presentó un proyecto de ley el año pasado, pero el presidente del Senado, Don Gaetz, republicano por Niceville, se negó a concederle una audiencia. Otra iniciativa de ley se presentó en la sesión legislativa del 2015 y se nombró al abogado general de Gaetz, George Levesque, “autoridad especial” para llevar a cabo un mini juicio sobre la responsabilidad del estado.

Se programó para octubre una audiencia sobre el proyecto de ley hasta que Levesque la canceló. Incluso cuando son los legisladores los que deciden que proyectos de ley se aprueban y cuales se rechazan, fue Levesque, un abogado del personal, quien tomó solo la decisión de que los legisladores no votaran este año sobre el proyecto de ley sobre el reclamo.

Su motivo: el proyecto de ley sobre el reclamo podría dañar el caso del estado, que intenta defenderse contra dos demandas de abuso presentadas por otros dos niños adoptados por los Barahonas. Levesque anunció en noviembre que la iniciativa de ley se “mantendrá en suspensión temporal” hasta que se concluyan otras demandas.

“El hallazgo adverso de hechos o conclusiones contenido en un proyecto de ley de un reclamo podría usarse contra [el DCF] en la litigación pendiente”, dijo Levesque en un correo electrónico a los abogados de la familia. No había la firma de ningún legislador en la resolución.

Después de estar de acuerdo en el arreglo, el DCF también quiere ahora poner en suspenso el proyecto de ley del reclamo.

Es típico tener “cláusulas de considerando que” sobre los hechos del caso y la razón de los daños, pero Rhonda Morris, abogada general asistente del DCF, alega ahora que las cláusulas “considerado que” en el proyecto de ley “contienen declaraciones de hechos disputados y conclusiones de la ley”.

Si la Legislatura las adopta y declara que son la verdad, “pueden implicar responsabilidad”, escribió Morris en una carta a las partes.

Los abogados de Víctor piensan de forma diferente.

No hay nada en los reglamentos de la Legislatura que requiera que todos los reclamos de un incidente se resuelvan antes de los actos de la Legislatura, dijo Neal Roth, de los abogados de Coral Gables que negociaron el acuerdo. “Y si no le gustan las ‘cláusulas de considerando que’ debido al temor de responsabilidad, se pueden rescribir”.

Roath ve el argumento de la legislatura – de que las demandas pendientes deben detener un proyecto de ley sobre un reclamo – como una forma solapada de romper el acuerdo debido a que si los Barahonas reciben la pena de muerte, habrá desafíos legales sobre eso durante años.

“¿Por qué el DCF no saca simplemente su cabeza de la arena y resuelve estos casos?” preguntó Roath. “Dados los problemas en curso con el DCF, se pensaría que mantendrían su palabra como un gesto de preocupación y entendimiento, en vez de darle vueltas”.

Levesque también alega que Jorge y Carmen Barahona eran los padres legales de Nubia en el momento de su muerte y, mientras que los derechos de Carmen se han visto afectados, Jorge podría heredar cualquier dinero en el patrimonio de la niña.

“En este momento, por ley, los derechos del padre no se han terminado”, dijo Katie Betta, portavoz del Senado. “Esa es una preocupación válida que el Senado tiene que considerar”.

“Más sinsentido”, dijo Roth. “El proyecto de ley de reclamo se enviará a al menos una comisión, que puede fácilmente responder al enmendar el proyecto de ley para excluir específicamente al Sr. Barahona de incluso recibir algún dinero del arreglo de este caso”.

Mary Ellen Klas can be reached at meklas@MiamiHerald.com and @MaryEllenKlas

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