Sur de la Florida

Corte de Miami reafirma deportación de ex ministro salvadoreño

José Guillermo García , ex ministro de Defensa de El Salvador, entra acompañado a la Corte de Inmigración de la Ciudad de Miami, con su abogada Alina Cruz, el 25 de febrero del 2013.
José Guillermo García , ex ministro de Defensa de El Salvador, entra acompañado a la Corte de Inmigración de la Ciudad de Miami, con su abogada Alina Cruz, el 25 de febrero del 2013. el Nuevo herald

La Junta de Apelaciones de Inmigración ha reafirmado la orden de un juez en Miami de deportar al ex ministro de la Defensa de El Salvador, José Guillermo García, por haber tolerado violaciones de derechos humanos como tortura y asesinatos de opositores al gobierno del país centroamericano hace más de 30 años.

La decisión de la junta, emitida el martes, marca un paso más en los esfuerzos del gobierno estadounidense por expulsar a García luego que el juez de inmigración en Miami decidiera su deportación el año pasado.

Alina Cruz, la abogada de inmigración de García, dijo a el Nuevo Herald el miércoles por la noche que su cliente no va a ser deportado de inmediato porque proyecta apelar la decisión al Tribunal Federal del Onceno Circuito en Atlanta.

“La Junta de Apelaciones no aplicó la ley correctamente y tengo confianza que el general García, en última instancia, prevalecerá en este caso”, dijo la abogada Cruz en una declaración por escrito enviada a el Nuevo Herald.

Durante un dramático juicio de deportación contra García, de 82 años, en el tribunal de inmigración en el downtown de Miami a principios del 2013, el ex general admitió en su testimonio que cuando estaba a cargo de las fuerzas armadas en su país nunca logró controlar los abusos que cometían los soldados bajo su mando porque las fuerzas de seguridad estaban divididas entre derechistas e izquierdistas que no obedecían órdenes de nadie.

García dijo también en ese entonces que estaba de acuerdo de no haber hecho nada para prevenir, investigar o castigar las violaciones de derechos humanos y atrocidades que cometían los soldados salvadoreños cuando fue ministro de la Defensa entre 1979 y 1983. Pero García se defendió diciendo que eso no significaba que él fuera culpable directamente de cometer atrocidades.

“La responsabilidad no puede ser evadida”, dijo García desde el banquillo de los testigos en la corte de inmigración. “Pero eso es diferente a la culpabilidad, es ahí donde está la diferencia”.

La orden que reafirma la deportación de García, que vive en Broward, marca la segunda vez que un ex general salvadoreño pierde terreno en sus esfuerzos por prevenir su expulsión del país.

En abril de este año, las autoridades estadounidenses de inmigración, tras una batalla legal de más de una década, deportaron a El Salvador al también ex ministro de la Defensa y ex jefe de la Guardia Nacional del país centroamericano, General Eugenio Vides Casanova.

La asesora del grupo pro-derechos humanos Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA), Carolyn Patty Blum, expresó satisfacción por la decisión.

“El ministro de la Defensa José Guillermo García era el hombre más poderoso en El Salvador durante el reino de terror bajo el cual decenas de miles de salvadoreños inocentes fueron asesinados”, dijo Blum. “CJA aplaude al Departmento de Seguridad Interior (DHS) por su vigoroso esfuerzo contra García ante la corte de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración.

“Esperamos que García pueda ser deportado rápidamente de los Estados Unidos para que pueda enfrentar la justicia en El

Salvador por la masacre de El Mozote y los muchos otros crímenes cometidos bajo su mando,” según comunicado de CJA, que estuvo a la vanguardia de la batalla en pos de la expulsión del ex general.

“Ha sido una larga batalla por la justicia…para las víctimas que sufrieron la represión horrenda durante el tiempo que García estuvo a cargo en El Salvador “.

En el 2014, la decisión del juez de ordenar la deportación de García enumeró una series de asesinatos y torturas en El Salvador durante el tiempo que García fungió como ministro de la Defensa.

El juez Michael C. Horn consideró que esas atrocidades constituían “una política militar deliberada” para sembrar el terror en el país.

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