Sur de la Florida

La reforma migratoria, tan remota como antes

Inmigrantes en Juchitán, en el sur de México, viajan en el techo de un tren que se dirige a la frontera con Estados Unidos, en el 2013
Inmigrantes en Juchitán, en el sur de México, viajan en el techo de un tren que se dirige a la frontera con Estados Unidos, en el 2013 AP

Cuando Barack Obama aún estaba en plena campaña en mayo del 2008 hizo una promesa que no cumplió.

Si llegara a ser presidente, dijo Obama, la reforma migratoria podría suceder en el primer año de su administración.

“No puedo garantizar que va a estar lista en los primeros 100 días”, le dijo Obama al presentador de Univisión Jorge Ramos en una entrevista. “Pero lo que puedo garantizar es que vamos a tener en el primer año una ley de inmigración que voy a apoyar firmemente y que estaré promoviendo”.

Ahora que la presidencia de Obama llega a su fin, la reforma migratoria está tan remota –o quizás más remota– que antes. Y a medida que el país avanza hacia la polémica campaña presidencial del 2016, para elegir el reemplazo de Obama, la reforma migratoria bien podría resultar un objetivo aún más difícil de lograr.

Esto se debe a que la inmigración se ha convertido no solo en uno de los principales temas de campaña, sino que resulta ahora ser la prueba de fuego para políticos y votantes por igual sobre si aceptan o no a los inmigrantes.

Si apoyan a los inmigrantes indocumentados, dicen los conservadores, estarán perjudicando la seguridad nacional. Si no lo hacen, dicen los liberales, estarán dejando de lado los valores estadounidenses tradicionales. E incluso si Hillary Clinton ganara la presidencia, ella bien podría ser incapaz de lograr una reforma migratoria. Los líderes republicanos han prometido rechazar cualquier intento de legalizar a los indocumentados a menos que la frontera mexicana sea asegurada primero.

¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo fue que un tema, la inmigración, que tanto los líderes republicanos y demócratas habían apoyado durante años, llegó a ser tan polémico que ahora está desgarrando a la clase política tradicional?

La respuesta: el liderazgo tradicional no tuvo en cuenta a los electores, principalmente republicanos y conservadores –muchos de los cuales o bien no quieren legalizar a los indocumentados o no quieren ceder terreno a los demócratas en una medida tan controvertida.

Cada vez que un proyecto de ley de reforma migratoria llegaba a ser debatido en el Congreso, surgía una revuelta popular entre los conservadores o los liberales y esto daba al traste con la medida. Para entender mejor la situación hay que regresar al 2004, cuando el entonces presidente George W. Bush propuso por primera vez la legalización de millones de indocumentados.

En ese momento, numerosos activistas que defienden los derechos de los inmigrantes –muchos de los cuales están afiliados con o muestran simpatía por el Partido Demócrata– condenaron la propuesta de Bush porque la veían como poco suficiente para ayudar a los indocumentados. El proyecto de ley tuvo una muerte temprana.

Lo mismo ocurrió cuando otro proyecto de ley de reforma migratoria adoptado por Bush cayó en llamas en el 2007. Una vez más, al igual que en el 2004, una ola conservadora y liberal de oposición barrió con el proyecto de ley.

“Por doloroso que sea decir esto, hay que decirlo: era un mal proyecto de ley”, dijo en ese momento Jonathan Fried, director ejecutivo de WeCount! con sede en Homestead.

“Muchos, quizá la mayoría, de los millones de inmigrantes indocumentados que no tienen antecedentes penales no habrían logrado hacerse paso a través del proceso de legalización complicado y costoso que figuraba en ese proyecto de ley”, añadió Fried.

Una reforma bipartidista fracasada

Seis años más tendrían que pasar antes de que republicanos y demócratas adoptaran un nuevo proyecto de ley de reforma migratoria bipartidista. Casi lograron hacerlo ley bajo el plan de la llamada Pandilla de los Ocho que redactó una versión del proyecto de ley aprobado eventualmente por el Senado en junio del 2013. Uno de los miembros de la pandilla fue el senador cubanoamericano de Miami Marco Rubio, hoy uno de los principales precandidatos presidenciales.

Obama apoyó el proyecto de ley, pero este nunca llegó a ser votado en la Cámara de Representantes, porque los líderes republicanos se opusieron bajo la presión de las fuerzas conservadoras.

Desde entonces, cada vez que la reforma migratoria regresa al Congreso el muro de la resistencia se eleva de nuevo. Y los conservadores que se oponen a la legalización de los indocumentados han cobrado más y más fuerza cada vez.

Estos son los que ahora lideran la carga contra la reforma migratoria, que equiparan con la amnistía para los infractores de la ley.

Las elecciones legislativas del 2014, fueron ganadas abrumadoramente por los republicanos en todo el país, y representaron una especie de indicación del descontento de los votantes con los políticos tradicionales.

Los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes también estaban molestos de que Obama había decidido retrasar sus acciones ejecutivas de inmigración hasta después de las elecciones de medio término.

“La falta de acción ejecutiva fue un error de cálculo colosal y obviamente afectó los resultados electorales”, dijo en un comunicado María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, poco después de las elecciones de noviembre del 2014. “Pero lo que es más importante, permitió que una mala política eclipsara una política necesaria”.

Un tema de campaña

Obama, que había fallado en cumplir con la reforma migratoria, chocó contra el muro de la resistencia conservadora cuando finalmente dio un paso decisivo para poner en práctica parcialmente su promesa de legalización que le había hecho a Ramos siete años antes.

Un juez federal en Texas dictaminó en febrero contra las acciones ejecutivas que Obama promulgó el 20 de noviembre del 2014 y que otorgan protección contra la deportación a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.

Su dictamen fue confirmado en noviembre por un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans.

El Departamento de Justicia ha recurrido al Tribunal Supremo, pero puede que no sea sino hasta el verano que esa instancia decida el caso –justo en medio de la campaña electoral presidencial que ahora está dominada por la polémica sobre inmigración.

Pero incluso si la Corte Suprema falla a favor de Obama, sus acciones ejecutivas no serían suficientes para resolver el problema de la inmigración ilegal.

Se estima que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, mientras que las acciones ejecutivas de Obama cubren menos de cinco millones de personas.

Estas acciones son conocidas por sus siglas en inglés: DACA y DAPA.

Son la Acción Diferida para Llegadas de la Infancia (DACA) y Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses (DAPA).

DACA es una expansión de una medida similar anunciada por Obama en el 2012 que proporcionó protección temporal contra la deportación a los jóvenes que eran niños cuando sus padres indocumentados los trajeron a Estados Unidos.

DAPA habría proporcionado protección contra la deportación a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Son los programas DAPA y DACA que anunció Obama el 20 de noviembre del 2014 los que están ahora en suspenso, mientras que el Tribunal Supremo estudia la demanda de 26 estados, incluyendo la Florida, que busca terminar con tales medidas.

No está claro si la Corte Suprema votará a favor o en contra de los programas de Obama.

Lo que sí está claro es que por ahora –y tal vez en el futuro previsible– la reforma migratoria seguirá siendo un espejismo.

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