Sur de la Florida

Aprueban de modo preliminar cambios en La Pequeña Habana

Una propuesta de cambios en una área de La Pequeña Habana que ha causado desacuerdos entre activistas, inversionistas y funcionarios municipales fue aprobada de manera preliminar el jueves por la Comisión de la Ciudad de Miami.

El plan busca cambiar los usos designados a terrenos de varias calles y avenidas de la parte este del icónico vecindario, para permitir la construcción de edificios más altos y de usos comerciales mixtos en una parte de la zona. Los terrenos están ubicados entre las calles 2 y 6 del suroeste, y las avenidas 11 y 4 del suroeste, y la carretera Interestatal 95. El área abarca unas 32 cuadras.

La rezonificación fue aprobada en primera lectura de manera unánime por los comisionados Frank Carollo, Wifredo Gort y Francis Suárez. Los comisionados Keon Hardemon y Marc Sarnoff estaban ausentes.

La discusión sobre los cambios se extendió por más de dos horas con varios residentes, inversionistas y activistas pronunciándose a favor o en contra de la medida. Por un lado, los funcionarios municipales y aquellos que apoyan la propuesta dijeron que el cambio ayudaría a revitalizar el vecindario y traería prosperidad económica, a la vez que espantaría a los delincuentes.

Los que se oponen dijeron que temen que el barrio se convierta en un lugar donde solo puedan vivir las personas con mayores ingresos, y que los cambios terminen desplazando a los residentes que ahora viven allí. Además, algunos dijeron que les preocupaba que el aspecto histórico de esa zona se pierda con nuevas edificaciones.

“Yo tengo una propiedad allí, por los muchos, muchos años que he tenido esta propiedad nada ha pasado en el área”, dijo Raúl Ortega, quien está de acuerdo con los cambios porque desea que el vecindario mejore. “Ha habido negligencia por parte de todos, incluso de la Ciudad de Miami”.

Por otro lado Lucille Grenet cuestionó si el cambio de zonificación es la única opción para mejorar el vecindario.

“Estoy de acuerdo con que necesitamos arreglar la comunidad, y quiero que se revitalice, pero no estoy segura de que trayendo más negocios cerca de la comunidad es la solución”, dijo Grenet. “Creo que el plan necesita unos cuantos cambios”.

Carollo, cuyo distrito incluye La Pequeña Habana, dijo que entiende que la propuesta no resolvería todos los problemas que aquejan al vecindario, pero opinó que el cambio será un paso positivo.

“Yo estoy conciente de que este problema requiere más de una sola solución”, dijo Carollo. “También se trata de hacer cumplir los códigos municipales, de más actividad policial, de la recogida de basura”.

La medida representaría una enmienda a los reglamentos actuales –establecidos por Miami 21, el plan maestro de desarrollo urbano de la Ciudad– permiten edificios residenciales de hasta tres pisos y 36 unidades por acre. La zonificación propuesta permitiría hasta cinco pisos y 65 unidades por acre. Además permitiría edificios cuyo primer piso sea comercial, y los demás residenciales, según explicó el viernes, Francisco García, director del Departamento de Planificación municipal.

Varios edificios de gran parte del área ya están construidos de acuerdo con los cambios propuestos, como era permitido en el antiguo código de zonificación de Miami, dijo García.

Inversionistas y urbanizadores con intereses en la zona, sostienen que las cantidades de apartamentos que las regulaciones actuales permiten construir no justifican una inversión en nuevos edificios, ya que no retornarían ganancias de las rentas. Al mismo tiempo, los dueños de edificios en malas condiciones no tienen un incentivo para derrumbar y levantar nuevas edificaciones, ya que en muchos casos tendrían que construir menos unidades.

García dijo que la ciudad está trabajando en un plan para preservar algunas estructuras de valor histórico en el área, declarando una zona como distrito histórico. Alfredo Durán, residente de Coral Gables y propietario de edificios en La Pequeña Habana, dijo que apoya el cambio porque ayudaría a crear “la próxima área grandiosa de Miami”.

“Estoy viendo una nueva tendencia en mis edificios. Un vecindario que se considera muy humilde ahora está siendo descubierto por ejecutivos jóvenes. Y verán más de ellos llegando a La Pequeña Habana”, dijo. “[Con el cambio] Se va a limpiar el lugar y más inquilinos respetuosos de la ley, y propietarios, se van a mudar [al vecindario]”.

Rosalie Wiley dijo que creció en Liberty City, y que vio como los cambios en su vecindario afectaron a la comunidad que vivía allí.

“Yo soy un producto de la gentrificación”, dijo Wiley, quien opinó que los residentes del área deben tener poder de decisión sobre los cambios. “Y creo que si se quiere hacer cambios en una comunidad, esa comunidad debería beneficiarse”.

Algunos residentes y activistas se quejaron de que sus voces no fueron incluidas en la discusión, ya que no se enteraron de las reuniones públicas que se efectuaron en diciembre para discutir los cambios.

García dijo que su departamento hizo todo lo posible para anunciar las reuniones a los residentes, y los eventos fueron “muy concurridos”.

Carollo dijo que él mismo se encargará de hablar con los residentes del área para asegurarse de que sus intereses están incluidos y consideró que se podrían hacer cambios a la propuesta.

Gastos legales

La Comisión de Miami también aprobó pagar $10,923 por los gastos legales en los que incurrió el subjefe de la Policía Luis Cabrera mientras eludía una investigación de la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade.

La Comisión de Ética condujo por meses una pesquisa luego de que empleados del Departamento de Parques denunciaran que Cabrera, quien era asistente del administrador municipal, y el entonces director del Departamento Juan Pascual contrataron a familiares de Cabrera recién llegados de Cuba.

Pascual y Cabrera mantuvieron que no habían actuado de manera incorrecta en relación con la contratación del medio hermano y la cuñada de Cabrera. La Comisión de Ética eventualmente determinó que no había ocurrido un caso de nepotismo.

Un investigador de la Comisión de Ética determinó que las contrataciones fueron sospechosas, pero no encontró evidencia de que Cabrera hubiera abusado su poder ni causa probable para acusarlo. Durante la investigación, Cabrera declinó cooperar y dirigió las preguntas a su abogado, de acuerdo con el reporte.

La abogada municipal dijo que los comisionados podían aprobar el reembolso si consideraban que Cabrera estaba actuando bajo su cargo público mientras sucedieron las acciones que causaron la investigación.

La Comisión municipal ya había aprobado el año pasado pagar unos $3,500 por la cuenta legal de Pascual por el mismo caso. El ex director de parques se retiró el año pasado.

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