Opinión

Se equivocan los fundamentalistas de la Segunda Enmienda

Estudiantes de secundaria del condado de Montgomery, en Maryland, en las afueras de Washington, protestan contra la NRA y exigen más control sobre las armas frente al Capitolio, el 21 de febrero.
Estudiantes de secundaria del condado de Montgomery, en Maryland, en las afueras de Washington, protestan contra la NRA y exigen más control sobre las armas frente al Capitolio, el 21 de febrero. AP

​En el reino de los fundamentalistas que se oponen a la regulación de la tenencia y compraventa de armas de fuego la segunda enmienda de la constitución estadounidense es algo así como el derecho divino de los reyes en las monarquías absolutistas. Para estos f​anáticos made in America, un grupo que incluye políticos invertebrados y militantes de la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), el derecho a poseer y portar armas es un derecho divino e irrestricto. Según su ortodoxia la constitución prohíbe la promulgación de toda ley que impone restricciones a la compraventa y posesión de armas de fuego. Por lo tanto, cualquier intento de regular pistolas, revólveres, fusiles o escopetas constituye una violación de la segunda enmienda.

Pero ocurre que esta interpretación disparatada de la constitución ha sido desmitificada una y otra vez a lo largo de la historia del país. Incontables cortes federales han negado el carácter ilimitado, casi sagrado que le atribuyen los fundamentalistas a la segunda enmienda. Inclusive, lo niega la sentencia de Heller v. The District of Columbia, un caso de 2008 que algunos fanáticos siguen presentando erróneamente como una prueba irrefutable de la veracidad de sus posturas. En Heller, el Tribunal Supremo examinó el significado y alcance de una enmienda cuyo texto dice, “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.

La demanda original fue interpuesta por seis residentes de Washington, D.C. que impugnaban, con razón, una ordenanza municipal que prohibía la tenencia de armas cortas en sus hogares a quienes viven en la capital. A la luz de esta prohibición, los magistrados del supremo se preguntaron si la segunda enmienda protegía el derecho individual a poseer armas o si solamente resguardaba el derecho de quienes pertenecen a una milicia estatal “bien ordenada”. Por una mayoría de 5 a 4 la corte sentenció que, en efecto, la segunda enmienda garantizaba el derecho individual a poseer armas y que por tanto la ordenanza de Washington, D.C. violaba la constitución.

Fundamentalistas de la segunda enmienda aplaudieron con entusiasmo febril la decisión de Heller v. The District of Columbia, hasta que se toparon con la opinión de la mayoría redactada por el juez Antonin Scalia. En ella el magistrado conservador afirmó inequívocamente que el derecho a poseer armas no era ilimitado y que en muchos casos el gobierno podía restringir y regular las armas sin quebrantar un solo principio constitucional. Aunque Scalia da ejemplos de restricciones lícitas su opinión deja abiertas interrogantes en torno a la constitucionalidad de posibles regulaciones legislativas de la compraventa y tenencia de armas que millones de estadounidenses favorecemos y que el NRA, sus políticos comprados y los fundamentalistas rechazan categóricamente.

Scalia argumenta que el gobierno no puede impedir la tenencia de armas cortas.

​Pero su ​opinión no excluye la posibilidad de que el gobierno sí pueda (y deba) prohibir ciertas armas largas, como el fusil de asalto de tipo AR-15 utilizado por un psicópata malvado para asesinar 17 personas en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas. (Estos fusiles también han sido usados por asesinos malignos que han perpetrado otras masacres estadounidenses.) De hecho desde el 2011 cuatro tribunales federales de apelación han determinado que no violan la segunda enmienda leyes y ordenanzas aprobadas por Maryland, Nueva York y Connecticut, y por los ayuntamientos de Highland Park, Illinoisn y el Distrito de Columbia que prohíben los fusiles de asalto y los cargadores (o peines, como le llamamos los cubanos) de alta capacidad.

De manera que se equivocan por igual legisladores derrotistas paralizados por ​su​ fatalismo y fanáticos que han convertido sus rifles y pistolas en fetiches cuando nos advierten que la segunda enmienda impide la regulación de las armas de fuego. En realidad los principales impedimentos a la aprobación de estas leyes son políticos cobardes vendidos al NRA y votantes partidarios de la regulación eficaz que sólo muestran interés en el tema después de una masacre.

Periodista cubano, ejecutivo de una empresa internética.

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