Opinión

RAMON A. MESTRE: Contra la elección popular de los jueces

En la Florida, y en casi todos los estados de nuestra bendita república, la elección de jueces de primera instancia (conocidos aquí como magistrados condales y magistrados de circuito) es una variante perversa de la democracia representativa. Estados Unidos comparte esta parodia electoral con la Bolivia de Evo Morales.

Y al igual que los bolivianos, un porcentaje ínfimo de los votantes inscritos en Miami Dade acaba de elegir magistrados novatos, dos de los cuales ni siquiera están capacitados para hacer el papel de jueces norcoreanos en una pelea de perros celebrada en honor de Kim Jong-un. El pasado martes los votantes también derrotaron una de las juezas miamenses más capaces sustituyéndola con un rival que no le llega al dobladillo de la toga. Desgraciadamente, semejantes calamidades han sucedido en varias ocasiones durante los años en que he seguido las elecciones a la judicatura en Miami Dade.

También es cierto que el pasado martes, como ha sucedido en comicios judiciales anteriores, los votantes de Miami elegimos candidatos que serán jueces competentes y hasta brillantes. Pero esos resultados felices son productos del azar y del hecho que los aspirantes suelen ser abogados talentosos y experimentados y personas decentes y equilibradas. Con todo, los resultados felices no bastan para justificar un sistema en el cual candidatos amordazados por las normas del llamado Canon 7 del código de conducta judicial (el que rige las elecciones a la judicatura) le piden apoyo a ciudadanos indiferentes que no tienen ni van a tener la menor idea acerca de las cualificaciones de los candidatos a cargos judiciales. Durante este simulacro de una campaña electoral, el aspirante a juez puede hablar de sus años de experiencia y del tipo de derecho que ha ejercido, pero no puede decir ni coma acerca de su filosofía jurisprudencial, sus criterios en torno a las sentencias de tribunales superiores, o lo que piensa sobre las condenas obligatorias, las superpobladas cárceles estadounidenses y otros temas relacionados con la administración de la justicia.

Además, los aspirantes se ven obligados a solicitar fondos para financiar su lid electoral. Algunos candidatos cuentan con una fortuna personal que les permite hacerle préstamos a su propia campaña, pero casi todos los aspirantes solicitan el grueso de los donativos entre sus colegas, los abogados que acuden a los tribunales. A veces, empresas privadas les escriben generosos cheques a ciertos aspirantes. Ahí tienen la aseguradora local enfrentada a incontables demandas judiciales que les obsequió miles de dólares a dos candidatos en las pasadas elecciones.

Unas cuantas encuestas indican que la plata que corre en las elecciones judiciales crea la impresión entre el público general que demasiados jueces están a la venta. Aunque esto no sea cierto, la creencia popular menoscaba la imagen y la legitimidad del poder judicial.

Los defensores de las elecciones judiciales nos aseguran que los magistrados electos son más más “transparentes” que los jueces nombrados a dedo por un gobernador o una comisión de notables porque los magistrados electos tienen la obligación de “rendirle cuentas” a los votantes Eso no es cierto. En su desempeño el juez electo, al igual que el juez nombrado, no puede rendirle cuentas a los votantes. Debe rendirle cuentas a la ley con la obligación de aplicar las normas jurídicas con independencia e imparcialidad. Por algo será que los promotores de los comicios judiciales estatales no abogan por la elección popular de jueces federales, de magistrados de apelación e integrantes de tribunales superiores. En el fondo, estos abogados saben mejor que nadie que el juez no es un político cualquiera. Pertenece al poder más importante del Estado .Podemos darnos el lujo de elegir imbéciles, bribones y mediocres a la presidencia, las gobernaturas, alcaldías, legislaturas y consejos municipales. Pero no a la judicatura, a no ser que queramos convertirnos en una Bolivia cualquiera.

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