Opinión

ALBERTO M. CARVALHO: Las pruebas y el sentido común

Cuando se trata de responsabilidad académica y más específicamente, de las evaluaciones, la opinión del público se ve influenciada por un número de factores y entidades. La Florida es uno de los muchos estados que están haciendo frente a ideas de reformas educacionales que algunos dirían han sido impulsadas demasiado lejos con ideologías reflexivas que en vez de usar sentido común y resultados basados en la investigación, está poniendo en peligro la validez y la fiabilidad del sistema de responsabilidad académica del estado.

Las evaluaciones, como herramienta de contabilidad, solamente existen para informar y mejorar el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Su uso más allá de la interpretación de los resultados se presta a malinterpretarlos, llegar a conclusiones erróneas, corromper el sistema en sí y eventualmente dañar a los estudiantes, profesores, escuelas y a la comunidad.

Los rápidos cambios al sistema de responsabilidad académica, sin consideración por el impacto que pudiesen causar estos ajustes múltiples, han dejado al público confundido acerca del verdadero rendimiento de los estudiantes. Mientras tanto, educadores de todos los niveles tienen inquietudes, dudas y escepticismo acerca de ambas políticas y rápido desarrollo. La reciente falta de conexión entre el bajo rendimiento escolar y las mejoras en los resultados de los estudiantes sólo han aumentado la confusión y el desánimo.

Por lo que en la víspera del cambio más dramático desde que se inició la prueba FCAT o la transición a la FCAT 2.0 en términos de estándares y evaluaciones, debemos hacer una pausa. Necesitamos tiempo para reevaluar de manera honesta decisiones pasadas y recientes y sus consecuencias y tener el coraje de proseguir en un camino que se centra en el estudiante y el maestro y que excluye la política, las influencias, la ignorancia y el extremismo.

Una responsabilidad académica respetuosa permite la intervención apropiada. No podemos volver a los días en que el rendimiento de la mayoría de los estudiantes cubría como un manto a estudiantes de bajo rendimiento aun en escuelas o comunidades de alto rendimiento. Tenemos una responsabilidad moral de evaluar de manera respetuosa y razonable a nuestros estudiantes a fin de garantizar su desarrollo cognitivo. No podemos crear soluciones estratégicas y diferenciadas para enseñar a todos los niños sin que primero comprendamos la cruel realidad que representa la brecha del rendimiento académico, que es el resultado de la pobreza que existe en nuestra comunidad.

El debate continuo en torno a este asunto revela mayor concienciación y compromiso. Sin embargo, no podemos permitir que el silencio de una mayoría con sentido común sea ahogado por voces inconexas y a menudo mal informadas o voces de discordia políticamente influenciadas. Tampoco podemos esperar que alguien que no sea los interesados y que comprendan el verdadero valor democrático de la educación pública se esfuerce para proporcionar legítimamente las soluciones necesarias.

Un curso de acción prudente se basa en seguir un número de pasos razonables.

Primero, debemos reevaluar las políticas educacionales erróneas del gobierno federal que impactan negativamente a nuestra población de estudiantes principiantes del idioma inglés ( English Language Learners o ELL por sus siglas en inglés ) y también a los niños con discapacidades. Después necesitamos reexaminar la exención de la celebrada y recientemente vilipendiada ley No Child Left Behind de la Florida, que muchos ven como un cambio de una política federal no razonable a regulaciones estatales arbitrarias.

Segundo, los plazos establecidos por la legislación para la implementación de la responsabilidad académica se deben ajustar de manera que se alineen no con mandatos arbitrarios en las evaluaciones sino con los niveles de preparación y conocimiento de los estándares con los educadores, padres y comunidades. A la luz de lo que se está denunciando, como una carrera para lanzar nuevas evaluaciones a fin de cumplir con el mandato sobre los plazos para la implementación de la responsabilidad académica, se debe conceder otro año para la implementación de los estándares. Esto permitirá la concienciación y la comprensión comunitaria así como el desarrollo profesional óptimo de maestros y líderes en todo el estado.

Tercero, el estado debe verificar que la entidad privada que ha contratado para desarrollar una nueva evaluación tenga la experiencia necesaria. El estado debe también exigir que la prueba del examen se haga en la Florida con estudiantes de la Florida, y no en un lugar donde la población es tan diferente de nosotros como Utah.

Hay demasiada evaluación y es una realidad que el estado debe reconocer. El tiempo de instrucción es demasiado valioso para gastarlo en una doble evaluación de los estudiantes. Además, evaluar a los estudiantes debe servir estrictamente para enseñar, no solamente proporcionar una variable a la evaluación de desempeño del maestro, como ocurre con los exámenes de fin de curso del kindergarten al duodécimo grado que diseñó el Distrito para cumplir con el nuevo mandato del estado.

Cuarto, el estado debe abandonar su plan de utilizar datos básicos en la evaluación como una manera de generar las calificaciones de las escuelas. La responsabilidad académica en la Florida se basa en un análisis del rendimiento y de las mejoras que se logran con el tiempo, que también se conocen como avances en el aprendizaje. Medir el rendimiento que se logra con el tiempo exige contar con datos comparables del año anterior. Esto será imposible en el 2014-2015 porque no habrá datos anteriores para la comparación. Una alternativa podría ser un boletín de calificaciones que informe a las comunidades los indicadores educacionales sin que se les asignen letras poco fiables para la calificación escolar.

Por último, uniendo datos de rendimiento que no son estadísticamente fiables a la evaluación de los maestros y las escalas salariales basadas en los avances en el aprendizaje o los modelos de valores, cuando esos mismos valores que son indispensables para los modelos no existen, es cuestionable en el mejor de los casos o poco éticos en el peor.

Finalmente, lo que está en riesgo no es solamente la confianza y seguridad del sistema de responsabilidad de desempeño de nuestro estado, sino el sistema mismo. Es evidente que nuestro apuro para proteger el legado o el estatus quo de la política puede al final traer resultados desastrosos. Existe una responsabilidad moral en esta situación, que si no se resuelve definirá no solamente quienes somos, sino también nuestros valores y cómo valoramos a nuestros niños y a las personas que los entrenan. Y cuando nosotros, los adultos, consideramos, debatimos y hasta nos faltamos el respecto, no debemos ignorar que nuestros niños nos están observando y no deben confundirse con nuestras técnicas confusas.

Superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade.

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