Opinión

La economía detrás de las deportaciones

Partidarios de la ley migratoria DACA se encadenan frente al Capitolio nacional en Washington, en una protesta realizada el 5 de marzo.
Partidarios de la ley migratoria DACA se encadenan frente al Capitolio nacional en Washington, en una protesta realizada el 5 de marzo. Getty Images for MoveOn.org

Washington se prepara mientras escribo esta columna para una gigantesca marcha de estudiantes que quieren que haya control de armas (en medio del inclemente frío capitalino). La próxima semana, después de observar y reportar sobre el impacto que tendrá a nivel nacional, tocaré de nuevo el tema en esta columna. Sin embargo, mientras que hoy el presidente Donald Trump vía la red social Twitter amenaza con vetar el presupuesto si no se incluyen medidas para los estudiantes que se acogen a la ley DACA y los fondos para el muro en la frontera con México, a mí me parece de suma importancia preguntarnos que va a pasar con todos esos inmigrantes que tienen estado temporal migratorio (TPS por sus siglas en inglés), y que tampoco están incluidos (hasta el momento) en ninguna ley, mas allá de la terminación completa, ordenada por Trump, de sus estados migratorios antes del 2020.

¿Se avecinan deportaciones masivas? Más del 90% de las personas con el estatus temporal son de El Salvador, Honduras y Haití. Aquí en el sur de la Florida de acuerdo a Hector Chichoni, de Duane Morris, el impacto económico, si estas personas (que actualmente están empleadas) son deportadas, sería gigantesco. En datos proveídos por la firma, citando al Immigrant Legal Resource Center (ILRC), les costaría a los contribuyentes unos 3.1 billones de dólares, las deportaciones de tan solo los del TPS (esto sin contar los otros numerosos casos).

Sin duda, a mi criterio, esto es otra muestra más de la falta de interés y responsabilidad del Congreso para actuar y conseguir una reforma al sistema migratorio que sea congruente con todas las necesidades del país, no solo con los intereses electorales de los políticos. El mismo presidente de la nación pone al país es ascuas para cumplir con sus caprichos de que con nuestros impuestos financiemos un muro que él prometió, asegurando que México lo pagaría. Estoy segura que en el interés de los votantes que apoyaron el muro no estaba el hecho de que ellos mismos, aquí en Estados Unidos, lo pagarían.

Volviendo al tema del TPS, según el ILRC, la mayoría de los receptores trabajan en las industrias de la construcción, turismo, salud, empleos domésticos residenciales o comerciales, y otros oficios de salarios bajos. Según el abogado de inmigración y trabajo, Hector Chichoni, los estadounidenses en muchos casos no quieren realizar algunos de los empleos que tienen personas con el estatus temporal, como empleadas domésticas, empacadores de víveres y granjeros. Lo más grave es que estima que unos 28,000 niños que nunca han visto su país se también verían afectados si no se soluciona el problema de manera integral.

Dicho esto, nos encontramos dentro de una ruleta rusa llena de errores en referencia a un sistema migratorio que ya está quebrantado, y que antes de que los políticos buscaran la manera de no recibir más inmigrantes ilegales, deberían, o mejor si se pudiese simultáneamente, arreglarlo. La política de la administración tanto de Barack Obama (la cual fue escueta), como de Donald Trump (que hasta ahora ha sido nula), ha dejado a los inmigrantes, empleadores de inmigrantes, jóvenes y niños en un limbo, que al final del día, sí, cuesta a muchos emocionalmente, pero a todos, indiferentes o no a la inmigración ilegal, les costará también el bolsillo.

Periodista y presentadora de televisión y radio.

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