Opinión

RAMÓN A. MESTRE: De un fiscal muerto y la complicidad oficial argentina con el terrorismo islámico

La muerte del fiscal argentino Alberto Nisman y los hechos enrevesados que la anteceden combinan elementos de algunas novelas de John Le Carré y del Joseph Conrad que escribió Nostromo (su retrato de un corrupto país sudamericano) y The Secret Agent. Una mezcla de intriga, mentiras, psicopatía homicida, preguntas sin respuestas verosímiles, complicidad oficial argentina con el terrorismo islámico, abusos de poder y la ineptitud de políticos, jueces y policías.

Nisman llevaba años investigando el atentado terrorista que en julio de 1994 destruyó la sede en Buenos Aires de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA por sus siglas en castellano) causando la muerte de 85 personas e hiriendo a más de 300. La AMIA es uno de los centros comunitarios esenciales de la comunidad judía argentina, la más numerosa de América Latina. En esos años el ataque a la AMIA no fue el único atentado perpetrado por terroristas islámicos contra los judíos en Argentina. Siguiendo un plan elaborado por el régimen ayatólico de Irán un terrorista suicida de Hezbolá atacó la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. El ataque dejó un saldo de 242 heridos y 29 muertos, muchos de ellos niños que estudiaban en una escuela cercana a la embajada.

Nisman encabezaba la encarnación más reciente de una serie de investigaciones en torno al crimen contra la AMIA. La primera se inició en el 1995 con la creación de una llamada Comisión Especial Investigadora. Estas pesquisas iniciales eran modelos de inepcia oficial. Quizás también eran la manifestación de una estrategia diseñada para encubrir a los responsables. No hay duda de que solían oscurecer los hechos. Algunas conclusiones señalaban la presunta complicidad del ex presidente Carlos Menem, un argentino hijo de inmigrantes sirios y la autoría del propio gobierno sirio. A su vez un juez apartado de la investigación insistió en los vínculos con los terroristas de integrantes de la policía bonaerense. Con razón el presidente Néstor Kirchner llegó a tildar estas indagaciones como una “deshonra nacional”.

Por fin, en el 2006, una investigación dirigida por Nisman y el fiscal Marcelo Martínez Burgos inculpó directamente con pruebas al gobierno de Irán y a Hezbolá por el atentado terrorista contra la AMIA. Los fiscales pidieron la captura de seis ex funcionarios iraníes, entre ellos un ex presidente, dos ex ministros, matones de Hezbolá y dos ex diplomáticos que estuvieron destinados en la embajada de Irán en Argentina. Tras estudiar el expediente de Nisman, la Interpol incluyó a seis de los acusados iraníes en uno de sus circulares rojos mediante los cuales Interpol debe asistir a sus países miembros en la identificación y el arresto de las personas que figuran en los circulares.

Luego, Itzhak Aviran, el embajador de Israel en Argentina entre 1993 y 2000, enturbió las aguas investigativas al declarar que “la gran mayoría de los culpables (del atentado contra la AMIA) no está en este mundo”. Avirán insinuó que Israel había eliminado a los terroristas, una afirmación que fue rápidamente desmentida por el gobierno israelí.

Desde entonces, Irán ha hecho lo posible por presionar o sobornar al gobierno argentino a fin de que anule las acusaciones contra sus funcionarios. En efecto, poco antes de su misteriosa muerte Nisman había acusado a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de negociar un acuerdo secreto con Irán mediante el cual Irán le entregaría petróleo barato a Argentina a cambio de que la presidencia argentina “fabricara la inocencia” de los acusados iraníes. De hecho, en el 2013 Fernández había firmado un “Memorándum de entendimiento” con Irán que contemplaba la creación de una grotesca “Comisión de la Verdad”. Era como eximir a los alemanes nazis de responsabilidad por sus campos de exterminio y pedirles que asistieran en la investigación del Holocausto.

Las denuncias de Nisman contra la presidenta se basaban en grabaciones de escuchas electrónicas proporcionadas por los mismos servicios de inteligencia argentinos que Fernández había empleado ilegalmente para investigar e intimidar a sus adversarios políticos. Ahora, de pronto, la presidenta pretende reformar a sus doberman desleales culpándolos del asesinato de Nisman, un crimen que jamás será aclarado mientras la investigación quede en manos de la justicia argentina.

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