Opinión

DANIELLE LEVINE CAVA: Llegó la hora: dejemos los juegos políticos y reformemos el sistema inmigratorio

El presidente Barack Obama habla en Las Vegas el pasado 21 de noviembre sobre su acción ejecutiva para evitar la deportación de casi 5 millones de inmigrantes.
El presidente Barack Obama habla en Las Vegas el pasado 21 de noviembre sobre su acción ejecutiva para evitar la deportación de casi 5 millones de inmigrantes. Getty Images

En noviembre del 2014, el presidente Obama anunció que pasaría acciones ejecutivas que afectarían a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados. Estas acciones expanden el programa llamado DACA e implementan DAPA.

DACA afecta a la gente joven que fue traída a este país en la niñez y DAPA es para padres de ciudadanos o residentes. En ambos casos, la persona pidiendo documentos debe cumplir con ciertos requisitos legales, incluyendo un control de antecedentes. Recibirían un permiso de trabajo o estudio y un número de seguro social.

Estas reformas son un gran paso para sacar a miles de personas de las penumbras y legitimar a miembros de nuestra comunidad que trabajan y contribuyen económicamente y socialmente. Las órdenes ejecutivas son legales y otros presidentes han pasado acciones similares, entre ellos el presidente Bush y el presidente Reagan. Pero desafortunadamente, hay funcionarios que prefieren poner la política por encima de las necesidades de nuestra comunidad.

Actualmente, 26 estados se han juntado a una demanda contra el presidente Obama sobre las acciones ejecutivas que anunció el año pasado. Lamentablemente, Pam Bondi, la Fiscal General de la Florida, decidió participar en el juicio contra el presidente Obama. Una corte federal escuchó los argumentos de los estados y se espera un fallo después del 30 de enero.

Mientras tanto, algunos republicanos de la Cámara de Representantes han pasado una propuesta de ley para quitarle fondos al Departamento de Seguridad Interna, en particular los fondos que se usarían para las acciones ejecutivas. La propuesta seguramente será vetada por el Presidente.

Estos juegos políticos solo sirven para distraernos de un sistema inmigratorio que necesita una reforma urgente. Ya es obvio que no tenemos los fondos ni la logística para deportar a 11 millones de personas. Incluso si eso fuera posible, sería un tremendo golpe económico.

La Florida es uno de los estados con un gran número de indocumentados. Cientos de miles de personas son afectadas en nuestro estado por las órdenes ejecutivas del presidente Obama. La mayoría de esas personas están en el sur de la Florida, especialmente en Miami-Dade. Dar estatus legal a miles de inmigrantes que viven y trabajan en nuestra comunidad es la opción inteligente que traerá consecuencias positivas, tanto sociales como económicas.

Este juicio no representa las prioridades de la gente de Miami-Dade y queremos seguir adelante con las acciones ejecutivas y la reforma migratoria. Nuestra Comisión ya ha dado pasos para ayudar a las personas indocumentadas en Miami y aliviar la amenaza de deportación. En el 2013, la Comisión ordenó que se dejara de detener a las personas en las cárceles del condado basado en las solicitudes de detención de ICE.

Mi distrito tiene una gran industria agrícola y muchas de las personas que trabajan en los campos son indocumentadas. Al no tener estatus legal, ellos son vulnerables al abuso y la explotación. Las acciones ejecutivas ayudarán a prevenir estos abusos, fortalecerán la economía y mantendrán a las familias unidas. No podemos quitar estas nuevas leyes por juegos políticos y dejar a tantos trabajadores y estudiantes sin opciones ni recursos. Sería terrible para la economía local, la cual depende del movimiento económico de estas personas. Estas reformas harán más fuerte a Miami-Dade.

Varios republicanos reconocen que es una falta de compasión quitarle fondos al Departamento de Seguridad Interna y votaron en contra de ese proyecto de ley, en particular los congresistas Mario Diaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo. Sugiero que llamen a sus representantes y a la oficina de la Fiscal General y dejen saber que esta demanda sería mala para nuestra comunidad.

Las personas indocumentadas trabajan, tienen familias y quieren vivir el sueño americano como tantos inmigrantes lo han hecho en la historia de nuestro país. Es hora de dejar este ajedrez político, implementar las acciones ejecutivas del Presidente y reformar nuestro sistema inmigratorio.

Comisionada de Miami-Dade.

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