Editorial

EN NUESTRA OPINIÓN: El costo de la nueva directiva migratoria

En esta foto tomada el 7 de febrero de 2017, publicada por la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, se realiza una detención durante una operación llevada a cabo por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En esta foto tomada el 7 de febrero de 2017, publicada por la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, se realiza una detención durante una operación llevada a cabo por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). AP

La directiva de la semana pasada del gobierno de Trump contra los inmigrantes indocumentados es horrible e inviable y va contra los valores norteamericanos. Y además, el costo para la nación no se limitará al gasto monetario.

Una vez más el presidente Trump se esfuerza por cumplir las promesas de su campaña, aunque vaya en contra de los ideales de la nación.

El gobierno insiste en que la nueva política solo apunta a los delincuentes peligrosos. Pero es evidente que prácticamente tiene en la mira a cualquier inmigrante indocumentado.

No hay matices: la norma no distingue entre la mujer que va a su trabajo manejando un auto sin tener licencia, y el hombre acusado de robo a mano armada. ¿Qué objetivo tiene separar a esa mujer de sus hijos? En un reconocimiento pragmático y compasivo de las razones por las que muchos vienen a este país, y de la vida que logran forjarse aquí, el gobierno de Obama, y el de Bush anteriormente, persiguieron mayormente a los que cometieron delitos graves o a los que constituían amenazas para la seguridad nacional. El gran número de personas deportadas bajo esta política le ganó a Obama el mote burlón de Deportador en Jefe. La única buena noticia es que los DREAMers parecen estar a salvo, al menos por ahora.

Los inmigrantes indocumentados no tendrán que ser declarados culpables de un crimen para que su deportación sea prioritaria. Bastará con que se les acuse. A los que han inmigrado recientemente y han sido atrapados cerca de la frontera se les puede deportar sin una audiencia judicial. La política del gobierno de Trump lanza una red más amplia. Ahora, a cualquiera que sea atrapado en cualquier lugar del país y no pueda demostrar que lleva viviendo aquí por lo menos dos años, se le puede negar una audiencia y ser deportado de inmediato. Como dijimos antes, eso va contra los valores norteamericanos.

El costo es astronómico: los 10,000 agentes de Inmigración que el gobierno ha anunciado que contratará costarán $4,000 millones al año, por no mencionar el costo de los centros de detención que le hace la boca agua a la industria de las prisiones privadas. Trump no ha dicho de donde sale ese dinero. Además, acelerar este proceso de deportaciones abre la puerta a la corrupción y al uso excesivo de la fuerza que vimos cuando el gobierno de Bush lanzó una iniciativa similar sin que los agentes fueran examinados con rigor.

El motor de esta persecución es, por supuesto, el miedo. Y los hechos reales se pierden en la confusión. El gobierno planea divulgar los delitos cometidos por los indocumentados. Pero el Consejo Norteamericano de Inmigración, tras años de estudio, ha encontrado que “es menos probable que los inmigrantes cometan delitos graves que los nacidos aquí, y el alto índice de inmigración está asociado con índices más bajos de delitos violentos y de delitos contra la propiedad”. Esto es válido tanto para inmigrantes legales como ilegales.

A nivel local, los comisionados del condado que hace unos días votaron a favor de la política del gobierno de Trump hacia los indocumentados deben reafirmar al público que los agentes de la ley no se convertirán en agentes de inmigración. Los policías locales tienen un papel importante en la política del Presidente de arrestar y deportar prácticamente a cualquiera que esté en el país sin permiso. Pero eso no aumenta nuestra seguridad, ya que los inmigrantes indocumentados tienen temor de acudir a la policía para denunciar un delito.

El miércoles, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, recalcó: “No estamos preguntando cuál es el estado migratorio, nunca lo hemos preguntado y nunca lo preguntaremos”, dijo a la Junta Editorial, refiriéndose al Departamento de Policía del condado. “Eso es una responsabilidad federal. Ellos tienen su trabajo, y nosotros el nuestro”.

La xenofobia y los temores explotados con fines políticos —y las penurias económicas reales de muchos norteamericanos— nos han traído a esta situación penosa. Pero también hay que culpar a la ausencia de una reforma migratoria coherente, rigurosa y a la vez compasiva.

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