Editorial

EN NUESTRA OPINIÓN: La Florida no debe dar información de los votantes

El secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, preside la comisión de integridad electoral creada por el presidente Donald Trump.
El secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, preside la comisión de integridad electoral creada por el presidente Donald Trump. AP

La única respuesta que el estado de la Florida debe dar a la Comisión de Asesoría Presidencial de Integridad Electoral, que la semana pasada pidió a los 50 estados que le dieron información sobre cada votante, es un rotundo no.

El mismo nombre de la comisión, creada por orden ejecutiva del presidente Trump, es ridículo. Pero la esencia de su misión —suprimir el acceso de algunos votantes a las urnas— es grave y peligroso.

La verdad es que el fraude electoral en este país es prácticamente inexistente.

Pero esa realidad por lo menos al Presidente no le importa. Trump sigue afirmando, sin la menor prueba, de que no ganó el voto popular en el 2016 por culpa del fraude. La semana pasada, su comisión envió una carta a los estados pidiendo una lista de los nombres, la afiliación partidista, las direcciones y el historial de votación de cada elector, si las leyes del estado permiten que esa información sea de dominio público. Estamos hablando posiblemente de 200 millones de votantes. Con las preocupaciones sobre la seguridad cibernética y el robo de identidad, ¿cómo pueden confiar en que el gobierno federal protegerá esos datos personales?

La comisión dio a los secretarios de Estado unas dos semanas para proporcionar la información de los votantes, que abarca la fecha de nacimiento, los últimos cuatro dígitos de sus números de Seguro Social y cualquier información sobre sentencias por delitos graves y servicio en las fuerzas armadas.

La gran mayoría de los estados no necesitó dos semanas. El miércoles, por lo menos 44 estados —tanto dirigidos por demócratas como por republicanos— se habían negado a dar la información. La Florida estaba indecisa. ¿Por qué?

El presidente Trump creó esta comisión sobre la base de una mentira: que en las elecciones hubo fraude. Que el fraude electoral es una plaga. Que le robaron el voto popular.

Esas afirmaciones han sido desmentidas, aun cuando en legislaturas estatales controladas por los republicanos han tomado medidas para dificultar que los afroamericanos, los hispanos y los jóvenes voten. Los tribunales han anulado leyes injustas que exigen identificación a los votantes. Pero en algunos estados, lamentablemente, los esfuerzos por suprimir votos parecen haber dado frutos.

La Florida tiene una historia insidiosa de suprimir especialmente el voto afroamericano, una historia de la que debería estar avergonzada y que debería indicarle cómo avanzar por el camino correcto. Ex delincuentes que han pagado su deuda con la sociedad todavía tienen que superar innumerables obstáculos para que les restauren su derecho al voto. Es un vestigio de las leyes de segregación racial; purgas de las listas de votantes, bajo los gobernadores Jeb Bush y Rick Scott, que privaron a afroamericanos de la Florida de su derecho al voto; la reducción de la cantidad de colegios electorales y el horario de operación, lo que dio lugar a filas interminables, sobre todo en los barrios negros.

Esa situación tuvo un eco en lo que dijo Jim Greer, ex presidente del Partido Republicano del estado, en una declaración en el 2012 sobre una reunión con líderes del partido: “Yo estaba disgustado porque los consultores políticos y el personal estaban hablando de supresión de votantes y de impedir que los negros votaran”.

Greer afrontaba cargos de corrupción cuando hizo su declaración. Tenía todos los incentivos para tratar de lucir bien. Pero las acciones del GOP del estado a lo largo de los años en la Legislatura y en la oficina del gobernador refuerzan sus afirmaciones.

Esta comisión está trabajando a favor de un presidente que jura que ganó el voto popular; que se cruzó de brazos mientras sus partidarios más extremistas amenazaban con intimidar a los votantes de minorías, y que ha obstaculizado las pesquisas sobre la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016.

La Florida debe determinar dónde está el verdadero fraude.

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