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La tragedia de las madres de Soacha desata escándalo de los falsos positivos

Madre de Julián Oviedo, un joven de 19 años, ayudante de construcción de Soacha, población al sur de Bogotá que fue ejecutado y apareció a 300 kilómetros de la capital, reportado como guerrillero muerto en combate. Desapareció el 2 de marzo de 2008.
Madre de Julián Oviedo, un joven de 19 años, ayudante de construcción de Soacha, población al sur de Bogotá que fue ejecutado y apareció a 300 kilómetros de la capital, reportado como guerrillero muerto en combate. Desapareció el 2 de marzo de 2008.

Julián Oviedo quería hacerse soldado del ejército de Colombia cuando cumpliera 20 años.

Al joven obrero de la construcción le faltaba un año más para cumplir con la tradición familiar: tanto su papá como sus tres hermanos y un tío, a quien mató la guerrilla, se habían enrolado en el ejército.

"Pero no le alcanzó la vida’’, afirmó su madre, Blanca Nubia Monroy al explicar que el mismo ejército se la truncó. "Jamás me pasó por la mente que mi hijo lo había matado el ejército’’, agregó en una reciente entrevista en su casa con El Nuevo Herald.

Oviedo, de 19 años, fue uno de varios jóvenes que desaparecieron el año pasado en Soacha, una populosa ciudad al sur de Bogotá, y que semanas después fueron hallados por sus familiares en tumbas anónimas, a 300 kilómetros de la capital. Allí habían sido enterrados como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) abatidos en combate.

La muerte de los jóvenes de Soacha marcó el comienzo del escándalo de los falsos positivos en Colombia, un término periodístico con el que se conoce la ejecución sistemática de civiles inocentes por parte de miembros del ejército para cobrar recompensas en dinero, ascenso o vacaciones. En el argot militar, un "positivo'' es una baja enemiga.

A partir de las denuncias de madres como Monroy, una avalancha de casos similares en diferentes regiones del país inundó la Fiscalía General de la Nación.

Este organismo investiga el asesinato, en circunstancias parecidas a las de Oviedo, de más de 1,800 personas, lo cual ha desatado un escándalo internacional.

La investigación de esta práctica es el motivo de la visita a Bogotá esta semana de Philip Alston, relator especial de ejecuciones extrajudiciales y sumarias de Naciones Unidas.

Soacha, de unos 700,000 habitantes, es la capital de los desplazados en Colombia. En muchas de las viviendas a medio construir que se apretujan en los cerros escarpados de la ciudad, sobreviven miles de familias campesinas que han sido desplazadas una o dos veces por acciones de la guerrilla o del paramilitarismo en las regiones donde cultivaban la tierra.

Con pocas diferencias, los testimonios de varias madres de Soacha que perdieron a sus hijos en ejecuciones de falsos positivos, coinciden en que la tragedia comenzó a principios del año pasado cuando algunos reclutadores convencieron a sus hijos de trasladarse al nororiente de Colombia con el incentivo de obtener empleos con buenos sueldos.

En el caso de Oviedo, afirmó Monroy, de 50 años, fue contactado por dos jóvenes a quienes sólo recuerda por el nombre, Pedro y Alexander, este último dueño de una cantina en Soacha. Ambos llamaron varias veces a su hijo el 2 de marzo del año pasado para citarlo a una reunión en la que le harían una oferta de trabajo.

Oviedo, a quien Monroy describió como un joven reservado, poco sociable, que se dedicaba a escribir canciones de rap y a ver programas evangélicos en la televisión, se preparó para la cita y salió alrededor de 7 p.m. de su casa.

"Cuando regresé de comprar la comida en la tienda, él ya estaba listo para salir, dijo que no quería comer: ‘Guárdame la comida que no me demoro, la verdad es que tengo un hambre’, me dijo, recordó Monroy''. El salió y nunca mas volvió.’'

De acuerdo con la investigación, Oviedo fue asesinado al otro día en el municipio de Villa Caro, cerca a Ocaña, una ciudad del departamento del Norte de Santander, a 600 kilómetros al nororiente de Bogotá. Su cuerpo fue enfundado en un uniforme de la guerrilla.

Ese día por la tarde Monroy sintió la corazonada de que algo terrible le había ocurrido a su hijo.

"Cuando estaba haciendo la comida como a las 6 de la tarde, sentí, no sé si fue sugestión, pero oi la voz de él que me llamaba: ‘Mamá’. Yo salí corriendo a la ventana a mirar si estaba afuera en la calle, y me entré llorando y diciendo: ‘¿Qué le pasaría a mi hijo, qué le pasaría?"

Entre las madres desesperadas de Soacha fue corriendo la voz de la desaparición de sus hijos hasta que llegó a oídos del personero Fernando Escobar, una especie de ombudsman de la comunidad. Escobar se dedicó a apoyar los esfuerzos en la denuncia de los hechos. También convenció a los familiares para que dieran a conocer su tragedia.

Escobar ha sido objeto de varias amenazas contra su vida, lo cual lo ha obligado a desplazarse con escoltas y automóvil blindado por la ciudad.

Poco a poco la realidad salió a flote. La mayoría de los jóvenes habían sido llevados a Santander y a Norte de Santander con la promesa de un empleo.

A los reclamos de la madres de Soacha se unió Analía Páez, residente del barrio Kennedy, de Bogotá. Su hijo, Eduardo Garzón, de 32 años, desapareció también la primera semana de marzo del 2008 y luego fue encontrado en el cementerio de Cimitarra, Santander, sepultado sin nombre con un uniforme de guerrillero.

Garzón estudió 12 años en la Academia Militar Superior y luego se especializó en hotelería y turismo. Administraba con su madre un casino que funcionaba en las instalaciones de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá. Tenía tres hijos.

Un año y medio después de su muerte, su madre asistió a la audiencia en Cimitarra en la que fueron acusados cinco soldados y dos oficiales del ejército.

La mujer fue retirada de la audiencia por un ataque de nervios que sufrió al ver a los acusados.

"Yo quería matarlos, se lo juro, acabaron con Eduardo, destruyeron a mi otro hijo de 15 años, porque Eduardo fue como un papá para él, ahora lo echaron del colegio porque se volvió agresivo. Está mal. El dice que no quiere vivir más'', explicó llorando Páez.

"Mi casa es un luto, ya no es una casa. ¿Por qué acabar con una vida que era el amor de nosotros?", agregó. "Era el que me colaboraba. Yo trabajé en Estados Unidos 11 años y todo lo que mandaba fue para sus colegios, pensando que la Virgen me lo iba a cuidar''.

En la audiencia surgieron algunos detalles de cómo se llevó a cabo la operación. Un testigo de la fiscalía señaló que los militares lo obligaron a firmar un recibo de $700 por haber entregado información relacionada con un supuesto secuestro de un ganadero que Garzón y otro civil inocente estaban preparando. Pero el testigo, que no recibió el dinero, no conocía a ninguno de los dos y, aunque firmó el documento por temor, se presentó a la fiscalía y acusó a los militares.

Después de seis meses de búsqueda, Monroy acudió a Medicina Legal en Bogotá y allí reconoció en una fotografía enviada desde la morgue de Bucaramanga, al nororiente de Colombia, los trazos del tatuaje del signo zodíacal de Libra que su hijo tenía en el brazo izquierdo.

Los funcionarios le entregaron un documento que lo identificaba como combatiente de la guerrilla.

"Antes de saber lo que ocurrió, yo peleaba contra él: ‘Julián, ¿por qué se tuvo que haber ido?' Pero jamás se me pasó por la mente que a mi hijo lo había matado el ejército, y mucho menos como lo encochinaron [difamaron] diciendo que era guerrillero’’, dijo Monroy.

"El salió de aquí a las 7 de la noche'', dijo, "y al día siguiente estaban recogiendo su cuerpecito’’.

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