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Denuncian mayor alcance de ejecuciones sumarias en Colombia

Las ejecuciones de ciudadanos inocentes que son reportados por el ejército como guerrilleros abatidos en combate no son responsabilidad de un puñado de "manzanas podridas'' de las Fuerzas Militares, como sostiene el gobierno de Colombia, sino una práctica relativamente sistemática que implica a un número significativo de miembros de esa institución, advirtió ayer Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas.

Alston, relator para ejecuciones extrajudiciales, agradeció al gobierno colombiano la invitación al país y su cooperación "plena y sostenida'' con la misión, pero le pidió reconocer y detener los fusilamientos, conocidos como "falsos positivos''. En el argot militar la palabra positivo se usa para referirse a un éxito operativo.

En su informe preliminar, al cabo de una visita de 10 días, Alston citó como ejemplo de las ejecuciones extrajudiciales el caso de un joven soldado ejecutado cuando estaba en licencia médica y cuyo drama fue publicado la semana pasada como parte de una serie de El Nuevo Herald y The Miami Herald.

Alston dijo que no ha encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como una política oficial del gobierno o con el conocimiento del presidente Alvaro Uribe o los ministros de defensa de los últimos años.

Sin embargo, anotó que la explicación que prefieren muchos en el gobierno --que las matanzas fueron llevadas a cabo por unas pocas "manzanas podridas''-- "es igualmente insostenible''.

Según Alston, la cantidad de casos, su ocurrencia en diferentes zonas geográficas y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que las ejecuciones "fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del ejército''.

La fiscalía de Colombia investiga la muerte de más de 1,800 personas que fueron ejecutadas y presentadas como guerrilleros muertos en combate. Más de un millar de militares han sido implicados en las investigaciones.

Alston explicó que no descarta que algunas de las víctimas fueran realmente guerrilleros, pero que el gobierno no le ha dado prueba alguna en ese sentido "aparte de afirmaciones contundentes''.

"Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada o calzando botas de campo cuatro tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha (...) menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate'', señaló Alston.

Indicó irónicamente que "entre los peligrosos guerrilleros'' dados de baja por el Ejército, hay "adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con edad mental de nueve años'', así como "un padre de familia abnegado cuyos dos cuñados están en el servicio militar activo''.

Alston expresó su preocupación por lo que llamó "hostigamiento sistemático'' de los militares hacia las familias de las víctimas, y citó el caso de la muerte de un joven en Soacha, una ciudad al sur de Bogotá, que realizaba gestiones para esclarecer y denunciar la ejecución de un hermano a quien el ejército reportó como guerrillero dado de baja en combate.

El pasado noviembre, las ejecuciones de una docena de habitantes de Soacha --que aparecieron a 600 kilómetros de la ciudad enterrados como guerrilleros anónimos abatidos-- desató el escándalo de los falsos positivos.

Algunas de las víctimas fueron vestidas con uniformes militares de la guerrilla o se les plantaron armas, municiones y granadas.

Estas ejecuciones fomentaron la percepción de que se trataba de un fenómeno que se limitaba a a Soacha, explicó Alston.

"Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg'', advirtió.

Alston reconoció que el gobierno ha tomado "medidas importantes'' para detener los asesinatos, entre ellas sanciones disciplinarias, una mayor cooperación con Naciones Unidas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial que se modifiquen los criterios para premios.

Aun así, agregó el relator "la cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja'' y continúa existiendo "una brecha muy preocupante'' entre "la práctica y las políticas'' oficiales que condenan esta clase de crímenes.

Adicionalmente, "los jueces militares hacen caso omiso'' de órdenes de la Corte Constitucional que los obliga a entregar los casos de falsos positivos a la Fiscalía General "y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencias de casos claros de [violaciones de] derechos humanos al sistema de justicia ordinaria''.

En la justicia militar "las tácticas de dilación son de uso común'' y las demoras de ‘‘meses o años'' terminan por poner "en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas''.

También denunció que los defensores de derechos humanos en Colombia "suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados''.

Fue informado, agregó, sobre "funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de estar cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces''.

La serie de El Nuevo Herald reveló indicios de que algunos de los militares involucrados en los falsos positivos recibieron recompensas en dinero, vacaciones o ascensos. Uno de los artículos dio a conocer por primera vez el contenido de una directiva secreta del Ministerio de Defensa en la que se fijan pagos de recompensa por información que conduzca al arresto o muerte de miembros de grupos armados irregulares.

Algunos activistas de derechos humanos señalaron que esta directiva podría haberse convertido en un siniestro aliciente para casos de falsos positivos.

Alston, quien se reunió con el presidente Uribe y el vicepresidente Francisco Santos, reconoció que la directiva es una política de Estado.

El relator consideró que el término falsos positivo, "brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de beneficio''.

Alston anunció que los resultados finales de su investigación se publicarán dentro de cuatro a cinco meses.

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