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Casos de paramilitares empantanan el sistema judicial colombiano

ABOGADOS DE la Defensoría del Pueblo de Colombia asisten en Miami a un seminario de capacitación.
ABOGADOS DE la Defensoría del Pueblo de Colombia asisten en Miami a un seminario de capacitación. CORTESIA/ Colegio Nacional de Defensores Públicos

Colombia se embarcó en un proceso de justicia y paz que se ha desbordado y que no podrá resolverse en menos de 25 años si continúa avanzando al mismo ritmo lerdo y caótico, coincidieron el lunes varios defensores públicos colombianos reunidos en Miami.

La cifra con la que algunos de los abogados resumieron su frustración indica que desde que la Ley de Justicia y Paz entró en vigor hace cuatro años, de los 200,000 casos de víctimas del paramilitarismo sólo uno se ha resuelto y la sentencia fue anulada por la corte en agosto.

Esa estadística, señalaron, no incluye el alto índice de estancamiento en los expedientes de los ex militantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desmovilizaron a fin de cooperar con la justicia en el esclarecimiento de masacres, desapariciones y secuestros.

"El gobierno colombiano quiso hacer un proceso trascendental pero no midió las consecuencias'', dijo a El Nuevo Herald el abogado José Abad Zuleta Cano, defensor del pueblo de Medellín quien tiene a su cargo la representación de ex miembros de las AUC.

"Cuando se dio cuenta del problema en el que se estaba metiendo, extraditó a los principales responsables y lo que antes funcionaba como un relojito, empezó a fallar'', agregó.

Zuleta se refería a 14 ex cabecillas de las AUC que fueron extraditados a Estados Unidos en mayo del año pasado. Según él, no hay suficientes magistrados ni jueces para estudiar los casos, mientras los problemas de logística para tomar declaraciones en vivo a los desmovilizados vía internet en Colombia son cada vez mayores.

También se ha convertido en un dolor de cabeza, señalaron los abogados, lograr que las autoridades reúnan a los desmovilizados en un solo centro carcelario a fin de reconstruir colectivamente los hechos que están dispuestos a confesar.

Alfredo Córdoba, presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia, explicó a El Nuevo Herald que el proceso se ha desbordado a un nivel tal que se debe empezar a discutir la posibilidad de que se "entregue la llave del perdón y el olvido'' como se hizo en El Salvador.

"Esto no lo arregla [el presidente Alvaro] Uribe, ni el que siga, esto no se soluciona en 25 años... la justicia además se ha politizado y eso hace que las cosas se compliquen más'', agregó Córdoba.

Señaló que la Defensoría del Pueblo tiene destinados a 150 de sus abogados para atender exclusivamente casos de víctimas de Justicia y Paz, pero se requieren 1,750 defensores adicionales.

Los abogados hablaron con El Nuevo Herald en un receso de un seminario de capacitación en el Hotel Hilton del centro de la ciudad en el que 65 de ellos compartieron experiencias con defensores públicos del estado de la Florida.

Desde el 2005 Colombia implantó un sistema penal acusatorio similar al de Estados Unidos, modelo en el cual la Defensoría del Pueblo es responsable de la representación legal de personas sin recursos así como como del cumplimiento de los derechos humanos.

Un alto porcentaje de los clientes de los defensores del pueblo son tanto víctimas como victimarios del paramilitarismo en Colombia en procedimientos legales que se iniciaron a raíz de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz. La ley preveé la incorporación de grupos armados a la vida civil y la reparación de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo goza de reconocimiento en Colombia por sus altos niveles de profesionalismo, según lo explicaron los abogados al citar encuestas que sitúan su nivel de credibilidad por encima de la Iglesia, la fiscalía y la policía.

"Cuando uno llega con un chaleco de la Defensoría del Pueblo, la gente lo respeta a uno'', dijo Clara Imara García, defensora pública de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela al nororiente del país. "En muchas ciudades los defensores públicos son tan buenos que la gente pudiente quiere contratarlos''.

Los defensores del pueblo se han convertido en testigos privilegiados de los diversos conflictos regionales que vive Colombia.

En el Chocó, uno de los departamentos más pobres, el defensor del pueblo Cesar Valencia Mosquera ha visto el surgimiento de nuevas organizaciones paramiliares como Los Rastrojos y Las Aguilas.

Valencia sostuvo que en las últimas semanas han explotado petardos de guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a locales de comerciantes que se niegan a pagar extorsiones conocidas allí como "vacunas''.

"Las FARC utilizan a muchachos sin empleo ni experiencia en lanzar estos artefactos para cobrar la vacuna'', explicó Valencia.

Pedro Pablo Olózaga, de San José del Guaviare, capital de un departamento semiselvático considerado como uno de los grandes productores de pasta de coca, expresó su frustración por el virtual fracaso en esta región de los programas de suplantación de cultivos. "Los campesinos siguen sembrando coca porque saben que se las pagan mejor y no tienen que esperar tres años para la cosecha del cacao o la palma africana, sino cuatro meses'', explicó.

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