Bernadette Pardo

BERNADETTE PARDO: Exámenes a prueba

Decenas de miles de estudiantes en la Florida llegaron el lunes nerviosos a sus aulas para tomar el primer examen estatal de la temporada y tuvieron la oportunidad de aprender una valiosa lección sobre política estatal. Tanto la compañía que diseñó y administró los exámenes como el Departamento de Educación estatal que la contrato merecen una “F” y una suspensión de al menos un año. Pero según la versión oficial de Tallahassee, aquí no ha pasado nada.

Cuando los estudiantes se sentaron frente a las computadoras no podían acceder al sistema y mucho menos al examen. Las demoras y el caos fueron tales que el superintendente escolar de Miami Dade, Alberto Carvalho, suspendió la sesión de exámenes “por respeto a nuestros maestros y a nuestros estudiantes”. El superintendente nos dijo que no quiere que nuestros estudiantes se conviertan en conejillos de indias o probetas para un experimento mal pensado y mal ejecutado.

Pero el respeto a los estudiantes y los maestros no es lo que prima en Tallahassee. Allá las que mandan son las compañías o corporaciones. Siguiendo esa pauta, la comisionada de Educación de la Florida, Pam Stewart, determinó que las fallas técnicas habían sido resueltas y ordenó que prosiguieran las pruebas. Los superintendentes que, como Carvalho, las habían suspendido no tuvieron más remedio que reanudarlas. Pero según nos dijo Marie Izquierdo, de la administración de escuelas de Miami Dade, los problemas persistieron.

Este es el primer año que la Florida administra un nuevo examen llamado Florida Standards Assesment (FSA) en sustitución del FCAT, de no tan grata recordación. El FSA es un derivado del “Common Core” basado en estándares escolares más estrictos y ambiciosos y que fue propuesto inicialmente por el ex gobernador Jeb Bush como parte de su gran revolución educacional. Los estándares de “Common Core” han sido adoptados por 44 estados para mejorar sus sistemas de educación pero algunos, como la Florida, han querido dar marcha atrás temerosos de la consabida “conspiración federal”. Pero eso es un tema paralelo.

Lo cierto es que hace un año, el Departamento de Educación de la Florida sorprendió a muchos cuando seleccionó a la compañía American Institutes for Research (AIR) para diseñar y administrar los nuevos exámenes. El contrato por seis años otorgado a AIR es de $220 millones, cortesía de nosotros los contribuyentes.

AIR realizó muy pocas pruebas de su proyecto para poner a prueba a nuestros estudiantes. Las pruebas de campo se llevaron a cabo en el estado de Utah, cuya población escolar es bien diferente a la de la Florida. En Utah hay menos de un 15 por ciento de hispanos y de un 5 por ciento de afroamericanos. En la Florida los hispanos y afroamericanos representan más del 50 por ciento de la población escolar.

En enero, un funcionario del Departamento de Educación estatal anunció en Tallahassee que todo marchaba viento en popa con el proyecto de los nuevos exámenes. Cuando le preguntaron si había un plan B en caso de fallas técnicas no supo responder.

Esta semana tuvimos la respuesta. Es obvio que no existe un plan B y el único plan que existe es un desastre. Aún así la comisionada de Educación insiste en que con esos bueyes hay que arar.

Esos exámenes que aparecen y desaparecen alegremente de nuestras computadoras escolares tienen consecuencias serias. Los estudiantes que no los aprueban no podrán pasar de grado o graduarse. El 50 por ciento de las evaluaciones de los maestros depende de los resultados que obtengan sus estudiantes. Lo más preocupante es que la compañía que diseña los exámenes básicamente controla lo que se enseña en nuestras escuelas.

Por respeto a estudiantes, padres, maestros y a los contribuyentes que lo sufragan, es hora de suspender y reevaluar este experimento. Y que conste que no quiero eliminar las pruebas de rendimiento escolar, solo exigirles los mismos estrictos estándares que aplicamos a nuestros estudiantes.

  Comentarios