Bernadette Pardo

La nueva política de inmigración... la cuenta, por favor

Manifestantes protestan contra los comentarios del entonces candidato Donald Trump contra los inmigrantes en el exterior del Trump International Hotel en Washington en julio del 2015.
Manifestantes protestan contra los comentarios del entonces candidato Donald Trump contra los inmigrantes en el exterior del Trump International Hotel en Washington en julio del 2015. The Washington Post

Si quedaba alguna duda, luego de que firmara sus primeras órdenes ejecutivas, de que el presidente Donald Trump iba a cumplir cabalmente sus promesas de deportaciones masivas, muros y la persecución de millones de indocumentados, esta semana John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional (DHS) la disipó. Los únicos que se salvan por el momento son los 750,000 jóvenes que siguen protegidos temporalmente por la orden ejecutiva del presidente Obama conocida como DACA. El resto de los 11 millones de indocumentados en la nación acaba de caer de la sartén al fuego.

No voy a hablar de la tragedia humanitaria que esto representa, de la desesperación que embarga a millones de familias que han vivido aquí tantos años, porque eso no le interesa a los que quieren deportarlos. Vamos a hablar de números, específicamente lo que costaría implementar las recién anunciadas directivas de la administración Trump. El mismo secretario Kelly admitió ante el Congreso que por el momento no tiene los recursos para llevar adelante lo que acaba de promulgar, y que de tenerlos, la implementación demoraría un par de años.

Hasta ahora, un indocumentado que lleva dos semanas o menos aquí podía ser deportado de inmediato. Bajo la nueva directiva la deportación inmediata también se extendería a todo el que lleve dos años o menos aquí.

Según el American Action Forum, un instituto de investigación de corte conservador, deportar a 11 millones de personas requeriría aumentar el número de agentes de ICE de 4,844 a 90,582; el número de funcionarios carcelarios de inmigración de 5,203 a 53,381; el número de abogados de inmigración de 1,430 a 32,445; y el número de centros de detención de 58 a 1,316. Todo esto según el AAF costaría entre $100,000 millones y $300,000 millones. El AAF estima que el impacto en la economía por estos gastos y por la pérdida de ingresos e impuestos de indocumentados podría llegar a un trillón de dólares.

Eso no incluye el costo de construir el muro kilométrico en la frontera entre México y Estados Unidos, que se estima entre $10,000 y $20,000 millones y que México insiste que no pagara. Si el dinero para construir el muro sale de una tarifa fronteriza, el llamado “border tax”, a productos fabricados fuera, entonces el muro lo pagaríamos nosotros los consumidores.

Hablando de consumo, la Asociación Nacional de Agricultores Americanos calcula que las deportaciones masivas aumentarán el precio de los productos agrícolas entre un 5 y un 6 por ciento y que la industria de la agricultura perdería entre $30,000 y $60,000 millones al año. El cálculo es factible porque, de los 8 millones de personas que trabajan en la agricultura, el 70 por ciento son indocumentados.

El costo más inmediato de las nuevas directivas sería el de eliminar la práctica de catch and release o “agarrar y soltar” a los deportables mientras se resuelven sus casos. Sencillamente no hay cama para tanta gente. El año pasado DHS detuvo más de 400,000 deportables y retuvo a 80,000. El costo de retenerlos es alto. Por ejemplo, en las cárceles de Miami-Dade el costo por recluso oscila entre $150 y $200 al día y los federales no tienen ni remotamente suficientes centros de detención donde albergarlos.

El periodista de McClatchy Franco Ordoñez, en un reportaje investigativo publicado por este diario, detalla los costos billonarios de construir nuevos centros de detención para indocumentados y concluye que estos serían pagados por los contribuyentes.

La única industria que se beneficiaría de esta nueva política de inmigración sería la de las cárceles privadas. Como nos dijo Ordoñez, las acciones de una de estas compañías con sede en la Florida, GEO, han subido en un 21 por ciento.

Nuestros puentes se están cayendo, nuestras represas se desmoronan y, según el mismo Trump, nuestros aeropuertos son tercermundistas. Según el propio presidente, el costo de cumplir su promesa de reconstruir la infraestructura sería de un trillón de dólares. La nueva política de inmigración podría costar lo mismo en momentos en que el número de entradas ilegales al país por la frontera se ha reducido dramáticamente. No hay dos trillones de dólares disponibles. Saquemos las cuentas claras para determinar lo que sería mejor para el país.

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