Bernadette Pardo

La inacción ante la grave situación de Puerto Rico sería costosa para la Florida

La región montañosa central de Puerto Rico sufrió muy fuerte el impacto del huracán María, y el tendido electrico está prácticamente destruido.
La región montañosa central de Puerto Rico sufrió muy fuerte el impacto del huracán María, y el tendido electrico está prácticamente destruido. TNS

Hace unos días, en California, hablando de la tragedia de Puerto Rico con un chofer de Uber, este me preguntó que si los miles de puertorriqueños que huyen de la isla después del paso del huracán María tenían problema para obtener una visa. No me sorprendió su pregunta porque según las ultimas encuestas un 54 por ciento de los norteamericanos no sabe que los nacidos en Puerto Rico son ciudadanos norteamericanos.

Parece que entre estos desinformados se encuentra el propio presidente Trump, que no ha tenido reparo en llamar “malagradecidos con agendas políticas” a todo el que ha osado criticar la respuesta federal al desastre. Trump también ha insistido en que los militares y funcionarios de FEMA no podrán permanecer en la isla indefinidamente.

Ese es el gran problema que enfrentan en la isla porque si no entendemos, como norteamericanos, que la crisis humanitaria que afecta a millones está ocurriendo en nuestro propio país, Puerto Rico estará condenado a décadas de miseria. El futuro de la isla está en manos de la Casa Blanca y del Congreso y si nadie los presiona a actuar, la única alternativa para los puertorriqueños será la de “apaga y vámonos”

El apagón masivo ya ocurrió y un mes después del paso del huracán el 80 por ciento de la población sigue sin electricidad. El 40 por ciento sigue sin acceso a agua potable y muchos se han visto forzados a tomar agua contaminada. La mayoría de las escuelas siguen cerradas, incluyendo todas las escuelas públicas. Muchos municipios siguen incomunicados y la basura sigue en las calles creando las condiciones perfectas para la propagación de enfermedades como el cólera y la leptospirosis. Las imágenes que nos llegan de la isla son posapocalípticas.

Un mes después del paso del huracán por Puerto Rico el 80 por ciento de la población sigue sin electricidad. El 40 por ciento sigue sin acceso a agua potable y muchos se han visto forzados a tomar agua contaminada

Mas allá de las plegarias que les ofrecemos lo que verdaderamente necesitan nuestros hermanos puertorriqueños es una especie de plan Marshall como el que rescató a Europa después de la II Guerra Mundial.

Ni el presidente ni la mayoría del Congreso parecen estar dispuestos a emprender este esfuerzo masivo, pero no cabe duda que esa responsabilidad es del gobierno federal. La alternativa, un éxodo masivo de puertorriqueños a estados como la Florida y Nueva York sería mucho más costosa para los contribuyentes y mucho más traumática para los damnificados.

Hasta ahora, los congresistas más conscientes de la urgente necesidad de actuar han sido los senadores de la Florida Marco Rubio y Bill Nelson. Esta semana ambos le escribieron a Eric Hayer, secretario interino del Departamento federal de Salud y Servicios Humanos (HHS). Rubio le dijo que “es crítico que la isla reciba los recursos necesarios para atender urgentes necesidades médicas” como servicios de diálisis y oxígeno e insulina. Según el senador Rubio, “no ha habido suficiente progreso en un plan para proveer una solución a largo plazo para estos pacientes.” Nelson, por su parte, insistió en que ya hay “una crisis humanitaria en Puerto Rico”.

El problema de la salud requiere soluciones administrativas y legislativas. Más de la mitad de los puertorriqueños depende del programa de Medicaid. Pero los fondos federales para subsidiar Medicaid son infinitamente menores que los que aplican los estados. Por ejemplo, Puerto Rico tiene que pagar 80 por ciento de los costos con fondos locales que ya no existen, mientras que estados como Mississippi solo pagan el 25 por ciento de esos costos.

Como aprendimos en la Florida después del paso del huracán Andrew, los desastres naturales ponen de manifiesto problemas preexistentes. La economía de Puerto Rico y por ende su infraestructura viene cojeando desde hace décadas.

La deuda de la isla es de $70,000 millones. El desempleo es del 14 por ciento y el 30 por ciento de los que trabajan lo hacen para el sector público, lo que contribuye a una burocracia inflada e ineficiente.

La economía está en picada desde hace más de 10 años y más del 5 por ciento de la población se ha ido de la isla desde el 2014. Para lidiar con la creciente crisis, en el 2016 el Congreso aprobó la ley PROMESA, que en efecto convirtió a Puerto Rico en la Grecia de América, quitándole la rienda de las finanzas a los políticos locales y estableciendo medidas de autoridad. Este plan tiene que ser revisado para acomodar las circunstancias actuales, que según el Instituto Brookings, reflejan una caída drástica del 21 por ciento en el Producto Interno Bruto (PDI) per cápita.

Obviamente, en estos momentos la deuda es impagable. Algo hay que hacer para perdonarla o postergar los pagos a cambio de reformas sensatas que incentiven la privatización y la producción y que reduzcan el número de personas que dependen del gobierno.

Políticos como Rubio y Nelson están conscientes de que no actuar pronto y a fondo no solo contribuirá a agravar y prolongar la agonía en la isla sino que también cambiará dramáticamente la geografía política de nuestro estado con un éxodo masivo de puertorriqueños.

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