Bernadette Pardo

BERNADETTE PARDO: ¿Quién paga por el cuidado de emergencia a indocumentados?

En estos tiempos del ébola imagínense el siguiente escenario patético e hipotético: Juan Pérez, un inmigrante indocumentado, llega al salón de emergencia del Hospital Jackson con fuertes vómitos y una fiebre altísima. Bajo las normas estatales y federales el hospital tiene la obligación de atenderlo pero solo para estabilizarlo. Luego técnicamente le puede dar de alta dejándolo suelto en nuestra comunidad.

Obviamente los nuevos protocolos para combatir la propagación del ébola entrarían en efecto si Juan es diagnosticado con el terrible virus. Pero si Juan sufre de dengue o chikungunya o tiene una enfermedad terminal, el hospital solo está en la obligación de darle algo para bajar la fiebre y cortarle el vómito. Ni el gobierno federal ni el estatal reembolsarían al hospital por tratamiento adicional. Si Juan presenta síntomas de una enfermedad renal aguda no recibiría diálisis. Sin tratamiento de diálisis, que es costoso, un paciente con fallo renal podría morir en menos de dos semanas.

Más allá de una posible sentencia de muerte para miles de pacientes como Juan, las nuevas reglas sobre el tratamiento médico de emergencia a indocumentados también amenazan la precaria salud fiscal de hospitales como el Jackson.

Carlos Migoya, el CEO del sistema de salud del Jackson, se lamenta de que a los hospitales como el que administra desde hace rato “les están cortando por todas partes y sin piedad”.

Se estima que una tercera parte de los pacientes del Jackson no tienen seguro médico y de estos uno de cada tres es un indocumentado. El número es aún mayor en urgencias. Según Migoya, el año pasado el Jackson incurrió en gastos de $48 millones en atención médica a indocumentados sin seguro.

Desde 1986, bajo una ley federal conocida como EMTALA, los hospitales que participan el programa de Medicaid están en la obligación de tratar a todos los pacientes indocumentados que lleguen a sus salas de emergencia. La ley reembolsa a los hospitales por este costo a través del programa de Medicaid de Emergencia.

En la Florida esos pagos se hacen a través de la agencia estatal conocida por sus siglas AHCA. Hasta hace poco la AHCA reembolsaba a los hospitales por servicios de emergencia a indocumentados considerados “médicamente necesarios”. Pero en el 2011 cambiaron las reglas y ahora solo cubre tratamientos para “aliviar” o “estabilizar”.

Una coalición de hospitales de la Florida afectados por estos cambios está retando esa nueva política de reembolso en Tallahassee. Segun Joanne Erde, la abogada de Miami que los representa, la agencia estatal no siguió el proceso debido para cambiar las reglas y está en violación de la ley federal. Pese a que hace dos años un juez les dio la razón a los hospitales, el tema volverá ante un juez administrativo a fines de noviembre.

Pero luchar ante este cambio de reglas a nivel estatal no hace más que postergar lo inevitable. Bajo presión de los republicanos, el plan de seguro de salud subsidiado conocido como Obamacare no cubre a los indocumentados y ahora el único programa federal de salud que los tiene en cuenta, el Medicaid de Emergencia, está limitando severamente su cobertura.

El resultado es que los que terminamos pagando somos los contribuyentes locales, cuyos impuestos sostienen al Jackson, a sus salas de emergencia y a sus clínicas comunitarias; a donde van a parar la mayoría de los enfermos indocumentados sin seguro.

Que quede claro que los indocumentados también pagan impuestos, miles de millones al Tío Sam. Según un estudio reciente un indocumentado promedio termina pagando $80,000 más en impuestos de lo que recibe en servicios durante su vida laboral.

Según Washington, esa población de 12 millones de personas no existe, no se enferma y no sufre accidentes a un costo cada vez más alto para nuestras comunidades.

El mes pasado una congresista republicana de Carolina del Norte presentó un proyecto de ley obligando al gobierno a usar un 15 por ciento del presupuesto destinado a ayuda a otros países a reembolsar a comunidades estadounidenses por el costo de proveer servicios médicos a indocumentados. No sé de dónde debe salir el dinero pero está claro que ésta debe ser una responsabilidad federal, sobre todo en los tiempos del ébola.

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